Con el fin de facultar al Congreso de la Unión para legislar en materia de sustancias químicas, explosivos y pirotecnia, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó con mayoría calificada de 381 votos, el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales con proyecto de decreto que reforma la fracción X del Artículo 73 de la Constitución.

Al fundamentar el dictamen, el diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa (PRI) señaló que es indispensable crear un marco jurídico adecuado que responda a las exigencias y necesidades de las personas que manejan productos, artificios pirotécnicos, explosivos y sustancias químicas, para eliminar las insuficiencias que les han generado un clima de incertidumbre e inseguridad.

Destacó que las características de sus materias primas y su grado de peligrosidad ponen en riesgo la seguridad pública al resultar inadecuados los espacios para la producción y almacenamiento de artesanías y las condiciones para su transporte.

A nombre de la Comisión manifestó que “la legislación debe contribuir a crear una industria segura al diseñar lineamientos jurídicos y de capacitación para prevenir accidentes, mediante la transformación de procesos productivos que incluyen la sustitución de las actuales materias primas por otras menos peligrosas”.

Consideró que no obstante que las materias relativas a esta actividad seguirán siendo de competencia federal, nada debe impedir que mediante los instrumentos legales adecuados las autoridades locales coadyuven en el cumplimiento de la normatividad.

Añadió que al contar con una legislación clara y precisa, las actividades relacionadas con su producción, distribución, transporte, almacenamiento, comercialización, importación y exportación, quedarán debidamente reguladas y se podrán evitar prácticas de contrabando que se presentan actualmente debido a un marco regulatorio deficiente.

Explicó que esta reforma surge de una demanda reiterada de los artesanos de la pirotecnia, quienes han solicitado la creación de un marco normativo claro y preciso que permita la adecuada regulación de su actividad y que las autoridades que la apliquen se apeguen de manera estricta a este marco normativo. Una vez aprobado el dictamen, la Mesa Directiva lo envió al Senado para sus efectos constitucionales.

Reforma al Artículo 82 constitucional

De igual forma, fue aprobado en lo general y en lo particular con 377 votos a favor y una abstención, un dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales para reformar la fracción VI del Artículo 82 de la Carta Magna y con ello incluir al Jefe de Gobierno del Distrito Federal en el listado de servidores públicos que, para ser Presidente de la República, deben separarse de su encargo seis meses antes del día de la elección.

El dictamen establece que con ello se da un trato de igualdad al de los secretarios o subsecretarios de Estado, al de Procurador General de la República, así como al de los gobernadores de los estados en sus aspiraciones a ocupar el cargo más importante de la República.

El diputado Arturo Nahle García (PRD) argumentó que el hecho de que los servidores públicos enlistados deban de separase de su encargo seis meses antes del día de la elección, a fin de poder ser candidatos a la Presidencia de la República, se justifica perfectamente por razones de equidad política.

“El Constituyente Permanente consideró que ese plazo era suficiente para eliminar por completo la influencia que dichos funcionarios pudieran hacer valer en las elecciones, con el propósito de hacer triunfar su candidatura”.

Ley General de Desarrollo Social

Posteriormente el Pleno aprobó con 368 votos en pro y 5 abstenciones, el dictamen por el que se adiciona un título sexto a la Ley General de Desarrollo Social, en materia de sanciones e infracciones, con el propósito de proteger los programas sociales ante las coyunturas electorales.

El documento destaca que cuando los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones contravengan u ordenen contravenir las disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, serán acreedores a las sanciones de apercibimiento o amonestación, y si la gravedad de la infracción lo amerita, habrá suspensión o remoción del cargo.

Especifica que en el caso de las organizaciones civiles que ejerzan recursos públicos y tengan bajo su responsabilidad la operación de los programas sociales, serán sancionadas de acuerdo al Capítulo Sexto de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.

Al fundamentar el dictamen la diputada Beatriz Zavala Peniche (PAN), señaló que se pretende erradicar el paternalismo y la coacción del voto ciudadano con la manipulación de los recursos destinados especialmente para combatir la pobreza y aumentar el desarrollo social del país.

Incorporan título cuarto a la Ley General de Desarrollo Social

Asimismo, el Peno avaló por 366 votos la reforma a la Ley General de Desarrollo Social, a fin de adicionarle un capítulo para consagrar el derecho a interponer recurso de inconformidad ante la autoridad que opera los programas sociales, de forma escrita u oral, mediante comparecencia.

En el documento se establece que las personas que tendrán derecho a este recurso serán aquellas a quienes se les ha restringido, suspendido, negado u omitido el derecho de participar y beneficiarse de los programas de desarrollo social.

Exhortos de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

De igual forma, se aprobó hacer un llamado a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y al procurador federal de Protección al Ambiente, para instrumentar medidas urgentes que eviten daños ecológicos en el Lago de Guadalupe, del municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, y proteger la fauna y flora del lugar.

Igualmente, se exhortó a la Comisión Nacional del Agua para que lleve a cabo muestreos y análisis de las descargas de aguas residuales realizadas por la empresa FIEMEX S.A de C.V. y en caso de detectarse violaciones a la norma, se comunique a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que se apliquen las sanciones correspondientes.

Además se aprobó hacer un llamado a la Comisión Federal de Electricidad para que realice las medidas necesarias a fin de evitar la emisión de elementos químicos tóxicos y resarcir el daño causado a las tierras de producción agrícola, así como a la salud de los residentes del Valle de Mexicali, emitidos por la planta geotermoeléctrica Cerro Prieto.

De igual forma se avaló el dictamen por el que se pide a la Semarnat verifique el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM- 004-SEMARNAT-2002, relativa a lodos biosólidos, especificaciones y límites máximos permisibles de contaminantes y disposición final en la Planta de la Promotora Ambiental del Sureste, S.A. de C. V.

Condecoraciones

En el transcurso de la sesión se aprobaron, por 374, votos tres dictámenes por los que se conceden permisos: para que el presidente Vicente Fox Quesada acepte y use la condecoración “Medalla de Oro” que le confiere el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cantabria, España.

Para que Alberto Francisco Cabrera Reyes y Eduardo Navas Gómez presten servicios en la embajada de Sudáfrica, en México; para que Juan Herrera y González, Joaquín Aguilar Camacho, Pedro Guillermo Alberto Collignon Collignon y Leopoldo Sergio Alberto García Ramírez, reciban preseas de los Reinos de Suecia y de España, respectivamente.

Dictámenes negativos

Iniciativas por las que se pretendía modificar las leyes del Servicio Militar Nacional; Orgánicas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública; General de Desarrollo Social; de Fomento para la Lectura y el Libro; de Cultura Física y Deporte, así como al Código Federal de Procedimientos Penales, fueron rechazadas por considerar que son extemporáneas o ya no existen los elementos que las originaron y han quedado sin materia.