• Compareció titular de la SSP ante legisladores

Diputados y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Eduardo Medina-Mora Icaza coincidieron en que se requiere una política de Estado en el combate a la delincuencia, una cultura de la prevención del delito y un sistema de estrategia definida y acciones concretas y firmes, ya que, consideraron, “la inseguridad es un flagelo y el peor enemigo y de la sociedad”.

Durante la comparecencia del funcionario ante las comisiones unidas, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, Jorge Uscanga Escoboar, dijo que en las circunstancias en las que actualmente se enfrenta a la inseguridad, “no caben las improvisaciones”.

Precisó que la seguridad pública, como función del Estado, es de la más alta prioridad, toda vez que la problemática que se vive es diversa y muy grave. Agregó que aunque el combate a la delincuencia organizada es competencia del Gobierno Federal, su atención requiere de acciones institucionales coordinadas con las tres instancias de gobierno.

Es necesaria, reiteró, una política de la prevención del delito, un sistema de estrategia y acciones concretas, y otro de inteligencia policial, definir cómo opera y qué hace la delincuencia organizada.

Se congratuló por el programa que la SSP pondrá en marcha para frenar la inseguridad, ya que, afirmó, es un flagelo de lo más grande que vive nuestro país porque ha incidido en políticas económicas al bajar la productividad y la competitividad en el ámbito internacional, al igual que las inversiones y el empleo.

En su mensaje, Uscanga Escobar aseguró que los diputados coadyuvarán para dotar de recursos suficientes a la Secretaría y “llevar a cabo el acuerdo que el Consejo Nacional de Seguridad Pública consideró en el incremento del 20 por ciento.”

En su intervención, el secretario Eduardo Medina-Mora Icaza aseguró que no se tolerarán debilidades, titubeos o ineficiencias en el combate a la delincuencia, pues está en juego la tranquilidad y bienestar de los mexicanos.

De ahí que, anunció, en los próximos meses se pondrá en marcha un programa de combate a la delincuencia –cuya primera etapa de cumplimiento será el 31 de diciembre de este año--, a través de los acuerdos obtenidos en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, donde se definieron compromisos, plazos y responsabilidades.

Entre los principales puntos el funcionario destacó la propuesta para incrementar –en por lo menos 20 por ciento-- los recursos federales, estatales y municipales destinados a la seguridad pública para el próximo año; programar y ejecutar 20 operativos de combate a la delincuencia de carácter regional; instalar una mesa de trabajo para definir una estrategia contra el narcotráfico y reforzar la vigilancia en las fronteras, aduanas y zonas portuarias para evitar la entrada ilícita de armas.

Se prevé, dijo, ofrecer recompensa a quien proporcione información que lleve a ejecutar órdenes de aprehensión en contra de delincuentes de alta peligrosidad, hacer obligatorio el programa de depuración de corporaciones de seguridad, depurar, supervisar y mejorar la calidad de las empresas que prestan servicios de seguridad privada, así como mejorar la legislación que las regula y exhortar al Congreso a analizar la iniciativa en proceso.

También, agregó, se pretende instalar equipos de bloqueo de señales de teléfono celular en cuando menos 20 centros penitenciarios, modificar la operación de las castas telefónicas que operan en algunos de estos centros, además de desarrollar operativos para el decomiso de armas, teléfonos, objetos y sustancias prohibidas en seis centros penitenciarios federales.

Precisó que como parte de la política de seguridad pública se implementará en el país el programa “Año Nacional de la Participación Ciudadana en la Prevención del Delito”, además se fomentará una cultura de la legalidad y denuncia ciudadana, y la de cambiar la percepción que se tiene sobre la seguridad y generar una coordinación eficaz y estrecha entre los tres Poderes de gobierno y la ciudadanía.

Medina-Mora destacó que otra batalla contra los delincuentes requiere de “hombres limpios”, por lo que no debe haber espacio para la corrupción en los cuerpos policiacos y las sanciones deben ser ejemplarmente severas.

Indicó que el crimen no debe ni puede tener bandera política ni color partidista, ya que es un tema, que por su gravedad, trasciende la coyuntura política y el interés electoral. No debemos, dijo, minar a las instituciones policiales a partir del discurso político, la crítica y el reconocimiento deben partir de hechos reales y afanes comunes.

