• Convocan legisladores y PGR a unir esfuerzos para detener el avance del
crimen organizado
• Compareció ante diputados el Procurador General de la República

Tras solicitar al Procurador General de la República, Daniel Cabeza de Vaca, pasar de las deficiencias a la acción coordinada y eficaz en el combate a la delincuencia, el diputado Jorge Uscanga Escobar, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, urgió a poner un alto al crimen organizado, a la impunidad y a la corrupción, además de garantizar el imperio de la ley para que la seguridad jurídica y la paz social aseguren mejores condiciones de desarrollo.

Durante la comparecencia del funcionario ante las comisiones unidas en materia de justicia y seguridad pública, legisladores y PGR convocaron a unir esfuerzos para detener el avance de la delincuencia organizada mediante una labor conjunta que privilegie el diálogo, la suma de responsabilidades y la cooperación interinstitucional, porque, dijo, “a nadie conviene un Estado rebasado”.

Uscanga Escobar acusó que la delincuencia organizada mantiene secuestrada a la sociedad mexicana ante la mirada impasible de la PGR. “No hay respuesta de una Procuraduría General de la República y la impunidad camina al lado de supuestos programas como el denominado México Seguro”, dijo.

Aseguró que la problemática nacional en muchos rubros es desafortunadamente inocultable. En este sentido, añadió, “resulta fácil trasladar responsabilidades, o peor aún, culpas o negligencias, lo que permite a este gobierno tratar de ocultar la evidente incongruencia con la que se conduce a diario”.

Lamentó que la crisis de inseguridad que se vive en el país haya rebasado las fronteras y en lugar de combatirse en “este tan esperado cambio”, se culpe al Congreso de la ausencia de acuerdos, la falta de reformas estructurales y hasta de “necedad legislativa”.

El diputado aclaró que el combate a la delincuencia es responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo y obligación constitucional de la PGR, por ello, dijo, “el reclamo de la sociedad es justo y claro”. Precisó que al Legislativo corresponde la instrumentación de normas y el perfeccionamiento del marco jurídico, para el bienestar de la población.

Explicó que según el informe que presentó ante esta soberanía, el Procurador General de la República reconoce que existe un 75 por ciento de ineficacia en las averiguaciones previas y que la dependencia sólo cuenta con 7 mil efectivos y 3 mil agentes del Ministerio Público, quienes no pueden custodiar a todo el país.

Además, aseguró, la PGR enfrenta la infiltración del narcotráfico por el exiguo salario de los agentes federales, respecto de la responsabilidad que desempeñan y el poder económico de la delincuencia organizada.

En su intervención, el Procurador reconoció que México no es ajeno al flagelo de las drogas, el secuestro y la corrupción, por ello, dijo, la lucha contra el crimen organizado es una tarea que involucra a gobierno y sociedad, y requiere de firmes lazos de cooperación institucional e internacional.

Llamó a trabajar de manera conjunta y fortalecer a las instituciones encargadas de perseguir y castigar el delito, así como establecer una mesa de trabajo en la que se identifiquen puntos de coincidencia en materia legislativa.

Cabeza De Vaca precisó que se puso en marcha una estrategia integral contra las grandes organizaciones criminales con el aseguramiento de droga y la detención de delincuentes, se han identificado e impedido operaciones financieras de estos grupos mediante un intercambio de información con otros países y se ha reforzado la capacidad de la Procuraduría.

Se erradicaron, dijo, 230 mil hectáreas de cultivo de marihuana y amapola, se aseguraron 9 mil toneladas de marihuana, más de 100 toneladas de cocaína, mil 800 kilogramos de goma de opio, mil 285 kilogramos de heroína y más de tres toneladas de metanfetaminas. Además, añadió, se logró la detención de más de 53 mil personas involucradas en la comisión de delitos contra la salud y la detención de 17 líderes de organizaciones delictivas.

Tan sólo, añadió, en los últimos cinco meses se aseguraron 13 toneladas de marihuana y 3 toneladas de cocaína, se detuvieron a 4 mil personas y se crearon 36 Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo con la participación de autoridades de los tres ámbitos de gobierno y la sociedad civil organizada en 18 entidades federativas, para la prevención y persecución del delito hasta la rehabilitación de personas con problemas de adicción.

Aseguró que durante el periodo de su gestión se atendieron 45 casos de secuestro, se liberaron 55 víctimas y se detuvieron a 59 delincuentes. Además, agregó, se puso en marcha el Programa de Rotación de delegados y sudelegados y jefes regionales de la Agencia Federal de Investigación, un programa complementario de fortalecimiento institucional para prevenir y combatir la corrupción e impunidad.

Por otra parte, el titular de la PGR aseguró que desde la institución se combatió con energía el lavado de dinero, el contrabando y la piratería, la trata de menores y el tráfico de armas. Entre mayo y agosto, precisó, se aseguraron más de 40 millones de artículos apócrifos y 560 toneladas de productos de contrabando.

PRI

En la ronda de cuestionamientos, la diputada priista, María de Jesús Aguirre Maldonado, lamentó el crecimiento de la delincuencia organizada donde las cifras son “escalofriantes”, pues tan sólo en los últimos cinco años las pugnas entre las principales bandas de narcotraficantes han causado más de cinco mil asesinatos. “En lo que va del presente año suman ya 822 ejecuciones, además de que México ocupa el décimo lugar a nivel mundial en la incidencia de feminicidios”.

Ante esto último, agregó, la Fiscalía Especial creada para dar seguimiento a este flagelo, va a cumplir la cifra récord de tres titulares en escasos 20 meses y cero resultados.

