• Se requiere aprobar la Ley de Justicia Administrativa en materia de responsabilidades de los servidores públicos: Eduardo Romero Ramos

Diputados de las diferentes fracciones parlamentarias pidieron al secretario de la Función Pública (SFP), Eduardo Romero Ramos, contar con una administración pública moderna, eficaz y operativa, ya que la actual estructura hace inoperante al Poder Ejecutivo y obstaculiza la labor en materia de fiscalización.

Ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, y como parte de la Glosa del V Informe de Gobierno, el titular de la SFP aseguró que para lograr la modernización administrativa es necesario aprobar la Ley de Justicia Administrativa en materia de responsabilidades de los servidores públicos, así como las reformas jurídicas que permitan la participación de testigos protegidos para la detección y sanción de conductas irregulares de funcionarios.

Por su parte, el diputado Salvador Sánchez Vázquez (PRI), presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, afirmó que lo expresado por los diputados en torno al Informe Presidencial en el rubro de la función pública constituye una serie de propuestas que confirman el compromiso tanto del Ejecutivo como del Legislativo de entregar mejores cuentas a la sociedad mexicana.

En la ronda de cuestionamientos, la diputada Marcela Guerra Castillo (PRI) pidió al funcionario presentar una iniciativa para modernizar su área, a fin de que las auditorías practicadas tengan resultados en materia de resarcimiento de la Hacienda Pública Federal.

Aseguró que no hay costo-beneficio por parte de la función pública, ya que del número de personas sancionadas administrativamente o que se les han fincado responsabilidades de acuerdo a la Ley de los Servidores Públicos, se desconoce el monto resarcido, como los casos de Provida y Lotería Nacional.

Por otra parte, la legisladora consideró necesaria la permanencia de la Secretaría, pero con un sistema de fiscalización moderno y eficaz.

La diputada Gabriela Ruiz del Rincón (PAN), afirmó que la Auditoría Superior de la Federación no puede sustituir el trabajo de la Secretaría de la Función Pública; se complementan, dijo.

Explicó que se expidieron los lineamientos para establecer en Internet los portales que contienen información sobre transparencia y auditorías de cada entidad pública. Al respectó, preguntó al funcionario si cuenta con capacidad para brindar el servicio y actualizar los datos en las diferentes entidades.

Reconoció la renuencia por parte de algunas dependencias sobre la entrega de información, por lo que consideró necesario conocer lo que ha realizado la dependencia en esta materia.

En su turno, Guillermo Huízar Carranza (PRD) pidió “adelgazar” las estructuras del Gobierno Federal, definir responsabilidades y recortar las estructuras burocráticas que no son necesarias, toda vez que, consideró, existen áreas que no se justifican, como la propia Secretaría de la Función Pública que no sirve para las atribuciones que la ley prevé y mantiene duplicidad con estructuras paralelas y “obesas”, lo cual la convierte en un aparato obsoleto.

La dependencia, como está concebida, añadió, no es útil a la nación, ya que existe gran diferencia entre el número de observaciones que presenta y los resultados de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Al respecto, preguntó a qué se debe la diferencia de cifras, el número de funcionarios sancionados, su nombre y apellido, quiénes recurren a esas irregularidades y cuál es la sentencia por parte del Poder Judicial.

Más adelante, Guillermo Velasco Rodríguez (PVEM) se pronunció por fortalecer los mecanismos de control del gasto público y su correcta utilización, lo que debe ser una actividad permanente, vigilada desde el Congreso y con participación de todos los ámbitos de gobierno.

Aseguró que la corrupción representa una carga y costo a los ciudadanos: en 9 de cada 100 trámites para solicitar un servicio público existe la llamada “mordida”.

En ese sentido, cuestionó sobre los avances en materia de corrupción y cómo la puede combatir el Congreso y de qué manera se puede hacer más transparente el manejo y uso de los fideicomisos públicos, toda vez que carecen de transparencia por la falta de un marco regulatorio en el manejo de recursos, lo cual preocupa porque puede generar un daño patrimonial.

Asimismo, interrogó sobre las medidas que llevará a cabo la dependencia para evitar que programas sociales como el de Oportunidades, sean utilizados para fines electorales.

Por su parte, el secretario de la Comisión de Vigilancia de la ASF, Jesús Martínez Álvarez (Convergencia) pidió contar con una administración pública moderna, eficaz y operativa, ya que, estimó, la SFP desde su origen estuvo mal planteada y además no puede auditarse a sí misma.

Precisó que la ASF debe absorber las funciones de fiscalización y sanción y la Secretaría la de modernizar la Administración Pública, no obstante, agregó, se trabaja con tal inercia que hace inoperantes e ineficaces las estructuras del Ejecutivo Federal, lo que obstaculiza la labor en materia de fiscalización.

Pidió conocer los “libros blancos” de lo que se tiene proyectado entregar de las dependencias, cuánto se recuperó por sanciones, si existe un programa de colaboración con los gobiernos estatales y cuántos funcionarios han sido incluidos en la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles..

En respuesta, el secretario de la Función Pública señaló que el control interno de la administración pública es una herramienta fundamental y necesaria y, por tanto, difícil de desaparecer por una “decisión legislativa”. No obstante, aseguró estar de acuerdo en que la Secretaría de la Función Pública no siga siendo juez y parte, “ya no debe ser quien investiga, revisa, audita y luego decide si abre un procedimiento”.

Dijo que hará llegar a los legisladores la información sobre el proyecto de los “libros blancos” y los acuerdos que actualizan la reglamentación en la materia.

En materia de votaciones, Romero Ramos reconoció que se puede dar el caso de desviación con fines electorales de algunos programas sociales, por lo que las Secretarías de la Función Pública y de Desarrollo Social estarán al pendiente.

En su intervención inicial, el titular de la SFP dijo que se requiere lograr que el Servicio Profesional de Carrera opere a plenitud; mejorar la percepción de México en las mediciones nacionales e internacionales de transparencia, así como impulsar la participación ciudadana en la vigilancia y mejoramiento de la acción pública, aprovechando el potencial de la Ley Federal de Transparencia.

En el salón Legisladores de la República, del Palacio Legislativo de San Lázaro, el funcionario señaló que se deben consolidar las bases en las que se asiente una verdadera cultura cívica de fomento a la transparencia, integridad y rechazo a la corrupción.

Indicó que la dependencia a su cargo ha aplicado rigurosamente la ley a los servidores públicos que faltaron a su responsabilidad y quebrantaron el patrimonio del Estado. Dijo que entre enero y agosto de 2005 se aplicaron tres mil 592 sanciones, que contemplan 742 penas económicas por tres mil 733 millones de pesos; 64 apercibimientos; 967 amonestaciones; 716 suspensiones; 237 destituciones y 866 inhabilitaciones.

El funcionario informó que la SFP atendió más de 87 mil requerimientos de información, en el periodo de vigencia de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; mediante el portal ciudadano, los usuarios tienen a su disposición mil 225 servicios y trámites gubernamentales electrónicos; con el sistema Compranet se han publicado más de 30 mil licitaciones del gobierno federal.

Segunda ronda de preguntas y respuestas

La diputada priista Laura Reyes Retana Ramos exhortó al secretario a incluir en el régimen de supervisión de la declaración patrimonial del Ejecutivo a su cónyuge, hijos e hijastros ya que existen facultades para ello. “Tenemos que cambiar las cosas y no ser solapadores, no prestarnos a juegos sucios”, manifestó la legisladora.

De acuerdo a lo anterior, el funcionario aseguró que la información requerida está en consulta pública, donde se puede observar que los ingresos del Presidente coinciden con la declaración fiscal. Añadió que los bienes de su cónyuge y dependientes se incluyen en sus declaraciones patrimoniales, no así de los hijos de su esposa, ya que la Ley no le obliga.

En tanto que el legislador Víctor Hugo Islas Fernández (PRI) pidió se informe, con cifras reales, los gastos de la Presidencia, de los programas de comunicación social y del acceso de la información en la Secretaría de Gobernación.

Añadió que la administración pública recupera menos de lo que invierte en términos de auditoría por lo que solicitó que la evaluación sea un proceso abierto y continuo, donde el Poder Legislativo esté presente para el seguimiento de las políticas de Estado en la materia y evitar que sean programas dispersos sin efectividad, pero con alto costo para los ciudadanos.

El funcionario aseguró que los gastos de comunicación están autorizados en los presupuestos, se auditan y revisan con un gran escrutinio público, pero cuando se ha encontrado alguna irregularidad se procede en consecuencia. “La actuación de la Contraloría no ha tenido límites en el caso de Los Pinos”, aseguró.