• Cada vez hay más de estos infantes que tratan de llegar a Estados Unidos para escapar del maltrato familiar y hasta social

Debido a que la atención de los niños, niñas y adolescentes que viven en la calle constituye una de las prioridades de las autoridades y de organizaciones civiles, la diputada Martha Leticia Rivera Cisneros (PAN), presentó punto de acuerdo por el que solicita a las Legislaturas estatales y a la Asamblea Legislativa del DF, que en el ámbito de sus atribuciones impulse la tipificación correspondiente al abandono de menores.

Asimismo, pide que en caso de que ya esté tipificado dicho delito, se proceda a su adecuación y perfeccionamiento, procurando garantizar una amplia protección jurídica a los niños de la calle, a fin de reconocer y salvaguardar sus derechos.

El documento que analiza la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, señala que el abandono de persona puede tener varias vertientes, como lo son el descuido físico, emocional y educacional.

Puntualiza que el abandono físico se refiere al desamparo de los menores, dejándolos en la calle o sin asistencia cuando lo necesitan en caso de estar lesionados o enfermos, incluso cuando los padres los dejan demasiado tiempo solos a no los cuidan.

Indica que de acuerdo a la directora General del DIF, Ana Teresa Aranda Orozco, “cada día son más los niños mexicanos quienes buscan el sueño americano, al padecer descuido e incluso violencia de sus familiares, quienes los dejan viajar solos hacia Estados Unidos”.

Puntualiza que a raíz del programa De la calle a la vida, durante el 2004 se logró brindar auxilio y apoyo a ochenta mil 26 menores en condiciones de abandono.

Destaca que el tema de abandono de persona y primordialmente de niños, niñas y adolescentes es de trascendental importancia, porque incide en el desarrollo del país, más cuando es deber de la sociedad el respeto y auxilio del ejercicio de sus derechos.

Refiere que para Emilio García Méndez, consultor de UNICEF, el sistema tutelar penaliza la pobreza de adolescentes quienes crecen en circunstancias difíciles, y que el sistema de responsabilidad penal, al contrario, juzga al adolescente solamente por su acto.

Agrega que la responsabilidad penal de los adolescentes no es cuestión “ni de mano dura ni de mano blanda”, sino de mano justa que sancione de forma proporcionada el delito que un adolescente haya cometido, todo ello en relación con la reforma al artículo 18 constitucional, aprobada por el Congreso.