La Cámara de Diputados y la Procuraduría General de la República suscribieron este lunes un acuerdo de colaboración en materia de capacitación, difusión y divulgación para prevenir los delitos electorales federales y fomentar la participación ciudadana de cara a los comicios que tendrán lugar en el presente año.

En representación de esta soberanía, el presidente de la Mesa Directiva, Heliodoro Díaz Escárraga, dijo que el acuerdo fortalecerá la coordinación institucional, cubrirá propósitos comunes, permitirá que los servidores públicos amplíen su visión respecto a estos importantes temas y contribuirá a avanzar en la consolidación de la denuncia.

Habremos de trabajar, dijo, para cumplir cabalmente con los objetivos que persigue este convenio, “porque estamos seguros que será útil para nosotros los diputados, para el personal de esta Cámara y para la sociedad mexicana en su conjunto”.

Ante el Procurador General de la República, Daniel Cabeza de Vaca, María de los Ángeles Fromow Rangel, Fiscal Especializada para la Atención de Delitos Electorales y la diputada Rebeca Godínez y Bravo, presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Heliodoro Díaz Escárraga recordó que este año, además de las elecciones federales para renovar los Poderes Legislativo y Ejecutivo, tendrán lugar 13 procesos electorales en doce entidades federativas y en el Distrito Federal.

En estos, apuntó, se elegirán cinco gobernadores, un jefe de gobierno, 16 jefes delegacionales, 469 diputados locales y 567 consejales y en todos ellos, sin excepción, deberá imperar la legalidad, la transparencia, la civilidad y el respeto a las instituciones y a los adversarios políticos.

El también diputado priísta señaló que tanto los órganos electorales, gobiernos, partidos políticos, candidatos y ciudadanos, tenemos que estar a la altura de las circunstancias actuales de nuestro país, por lo que todos, debemos entender que en las elecciones de este año están juego nuestro avance político y el de la democracia.

Por tanto, dijo, el cumplimiento de la ley es presupuesto indispensable para lograr elecciones justas, ordenadas y creíbles.

Añadió que las transformaciones que demanda el país sólo podrán alcanzarse si las autoridades que surjan de las contiendas electorales llegan al poder teniendo como base formal y material la legitimidad.

No basta, subrayó, con alcanzar el poder gracias al voto de las mayorías, pues esto reduciría el elemento supremo de las democracias a términos estrictamente cuantitativos, “las elecciones no son un asunto de meras cantidades, el poder para tener calidad y ser aceptado por ganadores y perdedores deben sustentarse también y fundamentalmente en la legitimidad.

Sobre este punto explicó que la legitimidad proviene de la imparcialidad, limpieza y la equidad de los procesos electorales.

Díaz Escárraga sentenció que de poco sirve el triunfo electoral si este está empañado por la sospecha de inducción, coacción o compraventa del voto; del uso de recursos de procedencia ilícita en las campañas, de inequidad en el acceso a los medios de comunicación.

“México ya no quiere saber, a toro pasado, que eligió por error, que se equivocó al tomar decisiones, por no conocer la información necesaria para orientar el sentido de su voto. Tampoco desea tener representantes producto de la emoción del momento, del engaño, de la promesa fácil, del uso de programas públicos como ariete proselitista, del dinero proveniente de empresas mercantiles, del extranjero o de actividades penadas por la ley”, recalcó.

Indicó que términos como el “embarazo de urnas” “operación tamal” o el “ratón loco” acuñados fundadamente por la picardía nacional, deben quedar sólo en el anecdotario, pero asimismo, agregó el diputado presidente de la Mesa Directiva, debieran quedar los actos de campaña de gobernantes como la presencia o participación en mítines de secretarios de despacho, gobernadores o presidentes municipales, o los mensajes subliminales escondidos en la publicidad oficial.

Para concretar esas aspiraciones, abundó, hay que comenzar por fortalecer, en todas partes, la cultura de la legalidad y mejorar nuestras prácticas en materia de prevención del delito Electoral.

Por su parte, el Procurador General de la República, Daniel Cabeza de Vaca, expuso que los poderes de la Unión y la sociedad deben conjuntarse durante los procesos electorales para constituir un frente común en el cual prevalezca la ley y se frene a quienes pretenden vulnerar la libertad del sufragio.

Aseguró que el Estado mexicano está preparado para garantizar comicios libres y justos, aunque advirtió que es indispensable mantener un trabajo permanente para prevenir y combatir conductas delictivas que perviertan la libertad del sufragio, la equidad electoral y los resultados de los comicios.

“La estricta aplicación de la Ley debe prevalecer en todo momento para garantizar la seguridad de los procesos democráticos y electorales. En la Procuraduría General de la República no permitiremos que nadie vulnere la confiabilidad y tranquilidad de los comicios federales”, dijo.

El Procurador General de la República mencionó la necesidad de impulsar una mayor participación social en los procesos electorales para lograr una democracia más sólida, donde el ciudadano sea participativo en la toma de decisiones.

Finalmente dejó en claro que las instituciones de gobierno y los servidores públicos “no podemos ni debemos influir en los resultados electorales porque traicionaríamos la confianza de los mexicanos; los servidores públicos no somos parte de la contienda electoral”.

A su vez, la titular de la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) de la PGR, María de los Ángeles Fromow Rangel, destacó que dicho convenio por su contenido, dirigido hacia un proceso electoral federal, es inédito en la historia del país y tal hecho constituye un avance sustancial para la democracia.

Aseveró que éste busca fortalecer la capacidad del Estado Mexicano, para evitar que los recursos públicos se utilicen con fines políticos o electorales, así como lograr que los servidores públicos conozcan sus derechos y obligaciones.

Afirmó que el gobierno no es un contendiente más en el proceso electoral. Los bienes y servicios que son entregados a los ciudadanos a través de las instituciones de Estado son resultado del trabajo de la nación y en ese sentido el voto es la expresión libre de la voluntad de la sociedad.

Con base a este convenio, Fromow Rangel resaltó que la Cámara de Diputados y la FEPADE organizarán conferencias en materia penal electoral y de prevención de delitos electorales federales, para que los servidores públicos y la ciudadanía en general conozcan del tema.

Suscribieron el acuerdo, por la Cámara de Diputados, su presidente Heliodoro Díaz Escárraga y por la PGR, su titular, Daniel Cabeza de Vaca; como testigos firmaron la diputada Rebeca Godínez y Bravo, presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y María de los Ángeles Fromow Rangel, fiscal especializada para la Atención de Delitos Electorales de la PGR.