Por otra parte, el titular de la SSP aseguró que no presidirá el Consejo Ciudadano de la Secretaría que encabeza, ya que debe estar a cargo de ciudadanos.

PRI

El diputado José Manuel Abdalá de la Fuente (PRI) cuestionó al funcionario sobre el programa México Seguro en la frontera norte, donde se ha destacado la presencia de la Policía Federal Preventiva.

“La ciudadanía no sólo exige presencia policiaca con despliegues impresionantes, sino un operativo inteligente que traiga resultados positivos; en este sentido, ¿cuántos son los elementos dentro del operativo México Seguro y cuáles han sido los resultados más importantes de dicho programa en la región y por cuánto tiempo más se garantiza la permanencia de éste en la frontera norte?”.

El diputado se refirió también a la problemática que viven los penales estatales, particularmente el hacinamiento y la manutención de los internos del fuero federal, que son, dijo, una cantidad considerable.

Al tocar el tema del presupuesto para el sector de seguridad pública, el diputado Abdalá de la Fuente cuestionó sobre la solicitud del Consejo Nacional de Seguridad Pública al gobierno federal para incrementar en un 20 por ciento el gasto en el 2006, sobre todo, cuando el Ejecutivo plantea en su proyecto presupuestario una reducción de mil millones de pesos.

En respuesta, el titular de la SSPF dijo que en el operativo México Seguro efectuado en Sinaloa, Baja California y Tamaulipas, hay 2 mil 100 elementos de la PFP.

“Específicamente en Tamaulipas participan mil 623 elementos, que son mil 560 de las fuerzas federales de apoyo, 29 del Grupo de Operaciones Especiales, 30 de la Coordinación de Inteligencia y 4 del Estado Mayor, sin contar el despliegue de otras instancias fuera de la Secretaría de Seguridad Pública, como la Agencia Federal de Investigación (AFI) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y el soporte colateral de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina”.

Por su parte, la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado (PRI) indicó que de acuerdo con un informe sobre seguridad pública, realizado en julio de este año por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, se indica que el 71 por ciento de los mexicanos ha dejado de realizar actividades que antes hacía, por temor a ser víctimas de un delito, lo que indica que la inseguridad está coartando nuestra libertad, haciéndonos rehenes de los delincuentes.

Esto, sin contar que conforme al mismo estudio, el 54 por ciento de los mexicanos tiene la percepción de que en la presente administración la inseguridad ha aumentado.

Señaló también que es ilustrativo saber la historia y formación de los Mara Salvatruchas y su número, pero nos interesa saber cuáles son los programas de inteligencia y resguardo del país para eliminarlos. También cuestionó sobre los feminicidios.

El secretario dijo que la inseguridad, la impunidad y la problemática no se refieren solamente a la falta de fuerza del Ejecutivo Federal, sino a la desarticulación de todas las instancias corresponsables.

PAN

En su oportunidad, el diputado Ernesto Herrera Tovar aseveró que la inseguridad es condición de inviabilidad para todo modelo de desarrollo y bienestar social, ya que la delincuencia es, actualmente, el peor enemigo de la sociedad mexicana.

Añadió que la seguridad pública en México viene desde hace más de cinco décadas motivado por diversos factores económicos, sociales y políticos.

Por su pare, el diputado Leonel Paredes Vega aseguró que el sistema penitenciario se encuentra en una complicada situación, porque en los centros de readaptación social se vuelve más vulnerable el correcto ejercicio público, en virtud de una serie de circunstancias, tales como amenazas, extorsiones y corrupción; es por ello que cuestionó las acciones para desarticular el crimen organizado que se da al interior de los Ceferesos.

Medina-Mora Icaza manifestó que para frenar este problema se ha incorporado equipo de tecnología digital, un sistema de bloqueo de señales celulares y se está por firmar un acuerdo para que en los teléfonos de paga, ubicados en los Ceferesos, se bloquee la llamada saliente o bien, poner una grabación indicando que la llamada recibida proviene de estos centros.

Aseguró que esta medida es de gran relevancia ya que tan sólo en los reclusorios del Distrito Federal se encuentran instalados más de mil casetas telefónicas de pago.

