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Uno de los principales objetivos del gobierno es otorgar una educación de calidad que garantice la formación de nuevas generaciones profesionales de alto nivel, capaces de competir con el demandante mercado laboral.

En cumplimiento de tal principio, es necesario erradicar la falsificación de cualquier documento que acredite la obtención de algún grado académico. Ante ello, la Comisión Permanente exhortó a la Secretaría de Educación Pública (SEP), instituciones de educación media superior y superior a realizar acuerdos para evitar este tipo de prácticas.

A través de un punto de acuerdo, presentado por el diputado Francisco Landero Gutiérrez (PAN) y turnado a la Tercera Comisión de Trabajo, se busca unificar los candados de seguridad en todo el territorio nacional, con el fin de evitar la falsificación de títulos, constancias y cédulas profesionales.

En materia de educación es prioridad desarrollar programas educativos con las suficientes habilidades técnicas y científicas para la formación de profesionales capaces de impulsar y mantener al país dentro de la competitividad.

Estas acciones ilícitas ponen en riesgo al sistema educativo nacional y a los estudiantes que se esfuerzan en el cumplimiento de los programas educacionales y los requisitos curriculares que les permiten la obtención de un título profesional de manera legal.

No obstante que en la actualidad existen diferentes dispositivos de seguridad, los avances tecnológicos se han desarrollado a pasos agigantados, lo que ha facilitado la falsificación de este tipo de papeles.

En virtud de lo anterior, la SEP diseñó 15 candados de seguridad, que procuran hacer infalsificables los documentos emitidos por la Dirección General de Profesiones, sin embargo las personas que se dedican a hacer estas imitaciones han logrado clonarlos de manera casi exacta.

Diversos lugares, como la plaza de Santo Domingo, en el Distrito Federal, e imprentas clandestinas que operan en todo el país ofrecen documentos que avalan la culminación de estudios de educación media superior y superior, por cantidades que van de los mil hasta los 45 mil pesos.

El año pasado la Procuraduría General de la República (PGR) recibió 534 denuncias por este tipo de delitos, las cuales fueron remitidas a las autoridades pertinentes, para su pronta resolución.

La proposición también va encaminada a que la PGR trabaje de manera conjunta con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para lograr la detención de quienes cometan este tipo de delitos.