El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Constitución, a efecto de otorgar autonomía jurídica y de gestión financiera al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), con lo cual dejará de depender orgánicamente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Con 389 votos, los diputados aprobaron en la sesión de hoy modificaciones a los artículos 26 y 73 constitucionales, con el propósito de que el instituto sea un organismo con independencia política y especialización técnica para que la información estadística y geográfica que genere sea imparcial y objetiva. Además se asegura la libre administración del presupuesto de la institución y la no transferencia y suficiencia de recursos públicos.

Respecto de los derechos de los trabajadores del INEGI, el dictamen de las Comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Hacienda y Crédito Público precisa que éstos se deben respetar y el régimen laboral seguirá siendo el previsto en el apartado B del artículo 123 constitucional.

Se reconoce la existencia del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica para que a través de este medio se coordinen las competencias para la captación, procesamiento y publicación de la información estadística y geográfica de interés nacional generada por las unidades productoras de información de los tres ámbitos de gobierno, cuyos datos serán considerados oficiales.

La responsabilidad de normar y coordinar dicho sistema estará a cargo de un organismo con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, así como facultades para regular la captación, procesamiento y publicación de la información que se genere.

El documento prevé que al frente del Instituto estará una Junta de Gobierno integrada por cinco miembros, cuya designación será a cargo del Presidente de la República, y sujeta a la aprobación del Senado. Asimismo, el INEGI deberá contar con personal técnico y profesional adecuado para el ejercicio de sus funciones.

La reforma a la fracción XXIX-D del artículo 73 constitucional, otorga facultad al Congreso de la Unión para legislar no sólo en materia de planeación nacional del desarrollo económico y social, sino también en información, estadística y geográfica de interés nacional.

En los artículos transitorios se precisa que, en tanto se expide la Ley general prevista en el artículo 26 constitucional, continuará en vigor la Ley de Información Estadística y Geográfíca, y subsistirán los nombramientos poderes, mandatos, comisiones y facultades concedida a los servidores públicos del INEGI.

De la misma manera, se contempla que los recursos financieros y materiales se transferirán al nuevo organismo, al igual que los trabajadores adscritos, quienes conservarán sus derechos laborales y de seguridad social.

Posicionamientos

Desde tribuna, el diputado Francisco Díaz Castro (PRI) aseguró que la modificación es de trascendencia nacional porque prevé elevar a rango constitucional el hecho de que la información que se registre y se procese esté sistematizada y agrupada en un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

Precisó que en la reforma se dejan a salvo los derechos laborales de los trabajadores y se garantiza la suficiencia presupuestaria que no esté sujeta a los vaivenes discrecionales, además, agregó, se establece que, una vez aprobada la reforma por parte del Senado de la República y las legislaturas estatales, la Cámara de Diputados deberá expedir en un plazo de 180 días la Ley Reglamentaria.

Díaz Castro comentó que la operación y metodologías del instituto estarán sujetos a cuatro principios: acceso a la información, transparencia, objetividad e independencia.

En tanto, el diputado Arturo Nahle García (PRD) destacó la necesidad de contar con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, a cargo de un organismo con independencia política, administrativa y financiera, así como especialización técnica.

Aseguró que su partido votaría a favor de la propuesta de elevar a rango constitucional la obligatoriedad del Estado el contar no sólo con ese sistema, sino de un organismo público con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios.

Por último, la diputada Claudia Ruiz Massieu (PRI) coincidió en la necesidad de contar con un nuevo texto constitucional que dé mayor claridad y precisión a su contenido, a fin de garantizar la eficacia normativa del sistema propuesto para que a través de él se coordinen las competencias para la captación, procesamiento y publicación de la información estadística y geográfica de interés general.

Estimó pertinente la integración de la Junta de Gobierno para garantizar la autonomía de sus integrantes y que sólo puedan ser removidos de su cargo por causas graves.