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Boletín N°. 2594 11 millones de pesos gasta el gobierno federal diariamente para mantener Ceferesos

• Esos centros penitenciarios tienen una sobrepoblación de 129 %

• El diputado Roberto Marrufo Torres propone ampliar el beneficio de la libertad bajo fianza a internos sentenciados a 5 años de cárcel

El Gobierno Federal absorbe un gasto de más de 11 millones de pesos diarios por gastos fijos de centros penitenciarios, pues ante la inseguridad pública que vive el país, la sociedad ha obligado a la autoridad a endurecer la aplicación de la justicia, ocasionando que las prisiones federales mantengan una sobrepoblación de 129 por ciento.

Afirmó lo anterior el diputado Roberto Antonio Marrufo Torres (PRI) al presentar una iniciativa de reformas a la fracción II del artículo 70 del Código Penal Federal, con la cual se pretende que un indiciado pueda obtener su libertad bajo caución cuando su sentencia sea de cinco años de prisión en lugar de cuatro, lo que ayudaría a que muchos internos que no significan un peligro real para la sociedad pudieran obtener su libertad y aliviar sobrepoblación existente en los penales.

Señaló que es necesario modificar y adaptar la legislación penal para facilitar la libertad de primodelincuentes que fueron víctimas de situaciones extraordinarias a la hora de delinquir, que no significan un peligro patológico para la sociedad y que no mantienen vínculos con organizaciones criminales o con el narcotráfico.

Agregó que la inseguridad pública que vive el país conlleva costos económicos importantes, desalienta la inversión, frena la creación de empleos y restringe la posibilidad de que muchas familias puedan acceder a un ingreso digno que les permita mejorar sus condiciones de vida, incrementando considerablemente la brecha de la desigualdad.

Argumentó que un porcentaje muy alto de quienes ocasionan este problema, son personas acusadas de delitos menores o que tuvieron una mala defensa por no contar con recursos económicos, a diferencia de los delincuentes profesionales o quienes tienen vínculos con la delincuencia organizada, que tienen los recursos económicos suficientes y pagan servicios jurídicos que utilizan todas las argucias legales a su alcance para conseguir su libertad.

“Las instituciones encargadas de la impartición de justicia en nuestro país han hecho esfuerzos importantes tratando de que los defensores de oficio atiendan a quienes carecen de recursos para llevar la defensa, pero la gravedad del problema impide una cobertura suficiente, quedando la mayoría de los indiciados sin un defensor público”.

Señaló que la sobrepoblación en los centros penitenciarios es una prioridad para las autoridades responsables de ellos, pues implica dificultades como la escasez de ofertas laborales y educativas, además de que la seguridad y vigilancia de los custodios se torna más difícil en cárceles federales.

“Cada custodio tiene a su cargo 24 reclusos, mientras que en países como Estados Unidos o Francia, hay un custodio por cada cuatro internos”, aseveró.

La modificación propuesta plantea que la prisión podrá ser sustituida, cuando no exceda de cinco años y que dicha sustitución no podrá aplicarse a quien anteriormente hubiere sido condenado en sentencia ejecutoriada por delito doloso que se persiga de oficio, ni a quien sea condenado por uso ilícito de instalaciones destinadas al tránsito aéreo, delitos contra la salud; corrupción de menores o incapaces; violación; homicidio; secuestro y tráfico de menores; comercialización de objetos robados; robo de vehículo; robo u operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El legislador jalisciense explicó, finalmente, que de aprobarse esta medida se podrían beneficiar entre 30 mil y 40 mil reos.

 
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