• El titular de la Función Pública señaló la inconveniencia de “exagerar la nota” en casos de desvíos.

• Ha habido sanciones modestas para funcionarios: diputado Víctor Hugo Islas

La Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados exigió resultados al Gobierno Federal en materia de transparencia, rendición de cuentas y prevención de la corrupción, en reunión de trabajo con el titular de la respectiva Secretaría, Eduardo Romero Ramos a quien se le cuestionó sobre el supuesto tráfico de influencias y enriquecimiento de la familia Bribiesca Sahagún, así como el desvío de recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN).

El presidente de dicha comisión, diputado Víctor Hugo Islas Hernández solicitó al funcionario información sobre el caso del Fondo Nacional de Desastres Naturales, el cual, dijo, ha entrado en una nueva fase procesal y de auditoría.

Agregó que en dicho asunto ha habido confusión e inconformidad, “porque consideramos una sanción muy modesta en contra de los servidores públicos que se involucraron en los desvíos, incluyendo a la señora Carmen Segura Rangel, además de que no se ha cubierto el daño patrimonial causado al Estado, a costa de un sector pobre y vulnerable, como es el de los damnificados”.

Destacó que se ha hablado de poco más de 3 mil millones de pesos, aunque existe la posibilidad de que los desvíos puedan ser de hasta 7 mil millones de pesos, por lo que se debe aclarar debidamente conforme a la ley.

Preguntó en torno al papel que ha desempeñado la Secretaría de la Función Pública en el caso de las indagaciones sobre el supuesto tráfico de influencias y enriquecimiento al amparo del poder de la familia Bribiesca Sahagún.

El diputado priísta interrogó qué cartas ha tomado la Función Pública para garantizar la transparencia y legalidad sobre el caso de la licitación para otorgar el segundo reconocimiento aduanero a empresas trasnacionales, “ante probables vínculos de ex funcionarios que gestionan ventajas para sus representantes en este proceso, como sería el caso de la aduana de San Luis, donde está implicado un ex servidor inhabilitado”.

Cuestionó también respecto a la falsificación de títulos educativos y sobre las medidas que se han tomado para corregir esta situación y prevenir problemas similares en áreas donde se expiden certificaciones oficiales.

Afirmó que la misión de la Función Pública está ceñida al abatimiento de los niveles de corrupción y a la transparencia, no obstante, no se percibe así en la parte que corresponde a la profesionalización tanto de los procesos administrativos, como del servicio profesional de carrera.

Interrogó sobre si se ha logrado garantizar la imparcialidad, certificación de las mejores capacidades y la correcta integración de los servidores públicos que han accedido al trabajo gubernamental al amparo de la Ley del Servicio Profesional de Carrera.

Exhortó al titular de la Función Pública para que estos últimos meses del gobierno, resuelva algunas de las dudas planteadas, “como el comentario acerca de la actitud del presidente Vicente Fox, en torno a que quiere una disculpa de los diputados. A lo mejor en el pleno, el próximo periodo de sesiones, le pediremos que haga una disculpa para los mexicanos”.

Añadió que es momento de dar seguimiento y no sólo enviar el recurso federal y estatal; “debe haber instancias que corrijan las irregularidades y que los mexicanos veamos que la creación de la Secretaría de la Función Pública no fue como se decía en el pasado... sino que vaya más allá de los reclamos, exigencias e irritación que surgen cuando un funcionario dice que no habrá dinero si se presenta alguna desgracia”.

En su intervención, la diputada Beatriz Mojica Morga (PRD) pidió revisar a fondo el servicio profesional de carrera en la Administración Pública, pues hay irregularidades en la asignación de plazas, sobre todo, por discrecionalidad en quienes aplican los exámenes.

Preguntó sobre el asunto de El Tamarindillo, terrenos y playa que se adjudicaban al Presidente de la República, en el cual se vieron involucradas la Secretaría de Reforma Agraria y Procuraduría Agraria. Asimismo, si se ha realizado alguna evaluación sobre la forma como se resolvió el caso del Pemexgate.

Interrogó también que si ante la actual campaña electoral, la dependencia ha formulado alguna recomendación para que no se utilicen recursos materiales y humanos; no se desvíen fondos, ni se utilicen programas sociales para apoyar a los candidatos sobre todo del partido en el gobierno, para evitar repetir lo ocurrido en la contienda del año 2000 con fondos de PEMEX.

Mencionó que si en el tráfico de influencias en que han incurrido los hijos de la esposa del Presidente Fox, se ha revisado la actuación de los funcionarios públicos que en diversas instancias de la Administración Pública Federal han favorecido con su apoyo y resoluciones. “Cuál es su opinión sobre las declaraciones de Fox en las que exonera a sus parientes sin antes conocer el resultado de las investigaciones de la comisión de la Cámara de Diputados formada para tal efecto”.

En respuesta, el funcionario informó que en el caso del Fonden se encontró un posible daño patrimonial de 1.7 millones de pesos, por los cuales se sancionó a la titular de la unidad respectiva, Carmen Segura Rangel, y algunos otros funcionarios.

