• La Reforma Agraria no puede cancelarse hoy ni nunca

Urge una política de Estado para el campo mexicano que señale la directriz de lo que significan los campesinos, por lo que el Poder Legislativo tiene voluntad inquebrantable para generar las bases hacia una profunda transformación del agro, que le dé certidumbre, justicia, pero todo la posibilidad real a los trabajadores del agro a una vida digna.

Ante el secretario del ramo, Florencio Salazar Adame, aseguró lo anterior, el presidente de la Comisión de la Reforma Agraria, Manuel García Corpus (PRI), quien manifestó el compromiso de luchar por un presupuesto acorde a las necesidades del sector, porque dijo, “estamos convencidos que la reforma agraria no puede cancelarse hoy, ni nunca”.

El legislador subrayó que los conflictos en el campo que hoy se creían superados siguen latentes. Agregó que las comunidades reclaman una verdadera justicia agraria y anhelan la paz social, ante estos problemas que deben solucionarse a través de convenios, donde se plasme la voluntad de las partes para una verdadera conciliación.

Se refirió a las denuncias de diputados con relación a la aplicación de los recursos del campo y sobre a los subejercicios que existen en la Secretaría de la Reforma Agraria.

Asimismo, resaltó: “no nos hemos cruzado de brazos ante la insistencia de las organizaciones, ante el Acuerdo Nacional para el Campo de revisar el marco jurídico agrario”.

Señaló que el Consejo Consultivo Agrario ha hecho un esfuerzo sustancial para elaborar un predictamen de nueva Ley Federal Agraria que será de utilidad para los campesinos.

PRI

Al hacer uso de la palabra, el diputado José Lamberto Díaz Nieblas dijo que hay un gran rezago en las políticas de impulso al desarrollo rural y que los esfuerzos del gobierno federal en cuanto al ordenamiento de la propiedad rural son muy tenues.

Agregó que a pesar de que los diputados buscan incrementar el presupuesto, el Ejecutivo envía programas como FAPA, Promusac y Joven Emprendedor sin recursos, por lo que preguntó cuál es la posición de la dependencia en torno a esta situación y cuál será la estrategia para estos programas.

También preguntó sobre el conflicto de la comunidad yaqui, el cual tiene 62 años y, aunque los diputados y el gobierno estatal han mostrado voluntad para resolverlo, hay incumplimiento de la Reforma Agraria en cuanto a 79 acciones que ofrecieron llevar a cabo y pidió un informe del grupo operativo encargado de este asunto.

Al dar respuesta, Florencio Salazar Adame se refirió al programa Joven Emprendedor y dijo que existe la propuesta de disminuir el ejercicio para 2006, lo cual se debe a que se suscribió un financiamiento con el Banco Mundial por 100 millones de dólares que serán liberados en cuatro anualidades, con lo que se asegura que este programa se mantenga como una política de Estado.

En cuanto al conflicto de la comunidad yaqui, dijo que su solución es extremadamente difícil y que requiere una colaboración conjunta, pues reclaman una propiedad histórica que actualmente forma parte del territorio de los Estados Unidos.

Al hacer uso de su derecho de réplica, Díaz Nieblas sostuvo que la solución del problema del campo es un compromiso de todos. “Ya es tiempo de rebasar el discurso de señalar al pasado para enfrentarnos a una verdadera solución de impulsar un real desarrollo del campo mexicano”.

De la misma bancada, la diputada María Hilaria Domínguez Arvizu expresó su preocupación por el proyecto de Presupuesto de Egresos para el 2006 y dijo que existe un enorme abismo entre el discurso y los objetivos que se plantean; entre la gran responsabilidad de la SRA y el trabajo que se tiene que imprimir en los hombres y mujeres del campo.

Indicó que en dicho proyecto se ve una vez más que son escasos los recursos para la organización agraria; para los programas de Joven Emprendedor que disminuye 57.9 por ciento; los reservados a estimular el potencial productivo de las comunidades, como la Mujer del Sector Agrario y el Fondo de Apoyo para Proyectos Productivos.

El funcionario disintió en cuanto a que hay un abismo entre los propósitos y los resultados e hizo un recuento de lo realizado. Dijo que se ha puesto en marcha el programa de solución a la conflictividad social y de focos rojos y amarillos, con el fin de contribuir a la paz social en el campo.

