La comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados recibió una propuesta con punto de acuerdo por parte del grupo parlamentario del PRD por el que se exhorta al poder Ejecutivo Federal a ejercer, llegado el momento, la acción legal adecuada ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la ley Sensenbrenner y sus efectos.

Además para que elabore un plan detallado de corto, mediano y largo plazos con el fin de combatir esta ley y las similares que pudieran iniciarse en el futuro.

En el documento, firmado por los diputados Emiliano Vladimir Ramos Hernández y Rosario Herrera Ascencio se argumenta que Estados Unidos puede construir lo que deseen en su territorio, lo que no es admisible es que con cualquier pretexto se quebranten los derechos humanos de los inmigrantes, así como leyes internacionales.

Tal iniciativa viola por lo menos cuatro instrumentos internacionales, como son: el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el de los Derechos Civiles y Políticos, así como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Universal de los Derechos Humanos, lo que no debe ser admisible.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el 16 de diciembre de 2005, con 239 contra 182 votos el Acta Protección Fronteriza, Antiterrorismo y Control de Inmigración Ilegal de 2005, la cual autoriza la construcción de casi mil kilómetros de bardas dobles.

Asimismo, convierte la estadía ilegal en un delito, cuando anteriormente sólo se consideraba una violación civil, equivalente a una falta administrativa; da poderes al Departamento de Seguridad Interior para señalar a cualquiera como miembro de una pandilla; autoriza a la policía de los estados fronterizos a ejecutar dicha norma.

Igualmente, provee a la Secretaría de Seguridad Interna a instituir un programa de verificación de eligibilidad de empleo; elimina la revisión judicial del retiro de visa, lo que equivale, en términos de la legislación mexicana, a prohibir el juicio de amparo para foráneos; obliga a los no inmigrantes a no ejercer ninguna acción legal contra la inadmisibilidad que en su contra se declare o sólo realizarlo por la vía del asilo.

Sólo en el 2005 han perdido la vida 443 connacionales al intentar pasar a Estados Unidos; por lo que este tipo de medidas lo único que origina es una mayor propensión a la violación de derechos humanos y el ascenso de muertes a manos de la policía fronteriza.