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Boletín N°. 2146 La Auditoría Superior de la Federación debe asumir la tarea de fiscalización de la Secretaría de la Función Pública

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“La Auditoría Superior de la Federación (ASF) debe ser la única entidad encargada de las funciones de fiscalización y de sanción, mientras que a la Secretaría de la Función Pública (SFP) le debe corresponder la gran responsabilidad de modernizar la administración pública”.

Así lo declaró el coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia, Jesús Martínez Álvarez, quien sostuvo que como están ahora las tareas no se puede auditar el Ejecutivo Federal a sí mismo.

“Desde su origen estuvo mal planteada la antigua Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, y continúa ahora en el mismo tono la SFP, por eso es que decimos que la ASF debe ejercer esa importante tarea dentro de la democracia”, dijo.

El diputado señaló que la inercia de trabajo tanto del Ejecutivo como del Legislativo hace que las estructuras administrativas sean inoperantes e ineficaces, lo cual, según mencionó, dificulta la labor de la Auditoría Superior de la Federación.

Indicó que las funciones de la SFP deben ser las de buscar el desarrollo de la administración pública para que sea cada vez más eficaz y resolver el monto de los sueldos de los funcionarios públicos, así como la organización y metodología para determinar la oferta y demanda de personal. Además de vigilar el aumento o disminución de plazas, de lo cual no se sabe nada.

“No digo esto para culpar a la SFP, sólo trato de evidenciar la urgente necesidad de que esta secretaría debe absorber todas esas cuestiones, además de las áreas del servicio civil de carrera, el control inmobiliario y sobre todo la modernización del aparato de la administración pública”.

Respecto a las sanciones de la SFP, Martínez Álvarez dijo que no se tiene registro de si en verdad se recupera el dinero, y más importante aún, qué pasa con los funcionarios que son sancionados, puesto que en algunas ocasiones se ha detectado la complicidad entre empleados de la secretaría y los gobiernos estatales para evadir la sanción, toda vez que los funcionarios inhabilitados en la administración federal, posteriormente son contratados en los Estados.

 
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