No obstante reconoció que revertir el problema social y económico en el campo “nos va a llevar, por lo menos de acuerdo a algunos especialistas, 25 a 30 años por el tamaño del rezago que ha habido, la falta de infraestructura, capacitación agraria y recursos para el desarrollo rural.

En su réplica, el diputado José Alfonso Muñoz Muñoz, señaló que es preocupante que se sigan presentando conflictos agrarios que ponen en duda el trabajo jurídico sobre la tenencia de la tierra. Asimismo se refirió al estado de indefensión en que se encuentran algunos núcleos agrarios por el abandono de la Procuraduría Agraria.

PAN

En tanto, el diputado Luis Andrés Esteva Melchor, mencionó que durante esta administración se han logrado resolver conflictos agrarios que tenían 40 y hasta 90 años de antigüedad.

Añadió que durante el periodo que comprende el informe del Ejecutivo, hubo avances en la consolidación de los programas de ordenamiento y regularización de la propiedad rural para resolver de manera definitiva los conflictos agrarios derivados de la posesión de la tierra.

Se refirió a los focos rojos y dijo que datan de hace 50 años; inhiben el desarrollo económico, atacan al medio ambiente, lastiman el tejido social y afectan la gobernabilidad.

En respuesta, el titular de la SRA informó que de los diez focos rojos están involucradas nueve etnias. De ahí que la dependencia tiene estrecha coordinación con la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y hay trabajos conjuntos incluso en la comunidad yaqui, a fin de llegar a una conciliación.

En su réplica, el diputado Rubén Alfredo Torres Zavala mencionó que el grupo parlamentario del PAN se sumará a las demás fracciones parlamentarias a fin de adecuar el presupuesto en el campo, para hacerlo más responsable y que responda a las demandas del sector rural.

La diputada panista Margarita Chávez Murguía, resaltó que es importante para las familias de los ejidos, la seguridad jurídica que el Procede otorga a los titulares de los derechos parcelarios, a las tierras de uso común y a cada uno de los que tienen sus casas en terrenos ejidales y comunales.
Preguntó en cuántos ejidos y comunidades están suspendidos los trabajos de Procede, así como cuál ha sido la dinámica para resolver los problemas que la conurbación ha dejado ante el crecimiento desordenado de las grandes ciudades que están absorbiendo tierras ejidales y comunales provocando conflictos.

Dijo que en focos rojos se ha dado un avance, aunque no se sabe hasta dónde de los 10 focos rojos localizados se puede tener una garantía o seguridad de los acuerdos.

Del mismo partido, la diputada Ruth Trinidad Hernández Martínez, apuntó que “es deber del Secretario combatir con todo rigor las prácticas corruptas que durante muchísimos años se llevaron a cabo en materia agraria bajo el cobijo del ocultamiento de la información”.

El funcionario indicó que el Procede contribuye a las actividades del desarrollo rural y que uno de los más demandantes de tierra social es el crecimiento urbano, la explosión demográfica y la construcción de infraestructura en las ciudades, pues ésta exige un 60 por ciento de la propiedad social.

Mencionó: “Hemos visto cómo las tierras ejidales o comunales son invadidas por fraccionamientos inescrupulosos, por invasores profesionales, que aparentemente venden barata la tierra a quienes demandan la necesidad de un lote urbano, y donde los campesinos son prácticamente despojados generando muchos problemas para las prestaciones de servicios”.

Agregó que en relación con los focos rojos se han consolidado grupos especiales de trabajo establecidos para celebrar acuerdos, previa certificación de la asamblea y de los núcleos en conflicto, a fin de realizar avalúos para emitir pagos compensatorios cuando se distribuye la tierra o el pago.

Dijo que con los acuerdos no se asegura que las cuestiones que se comprende en los focos rojos estén jurídicamente resueltos o sean considerados asunto juzgado. “En materia agraria nadie puede decir la última palabra; no sabemos en qué momento puede haber una inconformidad, un conflicto entre vecinos y que un problema superado puede revertirse”, apuntó.

PRD

Más adelante, la diputada Ana Lilia Guillén Quiroz, indicó que el Procede es el programa prioritario de la segunda etapa de la Reforma Agraria, que se suponía que conllevaría al arranque productivo del área rural, asunto que hasta ahora no se ve reflejado en el campo, pues existe devastación, desempleo y falta de productividad.

