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• Tendrían la facultad de hacer saber a la autoridad competente hechos delictivos en la Administración Pública Federal

La diputada Cristina Portillo Ayala (PRD) propuso elevar a rango constitucional la facultad de integrar comisiones de investigación del Congreso de la Unión respecto del funcionamiento de la administración pública federal y que sus resultados se hagan del conocimiento del Poder Ejecutivo, el Pleno de las cámaras y, en su caso, de la autoridad competente en los casos de presunción de ilícitos.

Al dar a conocer una iniciativa de reforma al artículo 93 de la Constitución, la legisladora aseguró que la conclusión de las indagatorias no quedaría reducida a sólo hacer del conocimiento del Ejecutivo Federal los resultados, sino de hacer saber a la autoridad competente la comisión de actos ilícitos, cuando existieran responsabilidades penales o administrativas.

Con lo cual, afirmó, las comisiones de investigación se convertirían en órganos técnico-políticos de trabajo de las cámaras, instrumentos lógicos de la actividad de fiscalización o de control parlamentario ejercida en el seno del órgano representativo sobre el Poder Ejecutivo.

Destacó que la creación de dichas instancias legislativas tampoco estarían sujetas al acuerdo de la mayoría parlamentaria, sino que podrán ser las minorías quienes tengan la facultad para resolver sobre su formación.

Se establece, dijo, el derecho-facultad de las minorías en la constitución de esas comisiones y se propone reducir a una octava parte de sus miembros, en el caso de los diputados, y una cuarta parte, en el de senadores.

Ese derecho, indicó, se actualizaría mediante la petición conjunta de los grupos parlamentarios existentes de cualquiera de los órganos legislativos, independientemente del número de legisladores que los integran.

Portillo Ayala justificó que la posibilidad de que una minoría parlamentaria pueda conseguir la creación de uno de estos órganos legislativos de fiscalización, permitiría exigir al gobierno y la mayoría parlamentaria, precaución, atención y autocontrol permanente respecto de todas sus actividades.

La legisladora precisó que el ámbito de competencia de las comisiones de investigación se ampliaría a toda actividad de la administración pública federal, centralizada y paraestatal, así como en cualquier asunto de interés nacional.

De ahí que, añadió, ambas cámaras tendrían facultades para establecer comisiones propias de investigación de conformidad con las competencias específicas que les confieren los artículos 73, 74 y 76 de la Carta Magna.

Explicó que la ambigüedad y confusión de la redacción del actual precepto legal han frustrado la creación de comisiones de investigación como verdaderos órganos de control parlamentario.

De ahí que, precisó Portillo Ayala, se propone redimensionar a las comisiones de investigación como auténticos instrumentos de supervisión y que su creación no esté sujeta al acuerdo de las mayorías legislativas.

La diputada perredista recordó que en 1977 se adicionó el tercer párrafo al artículo 93 constitucional, para que las cámaras, a solicitud de una cuarta parte, si se tratara de diputados o de la mitad, en el caso de senadores, tuvieran la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria.