• Lo que se recauda por llamadas telefónicas supera en mucho los costos de los bienes sorteados

Aprobó el Pleno un punto de acuerdo por el que se pide a la Secretaría de Gobernación datos específicos sobre el funcionamiento, cantidad, criterios y condiciones bajo los que se otorgan permisos a las televisoras nacionales para que realicen sorteos y respecto de las participaciones que han correspondido al Gobierno Federal por los productos obtenidos por los permisionarios.

En la sesión de hoy se dio a conocer el dictamen de las comisiones unidas de Gobernación y de Turismo, donde se reconoce el interés de los legisladores respecto de la legalidad de estas rifas que realizan algunas televisoras, quienes llevan a millones de hogares y centros de trabajo sorteos de diversos bienes, como automóviles, casas y dinero en efectivo, a través de llamadas telefónicas con un costo de entre 25 y 30 pesos.

Lo anterior, establece el documento, registra un número considerable de llamadas, recaudando montos que rebasan por mucho el costo del bien sorteado, además de que en ocasiones el número de permisos por parte de la Secretaría de Gobernación no se hace público en las transmisiones, ni tampoco se publicita cuántos son los boletos participantes, lo cual viola la normatividad vigente.

Cabe señalar que de acuerdo con el artículo 27, fracción XXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y del Artículo 3 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de Gobernación, reglamentar, autorizar, controlar y vigilar los juegos, apuestas, loterías, rifas y sorteos, con excepción de la Lotería Nacional, la cual se rige por su propia ley.

Exhorto al Ejecutivo Federal

También el Pleno camaral aprobó en votación económica el dictamen con punto de acuerdo a fin de exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Agricultura, se instruya al Instituto Nacional de Pesca a continuar con las investigaciones para optimizar los diseños de las redes de arrastre empleadas por la flota camaronera comercial.

Asimismo el dictamen resalta que los resultados que arrojen dichos estudios se entregarán al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Pesca Responsable, para que éste determine las recomendaciones que podrían incorporarse por medio de modificaciones a la Norma Oficial Mexicana 002- PESC- 1993, para ordenar el aprovechamiento de las especies de camarón en aguas de jurisdicción federal.

Desalojo de asentamientos en Montes Azules

Asimismo, fue avalado un exhorto a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a fin de llevar a cabo las acciones necesarias para desalojar los asentamientos irregulares ubicados en la reserva de la biosfera de los Montes Azules, en Chiapas.

De igual forma, se pide a la Secretaría de la Reforma Agraria agilizar los trámites necesarios para la reubicación y asignación de tierras a los lugareños que fueran desalojados y a la Secretaría de Gobernación a investigar y en su caso realizar las acciones legales correspondientes contra los extranjeros involucrados en actividades de tráfico ilegal de especies, deterioro ambiental y saqueo de la biodiversidad en la selva lacandona.

Rancho Las Trancas

En votación económica, se aprobó punto de acuerdo de la Comisión de Cultura, por el que se solicita al Presidente de la República, Vicente Fox Quesada y al Secretario de Educación Pública, Reyes Tamez Guerra, expidan la declaratoria correspondiente a efecto de que el predio denominado Rancho Las Trancas, en la delegación Azcapotzalco, cuente con toda la protección legal que le corresponde, en conformidad con los artículos 5, 21 y 23 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas.

Hospitales del D. F.

Se aprobó otra proposición emitida por las comisiones de Salud y de Justicia y Derechos Humanos, por la que se exhorta a la autoridades del Distrito Federal, en particular a la Secretaría de Salud, a que lleve a cabo una investigación a fondo de la situación que guarda el servicio médico en los hospitales del Gobierno capitalino.