• Es un tema que se mantenía en la privacidad del hogar: diputada Diva Hadamira

En la sesión de hoy de la Cámara de Diputados se propuso reformar la Constitución Política para que el Estado lleve a cabo acciones inmediatas y oportunas, a fin de proteger la vida e integridad de las víctimas de la violencia familiar y evitar la comisión de delitos graves como el homicidio.

La diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo (PRI) presentó dicha iniciativa de ley que reforma los artículos 14 y 20 de la Carta Magna y planteó que los sistemas de auxilio a víctimas se otorguen dentro de las 24 horas siguientes al inicio de la averiguación previa en los delitos de violencia familiar y violación.

Indicó que la problemática de la violencia familiar era un tema olvidado que se quedaba en la privacidad de un hogar, sin tener cabida ante el Estado como órgano encargado de sancionar a quienes cometían este tipo de conductas. No obstante, dijo, este fenómeno ha provocado delitos como lesiones, amenazas e incluso homicidios. La propuesta se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Reforma a Ley de los Institutos Nacionales de Salud

En su oportunidad, el diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa (PRI), presentó una iniciativa de reformas a las fracciones I y III del artículo 54 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, con el objeto de que brinden atención a padecimientos de alta complejidad diagnóstica y de tratamiento, así como de urgencia a cualquier persona sin discriminación por razón de edad, sexo, raza, condición social, situación económica, preferencias sexuales o creencias religiosas y políticas.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Salud para su estudio y dictamen, señala que el incumplimiento de esta obligación por cualquier motivo legalmente injustificado, dará lugar a fincar las responsabilidades previstas en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

En su exposición de motivos, el legislador de Jalisco explicó que los fenómenos de homofobia, condena pública de heterosexuales, rechazo de indígenas, marginación de adultos mayores, mujeres y personas en pobreza extrema, limitan el derecho a la salud, porque los trabajadores sanitarios en el ámbito de sus especialidades no modifican su mentalidad, incurriendo en conductas que van en contra del juramento de Hipócrates pronunciado en el campo de la medicina.

Añadió que los Institutos Nacionales Cancerología, Cardiología, Ciencias Médicas, Nutrición, Enfermedades Respiratorias, Neurología, Neurocirugía, Medicina Genómica, Pediatría, Perinatología, Psiquiatría y Rehabilitación, así como los hospitales infantiles y las clínicas públicas deben prestar sus servicios con eficiencia, calidad y calidez sin distinción de personas.

Señaló que a pesar de los esfuerzos realizados por el Gobierno Federal a través del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, son altas las cifras de denuncias ciudadanas por la negativa del servicio en casos de urgencia, consulta espontánea o petición de opiniones médicas, “siendo la única vía para que los usuarios gocen de estos beneficios someterse a prácticas de amiguismo o corrupción para aspirar a obtener los servicios que por disposiciones constitucionales deben recibir en todo momento y bajo cualquier circunstancia”.

Reformas constitucionales

El diputado Ángel Pasta Muñuzuri (PAN) presentó iniciativa que reforma el artículo Tercero de la Constitución, para que en cada una de las disposiciones legales de dicho artículo se llame al ser humano persona, en ley escrita; en el lenguaje común de cada uno de nosotros debe de encontrarse plenamente dicha la palabra persona. Se remitió a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Previamente se dio turno a 89 iniciativas de ley a las comisiones respectivas, sobre temas de Justicia, Salud, Hacienda, Deporte, Trabajo y Protección Civil, entre otros.

Acuerdos de la Junta de Coordinación Política

Por otra parte, se aprobaron cinco acuerdos de la Junta de Coordinación Política. Uno por el que se integra la Comisión de la Función Pública, con lo cual se extingue la comisión especial en la materia y todos sus asuntos archivados y recursos se transfieren.

Esa instancia estará compuesta por 12 miembros nombrados por los coordinadores de los grupos parlamentarios: 4 del PRI; por el PAN, 3; PRD, 2; PVEM, PT y Convergencia, uno respectivamente. La Mesa Directiva estará conformada por un presidente designado por el grupo parlamentario del PRI, y dos secretarios, uno del PAN y uno del PRD.

Igualmente, se avaló ampliar la vigencia de la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios en la República Mexicana y a la procuración de justicia vinculada, hasta el término de la LIX Legislatura.

Otro acuerdo crea la Comisión Especial para el Campo, la cual estará integrada por 22 diputados; nueve del PRI; seis del PAN; cuatro del PRD; uno del PVEM; uno del PT y uno de Convergencia. Esta instancia dará continuidad a los trabajos desarrollados hasta el 15 de noviembre de 2005.

El objetivo será evaluar el Acuerdo Nacional para el Campo en concurrencia y con pleno respeto de los ámbitos del Poder Ejecutivo Federal y de las entidades federativas, así como analizar el funcionamiento de instituciones en la materia.

Se aprobó también integrar una Comisión de Investigación encargada de revisar las actividades del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial. Sus trabajos concluirán el 30 de Julio, contará con los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para su funcionamiento.

Esta comisión deberá presentar a la Junta de Coordinación Política dentro de los 30 días naturales siguientes a la conclusión del plazo previsto en su vigencia, los resultados de la investigación realizada. La Junta hará del conocimiento del Ejecutivo Federal los resultados de las investigaciones desarrolladas.

Asimismo, se avaló proposición por la que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que los recursos destinados en el decreto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2005 a los subsistemas de educación Colegio de Bachilleres, de 228 millones 974 mil 359 pesos y Colegio de Educación Científica y Tecnológica, de 12 millones 51 mil 282 pesos con 10 centavos se apliquen para el Programa Gradual de Nivelación Salarial.

Rinden protesta de ley

Ante el Pleno, Edith Guillén Zárate (PRD) y Daniel Raúl Arévalo Gallegos (PRI), rindieron protesta de Ley como diputados federales por el XXIX distrito electoral del Estado de México y por la Cuarta Circunscripción, respectivamente.

Al inicio de la sesión, se designó a los diputados Alejandro Murat Hinojosa (PRI) y Yadira Serrano Crespo (PRD), para asistir a la ceremonia cívica que con motivo del 81 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de 1917, el próximo 5 de febrero, a las 8:00 horas, en el patio poniente del Antiguo Palacio del Ayuntamiento del Distrito Federal, en Plaza de la Constitución y 5 de Febrero.

Se dio cuenta del informe de las actividades realizadas por la Comisión Permanente, durante el primer receso del tercer año de ejercicio de la LIX Legislatura.

El Congreso del estado de Jalisco remitió un punto de acuerdo, en el que se manifiesta en contra de la Ley de Protección Fronteriza contra el Terrorismo y Control de la Inmigración Ilegal, aprobada por la Cámara de Representantes de Estados Unidos y solicita al Congreso de la Unión plantear el tema en la reunión interparlamentaria binacional México-Estados Unidos, a celebrarse el próximo mes de marzo de 2006.

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal envió un punto de acuerdo por el que solicita al Congreso de la Unión apruebe las reformas del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud, y para que la Cámara de Diputados considere en la próxima planeación del Presupuesto una partida especial para el Distrito Federal, a fin de hacer frente al narcomenudeo.

Dictámenes Negativos

La presidencia de la Mesa Directiva ordenó archivar como asuntos totalmente concluidos, los dictámenes negativos a iniciativas que pretendían reformar las leyes de Vías Generales de Comunicación, de los Derechos de Adultos Mayores, General de Bienes Nacionales, del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, General de Salud y de Desarrollo Forestal Sustentable.