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• A pesar de su situación han logrado conservar dignidad y tradiciones propias: diputada Evangelina Pérez Zaragoza

La diputada Evangelina Pérez Zaragoza (PAN) propuso adiciones a la Ley General de Desarrollo Social, para que los gobiernos municipal, estatal y federal, mediante acciones coordinadas impulsen el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas fortaleciendo la economía local.

En su exposición de motivos, señaló que las condiciones de vida de los indígenas están asociadas con la pobreza extrema. De los 2 mil 443 municipios que existen en nuestro país, 803 pueden ser calificados como indígenas en la medida que concentran el 30 por ciento y más de este tipo de población.

Destacó que 707 de estos municipios están considerados de alta marginación.

Por otra parte, estos grupos poblacionales sufren las consecuencias del analfabetismo, tienen una percepción menor a un salario mínimo e incluso varios trabajadores no perciben ingreso monetario.

Además, subrayó que en estos municipios se encuentra la mayor incidencia de problemas de salud, desnutrición, alcoholismo y mortalidad por enfermedades no atendidas.

Destacó que a pesar de su situación, los pueblos indígenas han logrado preservar su dignidad y participar en su desarrollo conservando cultura, identidad, instituciones, autoridades y tradiciones propias.

Según una encuesta, agregó la diputada, las dos principales causas de la pobreza se encuentran, en primer lugar, en las inadecuadas políticas gubernamentales y la generación de programas no acordes a sus necesidades.

En segundo lugar está la falta de financiamiento para el impulso de actividades productivas, lo cual se refleja en la ausencia de capacitación.

La adición sugerida por la diputada busca dotar de instrumentos jurídicos fundamentales que permitan a los pueblos y comunidades indígenas trascender de su situación actual de marginación y pobreza a una vida más digna.

Asimismo, aportarles el financiamiento suficiente, encaminado a erradicar las desventajas competitivas y a incorporar nuevas tecnologías que hagan más eficientes sus sistemas de producción.

Además, se les daría prioridad en la asignación de subsidios a programas alimentarios y en la ejecución de proyectos de recuperación nutricional, a partir de esquemas sostenibles de producción y autosuficiencia alimentaria.