La legisladora del PRI señaló también que en los últimos meses, los errores de la PGR no se limitan a lo ya mencionado, sino que van desde graves casos de impunidad y corrupción hasta averiguaciones mal integradas, detenciones e indicios de procesos penales absurdos para integrar un catálogo de horrores y errores que hace pensar que el Estado mexicano está a punto de ser rebasado.

Cuestionó el hecho de que si existe el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual incluye a todos los estados y municipios ¿por qué la delincuencia no se ha reducido?

Por su parte, la diputada Sofía Castro Ríos criticó “la incongruencia entre lo que se señala en el Plan Nacional de Desarrollo en materia de procuración de justicia, pues de acuerdo con datos estadísticos, mientras en 1995 existían mil 724 agentes del Ministerio Público, para el 2000 el número se redujo a mil 620.

De igual forma, agregó, el número de agentes de la policía descendió en el mismo periodo de 4 mil 414 a 3 mil 180, es decir, hubo una reducción de 27.95 por ciento, en contraste, se dio un incremento en el área de Servicios Periciales.

PAN

Al hablar a nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional, el diputado José Sigona Torres reconoció los avances en materia de procuración de justicia, lo que demuestra la seriedad institucional de la instancia.

Indicó también que en materia de combate a la delincuencia organizada, la PGR ha logrado la desarticulación de importantes bandas delictivas y como nunca en este momento hay capos en las cárceles.

“No obstante, también sabemos de la capacidad de recomposición de las células del narcotráfico, por lo que quisiéramos saber qué acciones está realizando la corporación para evitarlo”.

El legislador cuestionó si la PGR cuenta con una nueva reconfiguración del mapa delictivo en el país, al tiempo que invitó al funcionario a una reunión posterior con la Comisión de Seguridad Pública para que informe sobre la situación actual de los cárteles del narcotráfico.

El diputado Sigona Torres abordó el tema de la autonomía de la PGR, la que dijo, han venido insistiendo diversos actores involucrados en el tema, incluido el Ejecutivo Federal, ello para eliminar toda perspicacia de que la institución ministerial responde a directrices o decisiones de carácter político.

En respuesta, el Procurador General de la República indicó que la autonomía del Ministerio Público Federal es una tendencia que se lleva a cabo en las nuevas democracias y por ende está más allá de los vaivenes políticos o de las situaciones coyunturales.

“Es un camino importante y es algo que vale la pena trabajar para lograrlo, porque le va a dar solidez a la institución y es una forma para comenzar a combatir la inseguridad con políticas más claras y definidas.

Por su parte, la diputada Blanca Amelia Gamez Gutiérrez abordó la renuncia de la fiscal especial para los delitos relacionados con los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, Mirelle Rocatti, quien al abandonar el cargo no entregó informe sobre el caso. “Ese fue un acto en el que le dio la espalda a las víctimas de Juárez”.
PRD

Por su pare, la legisladora Angélica de la Peña Gómez aseguró que hasta el momento no se ve un verdadero compromiso en la persecución de los delitos cometidos contra las mujeres; pareciera, dijo, que no es tema prioritario de la PGR y como consecuencia del Gobierno Federal.

Añadió que el hecho de que hasta el momento no se haya sustituido a Mirelle Rocatti en la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Relacionados con los Asesinatos de Mujeres plantea la urgencia de la creación de una fiscalía especial que esté bajo la jurisdicción directa de la PGR y no de una subprocuraduría.

A lo que Cabeza de Vaca anunció la creación de una Fiscalía Nacional de Atención a Delitos Violentos Cometidos contra Mujeres, misma que dependerá del Procurador, es por ello que se dio la instrucción para designar un sólo encargado de despacho de aquí hasta fin de año.

Lo anterior, dijo, para contar con el tiempo necesario de trabajo para su correcta constitución y delimitar su marco de competencia, de lo que se va a ocupar, porque la gran mayoría de los delitos, en todo caso, serían de competencia local. Así mismo anunció la creación de la Unidad Investigadora contra el lavado de dinero.

En su oportunidad de réplica, Angélica de la Peña insistió que los feminicidios no es tema prioritario para dicha institución, ya que desde el punto de vista de la PGR un par de meses no es nada, pero frente a la situación que se vive y a más de 10 años de impunidad significan mucho.

“Este tipo de asuntos no pueden esperar; la respuesta que usted nos da, nos preocupa; necesitamos respuestas más eficientes y afectivas a estos reclamos”, puntualizó la diputada.

PVEM

Al hacer uso de la palabra, el diputado Guillermo Velasco Rodríguez indicó que el problema de inseguridad que enfrentamos no se debe sólo a agrupaciones delictivas sólidas y con recursos, es también reflejo de la falta de preparación y voluntad por parte de las autoridades.

De igual forma, este problema es causado por la ausencia de un cuerpo policiaco y un Ministerio Público profesional comprometido y eficiente. “Estamos concientes de las limitaciones estructurales y financieras que enfrentan las instituciones públicas, pero ello no exenta a las autoridades de cumplir a cabalidad con su responsabilidad”, enfatizó el legislador.

En respuesta, el funcionario reconoció que lo que falta a la Procuraduría es dignificar al Ministerio Público ya que actualmente se cuenta con la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) que ha obtenido buenos resultados, pero este trabajo debe llegar a la columna vertebral de la PGR, que son los agentes del MP.

Lo que hace falta, dijo, para revertir la inseguridad tiene mucho que ver con esta soberanía ya que el presupuesto del 2001 al 2005 refleja un incremento del 49.4 por ciento, el cual no es significativo, no ha sido suficiente para abatir el rezago en los sueldos de los agentes del MP, de la AFI y, en general, de los peritos.

Explicó que un juez de distrito gana aproximadamente 120 mil pesos mensuales, mientras que un agente del MP gana entre 12 y 24 mil pesos, cuando hace 10 años las percepciones no representaban diferencia significativa.