En reunión de la Comisión de Seguridad Social se aprobó la iniciativa que reforma el artículo 174 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), para atender a 61 mil derechohabientes que están con créditos cofinanciados y que implica tomar del fondo de vivienda cuatro mil 300 millones de pesos a fin de comprar la cartera vencida con los bancos y liquidar el adeudo.

La reforma, presentada por los diputados Miguel alonso Raya (PRD), presidente de la comisión, Concepción Castañeda Ortiz (PRI), Manuel Pérez Cárdenas y Lucio Galileo Lastra Marín (PAN), propone separar los bienes del ISSSTE y otorgar los recursos del fondo de vivienda a los trabajadores, debido a que el artículo 174 vigente de dicha ley lo considera parte del patrimonio del instituto.

La iniciativa revisa los antecedentes del derecho de los trabajadores al servicio del Estado en la obtención de créditos para la adquisición de vivienda, como una de las prestaciones de seguridad social fundamental.

A pesar de la claridad en la determinación del destinatario de las contribuciones hechas al fondo de vivienda y el papel que el ISSSTE desempeña como administrador, la ley ha mantenido en el artículo 174 una disposición que convierte las aportaciones a favor de los trabajadores en parte del patrimonio del organismo.

Por tal razón, la reforma separa del patrimonio de este organismo los recursos de dicho fondo y precisa que son propiedad de los derechohabientes, con lo que se pretende resolver un problema que se generó hace varios años con los trabajadores que obtuvieron crédito cofinanciado y que en la actualidad es difícil cubrirlo porque el monto es inalcanzable para el nivel de los salarios.

En la misma reunión se aprobó la proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a revisar de manera estricta los mecanismos y estructuras autorizadas sobre comisiones que cobran las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE), en el Sistema de Ahorro para el Retiro.

Desde la creación del SAR, en 1992, se propuso operar con un nuevo sistema, mediante el cual trabajadores mexicanos tuvieran la seguridad de formar un fondo de retiro y pensiones; sin embargo, la percepción generalizada es de intranquilidad por las elevadas comisiones que se cobran por manejar sus ahorros.

No obstante que las comisiones se han reducido paulatinamente, ya que en el 2001 eran de 24.88 por ciento (significaba que por cada 100 pesos que la persona aportaba se le quitaban 24.88 pesos), en el 2002 bajó a 24.66 por ciento, un año después se redujo a 21.64; para el 2004 la tasa era de 21.25 y este año está en 20.55.

En función de ello, se busca transparentar el manejo de los recursos que los trabajadores afiliados, los patrones y el Estado aportan para constituir este fondo, en virtud de que actualmente las estructuras de comisiones cobradas al ahorro para el retiro de los trabajadores no constituyen el elemento diferenciador para distinguir entre las 12 empresas participantes en este mercado.