• Impulsar políticas de Estado para el sector rural, uno de sus propósitos

En un intento por construir consensos nacionales y hacer un frente único, plural e incluyente de todos los legisladores del sector rural del país y arribar a una agenda nacional en defensa del campo, la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados planteará en los próximos días ante el Pleno, la creación de una Conferencia Parlamentaria Nacional.

El presidente de este órgano legislativo, Miguel Luna Hernández, dijo que entre los objetivos de la Conferencia Parlamentaria Nacional están la defensa y seguimiento del ejercicio presupuestario del Programa Especial Concurrente (PEC) que contiene el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, además de participar con propuestas estatales o regionales en la integración de dicho programa.

De igual forma, agregó, la Conferencia tendría la tarea de impulsar una agenda legislativa nacional en materia de desarrollo rural sustentable, y abordar otras problemáticas como el agua y medio ambiente, ubicándolos como asuntos de seguridad nacional.

Otro de los fines sería impulsar políticas de Estado para el sector rural a fin de alcanzar un crecimiento económico sostenido y favorecer el desarrollo social, así como evaluar de manera permanente el impacto que el capítulo agropecuario del TLCAN produce en las condiciones de vida del sector rural, esto, con el objeto de pugnar por su revisión y readecuación, especialmente cuando está en puerta la apertura total de la frontera a partir del 2008.

Luna Hernández indicó que el sector rural constituye el eslabón más débil de la economía nacional, el cual, a pesar de encontrarse en crisis recurrente desde los años setenta, ha sido abandonado a las libres fuerzas del mercado desde el sexenio de Miguel de la Madrid.

Agregó que con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, el campo mexicano entró en una situación de desastre nacional, con algunas excepciones de grupos empresariales o empresas transnacionales que exportan de manera exitosa frutas, verduras, aceites y otros productos.

El legislador perredista señaló que ante esta situación y la desgravación arancelaria registrada en el 2003 y la próxima a realizarse en el 2008, el campo parece condenado a su devastación y a pesar de ello el Gobierno Federal no muestra voluntad política ni interés alguno por solucionar el problema.

“Por el contrario, año con año, el Ejecutivo asigna menores recursos presupuestales a ese sector e incluso ha incumplido el Acuerdo Nacional para el Campo (ANC) y de manera anual se registran importantes subejercicios en el gasto aprobado”, dijo.

Subrayó que el agua y los precios y tarifas de los energéticos agropecuarios siguen representando serios problemas, “se menosprecia al sector pesquero, se registra enorme y creciente deforestación y se incumplen las disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable”.

Concluyó que a casi tres años de haberse suscrito el ANC, y a poco más de un año de que concluya la presente administración federal, no se ha obtenido ningún resultado pese a que la soberanía y la suficiencia alimentarias de nuestro país se encuentran seriamente amenazadas y en peligro de extinción las miles de unidades productivas de maíz blanco, frijol, particularmente de ejidatarios, comuneros y pequeños y medianos productores.