Añadió que se estudian otros tres expedientes más que no han concluido y que están abiertos en responsabilidades, no obstante, anticipó que los montos, que son materia de las auditorías, con mucho, no llegan a los cientos ni a los miles de millones de pesos como se ha querido hacer ver.

“Me parece importante que acotemos el asunto FONDEN, pues las cuantías están muy lejos de los miles de millones de pesos que se esgrimen en medios de comunicación y otras opiniones; ahora el diputado Islas nos dice que hasta puede ser de 7 mil millones, algún otro puede decir que es de hasta 10 mil; nosotros no tenemos información de eso”.

Destacó que es bueno para el ambiente político mexicano que a estos asuntos se les dé la dimensión adecuada y los tamaños correctos, “ya que la excesiva generalización exagera la nota”.

En el caso de la familia Bribiesca Sahagún, dijo que la Secretaría de la Función Pública entregó con la mayor celeridad posible la información que le fue solicitada en relación con algunas compañías.

Aclaró, ante la exigencia de los diputados, que la Secretaría de la Función Pública no tiene atribuciones para revisar, verificar, o auditar las actividades entre particulares, y que sólo se da cuando existe una relación concreta directa con el gobierno, o cuando un particular maneja o aplica recursos públicos federales.

Señaló que “hemos cumplido puntualmente con los requerimientos de la Comisión; no hemos encontrado, en la información que enviamos, documentación concreta que involucre a sociedades o contratos de obra o de otro tipo, a sociedades en los que aparezcan estos señores como accionistas”.

Sobre las licitaciones para el segundo reconocimiento que lleva a cabo la Dirección General de Aduanas, indicó que hasta el día de hoy no se ha encontrado nada en concreto en los documentos que se llevan en los expedientes respectivos, aparentemente estas licitaciones se han apegado a derecho.

En el asunto de falsificación de títulos ejecutivos se encontró que algunos servidores públicos dentro de la SEP formaban parte de una red que estaba vendiendo títulos apócrifos; ha sido desmantelada y sus integrantes procesados penalmente. Agregó que se seguirán estableciendo más y mejores sistemas de control para que esto no suceda.

“La falsificación de títulos va mas allá de las áreas de gobierno, se realiza fuera del ámbito gubernamental, es un problema que padecen las universidades y otras instituciones de educación superior, escuelas públicas y privadas”, advirtió.

Informó que hay alrededor de 150 denuncias penales por falsificación de títulos en la PGR; es un tema que se está atendiendo de manera frontal, opinó.

En su intervención, la diputada María Angélica Díaz del Campo (PRD) señaló que para perfeccionar el servicio de carrera es necesario trabajar conjuntamente, a fin de alcanzar la corresponsabilidad de los auditores con los funcionarios.

Dijo que los auditores y la Auditoría Superior de la Federación deben obtener mayores facultades, así como homologar las funciones y realizar propuestas. Criticó que los auditores no son corresponsables con los funcionarios.

Romero Ramos informó también que, en cinco años, la dependencia ha realizado 29 mil 503 auditorías a través de las áreas respectivas, de los órganos internos de control y de los auditores externos.

Como resultado de este proceso, dijo, se han determinado 87 mil 238 observaciones, de las que el 90 por ciento han sido solventadas, es decir, 78 mil 743.

Agregó que de las 8 mil 153 observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación a la presente administración, se han solventado 6 mil 977 (85.6 por ciento) y adicionalmente se han obtenido recuperaciones por 31 mil 988.7 millones de pesos, derivado de las intervenciones de los órganos internos de control.

El funcionario mencionó también que la Secretaría de la Función Pública está aplicando oportuna y rigurosamente sanciones a las conductas contrarias a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por lo que en la presente administración se han aplicado 33 mil 294 sanciones administrativas a 25 mil 937 servidores públicos y se han formulado 87 denuncias penales.

“El número de servidores públicos sancionados anualmente equivale a uno de cada cien del total de éstos dentro de la Administración Pública Federal y el 38 por ciento corresponde a destituciones e inhabilitaciones, mientras que el 62 por ciento se refiere a amonestaciones, suspensiones y apercibimientos”, subrayó.

Respecto de los nuevos dispositivos de detección de irregularidades a través de operativos especiales del programa de usuario simulado, han generado la instrumentación de 131 actas administrativas a 90 servidores públicos sorprendidos en flagrancia.

Para clausurar la reunión, el diputado Salvador Vega Casillas, secretario de la comisión, resaltó la importancia de este órgano legislativo, para corresponder a la facultad del Congreso de revisar las cuentas por los cauces adecuados.

Explicó que la única manera responsable de llevar a cabo esta revisión es a través de las comisiones y tener datos suficientes, “que tanto los diputados como los actores políticos, nos sujetemos a lo que los técnicos dicen; sólo así podremos crear la credibilidad que necesitamos darle a la población, porque esta es nuestra principal función”.

Finalmente, agregó que la creación de esta comisión es un avance que se debe aprovechar para que todos estos temas sean revisados a fondo y con profesionalismo.