Diputados de la Comisión de Reforma Agraria presentaron el proyecto de dictamen de la nueva Ley Federal Agraria, la cual redefine y fortalece el papel del sector agrario, amplía y profundiza los alcances de la organización social, asociaciones y sociedades agrarias, adecua el procedimiento judicial agrario y refuerza la organización del ejido y las comunidades.

En el foro nacional para dar a conocer dicho proyecto, el diputado Francisco Arroyo Vieyra, vicepresidente de la Mesa Directiva, aseguró que la Ley Agraria no había sido objeto de revisión desde 1992, por ello, dijo, la Comisión de Reforma Agraria realizó un intenso trabajo para adecuar el marco jurídico a la situación actual agraria, toda vez que era una necesidad urgente e impostergable.

Al inaugurar el evento, en el que estuvo presente el secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, el legislador aseguró que éste es un proyecto consensado por parte de todos los sectores involucrados, que “esperamos sea aprobado y constituya un instrumento útil y valioso para beneficio del sector campesino, el cual es el más aislado y desamparado”.

Recordó que este órgano legislativo ha aprobado diversas leyes a favor del campo, así como acuerdos legislativos para el incremento presupuestal al sector, no obstante, insistió, la Ley Federal Agraria que regula la situación jurídica en el sector, no había sido objeto de revisión ni se había analizado.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Reforma Agraria, Manuel García Corpus, aseguró que la nueva ley redefine y fortalece el papel del sector agrario, amplía y profundiza los alcances de la organización social, asociaciones y sociedades agrarias, además, adecua el procedimiento judicial agrario, atiende a los grupos más vulnerables del campo y fortalece la organización del ejido y la comunidad.

El diputado destacó que otro adelanto de la ley es la respuesta a la demanda de los pueblos y comunidades –que representan más de 17.051 millones de hectáreas, 675 mil comuneros que viven y trabajan en 2 mil 192 comunidades--, y la reorganización de las disposiciones que norman al sector.

García Corpus precisó que en la nueva ley se obliga a la Secretaría de la Reforma Agraria y a las entidades del sector a promover el aprovechamiento conjunto de predios, fortalecer la investigación en materia agraria y crear instrumentos que permitan el acceso a la tierra a los grupos vulnerables.

Se crea, dijo, un Consejo de Evaluación y Seguimiento en el que participarán las organizaciones campesinas, a efecto de analizar y evaluar las funciones de la Procuraduría Agraria, además, se instituye el servicio nacional de fe pública agraria a efecto de proporcionar a los campesinos, de manera accesible, segura y gratuita, la certificación de actos, hechos y documentos que constituyan, modifiquen o extingan derechos y obligaciones agrarias.

Informó que el 81 por ciento de la población rural percibe menos de un salario mínimo o no percibe ingresos, existen 12 millones de jóvenes en localidades de hasta 2 mil 500 habitantes que demandan alternativas de empleo y que las mujeres constituyen la mitad de la población rural y la mayoría vive por debajo del umbral de pobreza. Asimismo, agregó, el 21 por ciento de los habitantes en zonas rurales tiene como jefe de familia una mujer, existen 500 mil ejidatarias y 70 mil comuneras.

Actualmente, señaló, hay 31 mil 763 sociedades en el campo; de ellas, 20 mil 518 son sociedades de solidaridad social, 9 mil 768 sociedades de producción rural y mil 137 uniones de ejidos.

El legislador reconoció que el proyecto de la nueva ley, aunque no es una reforma estructural agraria que revierta las causas de la situación agraria, es un instrumento valioso y útil a favor del campo mexicano.

García Corpus explicó que el proyecto de ley contiene 200 artículos y modifica cien, crea 171 artículos, mantiene intacta la redacción de 58 preceptos y desaparece uno, crea una nueva sección y un Libreo Segundo, elimina un título e incluye 11 disposiciones de carácter transitorio.

Más adelante, Arely Madrid Tovilla, presidenta de la Comisión de Reforma Agraria del Senado de la República, manifestó que es importante ir adaptando nuestro marco a las realidades del campo y, sobre todo, la modernización.

Lo anterior, precisó, no se podría dar si no hay un marco adecuado a la realidad que permita contar con una justicia agraria expedita y ágil.

Por último, el diputado Rubén Alfredo Torres Zavala (PAN), secretario de la Comisión de Reforma Agraria, dijo que desde 1992 no se había mejorado el marco jurídico en esta materia, de ahí que los legisladores iniciaron un trabajo para otorgar seguridad jurídica a la tenencia de la tierra y contar con nuevas oportunidades de desarrollo e inversiones.