Posteriormente, explicó que el pilar del programa México Seguro es la promoción de esquemas de coordinación interinstitucional, diagnósticos comunes y procedimientos sistemáticos de operación.

PRD

En tanto, la diputada Lizbeth Rosas Montero aseguró que no se puede avanzar en el combate a la inseguridad mientras el enemigo se encuentre en casa, prueba de ello es el programa México Seguro, donde la policía no ha sido “rotada” lo que ha generado vínculos de corrupción y complicidad con las bandas criminales del lugar.

Es necesario, dijo, reconocer la falta de inteligencia y coordinación en las acciones entre las secretarías de Seguridad Pública, Gobernación y la Procuraduría General de la República, ya que si esto fuera así no se estarían viviendo situaciones de conflicto en los centros federales de readaptación social.

La legisladora reiteró el compromiso de su grupo parlamentario a fin de trabajar en una reforma integral en el sistema de seguridad pública, pero no en la presentada por el Presidente ya que “únicamente veo cambios de nombres y más estructura, cuando lo que se requiere es más dinero abajo, con los elementos efectivos”, sostuvo.

En respuesta, el funcionario manifestó que no hay nada más frustrante que una denuncia no atendida, por ello el compromiso es el generar una cultura de respuesta efectiva.

Reiteró que el tema de la seguridad pública es una tarea compartida entre poderes, órdenes de gobierno y ciudadanía, con la que se comprometió a diseñar las medidas requeridas que puedan mejorar y contribuir a su bienestar.

PVEM

El diputado Luis A. González Roldán enfatizó que prevenir el delito es mejor que reprimirlos, sin embargo, dijo, lejos de disminuir aumenta y un claro ejemplo de ello es el secuestro; en México se sitúa en segundo lugar después del narcotráfico.

Respecto del programa México Seguro interrogó si éste es suficiente para combatir al contrabando de sustancias ilegales y pidió se aclarara la manera en que las dependencias de seguridad pública se coordinarán para conseguir sus objetivos.

En el tema de combate a la delincuencia, González Roldán preguntó qué medidas se tomarán para garantizar el control dentro de los Ceferesos y qué acciones se van a instrumentar para lograr una verdadera readaptación social.

De los llamados kaibiles, que operan en la frontera sur, el diputado puntualizó la gravedad del problema y la urgencia de diseñar estrategias para erradicar esta red delictiva que a diario opera en dicha zona de la república.

Acerca de la problemática en la frontera dijo que la entrada y salida de mara salvatrucha en nuestro país se estima alrededor de 5 mil, de los cuales mil 670 han sido procesados desde el año 2003 a la fecha. También aclaró que las acciones son todavía insuficientes para extirpar este fenómeno, que sigue siendo de seguridad pública, pero en caso de no atacarlo de forma efectiva se puede convertir en un asunto de seguridad nacional.

Convergencia

El diputado Luis Maldonado Venegas manifestó su preocupación por los hechos delictivos en algunas regiones del país; además, afirmó que este tema se ha convertido en amenaza para la integridad y el patrimonio de los mexicanos.

De igual manera, resaltó la falta de confianza por parte de la ciudadanía hacia las corporaciones policiacas; preguntó acerca de los criterios para utilizar el programa México Seguro en las diferentes entidades y qué resultados se han obtenido en las zonas donde ya fue aplicado.

También cuestionó qué tipo de esfuerzos se vienen realizando en la frontera sur para combatir a organizaciones delictivas, como los maras salvatruchas. Así como la posición de la dependencia a su cargo frente a la necesidad de incrementar los fondos de aportaciones de estados y municipios; también pidió saber cuál es el presupuesto que requerirá la Secretaría a su cargo para cumplir sus encomiendas, esto de acuerdo al proyecto del PEF 2006.

Eduardo Medina-Mora consideró que el programa México Seguro fue diseñado para fortalecer de manera estratégica tanto a las autoridades estatales como municipales y se instrumenta a pedido de los propios gobiernos.

Con respecto a la frontera sur reconoció que es una zona compleja; además, subrayó la importancia de interactuar con Guatemala y Belice debido a la migración de Centroamérica.