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A fin de no vulnerar la soberanía del país, ni generar una competencia desleal dentro del sector aduanero nacional, se presentará proposición con punto de acuerdo que solicita al titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), para que suspenda la “Convocatoria Pública para Obtener títulos de Autorización a que se refiere el artículo 16 de la Ley Aduanera”, a cargo del diputado Javier Villacaña Jiménez (PRI).

En el Diario Oficial de la Federación del pasado 11 de octubre se publicó convocatoria para las personas morales interesadas en prestar al SAT los servicios de facilitación del reconocimiento aduanero de mercancías, que deberían ser provistos de manera integral por el proveedor que lograra dicha autorización; situación que provocó diversas reacciones por parte de los legisladores.
Por un lado, el diputado Jorge Martínez Ramos (PRD) presentó punto de acuerdo que exhortaba al titular del Ejecutivo Federal para instruir al Secretario de Hacienda y Crédito Público a suspender el procedimiento de adjudicación de la Administración de Aduanas Mexicanas.

De igual forma, el senador César Raúl Ojeda Zubieta (PRD) expuso un punto de acuerdo para que el Secretario de Hacienda y Crédito Público remitiera la información suficiente con el fin de solventar, con fundamentos constitucionales, así como los motivos técnicos, sociales y económicos pertinentes para conocer la procedencia de dicha convocatoria.

El pasado 13 de diciembre, en voz del senador Rubén Zarazúa Rocha (PRI), se presentó iniciativa para reformar el párrafo segundo del artículo 16 de la Ley Aduanera, con el propósito de que sólo empresas mexicanas, cuyo capital sea también de inversionistas nacionales, puedan prestar los servicios del segundo reconocimiento.

Ante ello, el legislador Villacaña Jiménez pedirá al Poder Ejecutivo que de forma inmediata y definitiva se suspenda el proceso de licitación hasta que sean explicados los términos e implicaciones de la convocatoria.

Además, se deberá aclarar la conveniencia para el país en términos de Soberanía y Seguridad Nacional, con respecto a las verificaciones de mercancías extranjeras en su país de origen, para que al arribo en territorio nacional ingresen sin ningún mecanismo de control ni verificación; así como revelar si la comprobación en sitio podría o no permitir la entrada del denominado “contrabando documentado” o del contrabando general.

Del mismo modo, se solicitará un informe, a entregarse en un plazo que no exceda los 10 días hábiles a partir del día siguiente de su notificación, con respecto al impacto social y económico que tendría esta medida. Asimismo, se deberán mostrar las estrategias que consigan aportar mejores resultados en el combate a la corrupción en las aduanas mexicanas.