Cuestionó si la Secretaría de la Reforma Agraria ha instrumentado acciones de certificación parcelaria donde se haya ocasionado la oposición de grupos agrarios y de descontento social, así como si es posible exentar de los requisitos a los ejidatarios para integrarse a la titulación.

Precisó que el mejor ejemplo de que el Procede funciona mal está en El Tamarindillo, pues se sigue pagando con pesos y centavos a los más desprotegidos del país, sin que haya una respuesta jurídica, aun cuando se pide de manera formal.

En respuesta el funcionario, apuntó que se han recibido y atendido quejas en torno al Procede, así como una incidencia de inconformidades de un grupo minoritario que pretende sobreponerse al mandato de las asambleas.

Señaló que para el 2006 se pretende un cierre de 93 millones de hectáreas certificadas, quedando pendientes 10 millones a razón de que no son certificables los cuerpos de agua ni la infraestructura, la existencia de núcleos agrarios litigados en los tribunales y a que otros los rechazan.

En su oportunidad, el diputado Margarito Fierros Tano preguntó qué avances, beneficios o desarrollo han tenido en su producción los ejidos beneficiados por PROCEDE. En cuanto al proyecto económico de 2006 se refirió a la caída de 43 por ciento en el presupuesto de la Secretaría y cuestionó si esta reducción afecta programas como el de la Mujer en el sector agrario, el Fondo de Apoyo a Proyectos Productivos y el propio PROCEDE, entre otros.

Al responder, Salazar Adame dijo que de 1993 a la fecha se han invertido 10 mil 500 millones de pesos en el programa de certificación de los núcleos agrarios.

PVEM

El diputado Manuel Velasco Coello aseguró que los conflictos sociales por la tenencia de la tierra han sido históricamente una causal, no sólo de abandono para muchos mexicanos de sus regiones de origen, sino del deterioro del medio ambiente.

Asimismo, preguntó cuál es la estrategia de la Secretaría de la Reforma Agraria para garantizar que la inversión pública destinada para resolver el problema de las invasiones dentro de la Reserva Montes Azules, realmente contribuya para detener esta situación.

Puntualizó que los problemas agrarios han generado un alto costo social y económico al país, en ese sentido, cuestionó qué medidas se han instrumentado para contener nuevas invasiones, ya que éstas dificultarían la posible solución de conflictos.

En respuesta, el titular de la SRA aseguró que en la solución del asunto de la Comunidad Lacandona de Montes Azules se realiza un trabajo interinstitucional que involucra a secretarías como la Sedesol, Sagarpa, Semarnat y Gobernación.

Discurso inicial

El secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame manifestó que el campo no está solo ni se le ha abandonado. El desarrollo rural requiere que la tierra se convierta en patrimonio de los campesinos, que ejidatarios y comuneros reciban capacitación, financiamiento y acceso a la tecnología para superar su condición de pobreza.
Indicó que los mayores retos del campo mexicano son: el envejecimiento de más del 50 por ciento de los sujetos agrarios y la falta de acceso a la tierra de cerca 9 millones de jóvenes, de los cuales emigran diariamente cerca de 550.

Agregó que el presupuesto originalmente asignado al sector en 2005 fue de 4 mil 856 millones de pesos, por ajustes quedó en 4 mil 146 millones, de éstos se han ejercido y comprometido 3 mil 690.9 millones que representan el 89 por ciento del total. Abundó que están en proceso de asignación 455 millones de pesos.

Dijo que como ha ocurrido en años anteriores, la Secretaría de la Reforma Agraria ejercerá la totalidad del presupuesto que le fue asignado conforme a las reglas y procesos de los programas correspondientes.

Al referirse a la conflictividad agraria, dijo que de mil 14 asuntos se han resuelto 500. Expuso que en la agenda de trabajo destacan los 14 focos rojos y a la fecha se han concluido 10, dos más están en proceso de solución en 28 municipios, que involucran a 9 grupos étnicos. Destacó que ello significa que cada 75 días se ha resuelto un conflicto.

Externó que se han regularizado 20 millones 239 mil 753 hectáreas en el periodo de esta administración, en beneficio de 974 mil 825 familias.