A raíz de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, la porcicultura nacional ha padecido un grave daño provocado por los altos volúmenes de importaciones de carne de cerdo, que ingresan al país a un precio muy por debajo de los costos de producción.

Esta competencia desleal ha originado que en México se haya sustituido el consumo de carne de cerdo nacional en más de un 50 por ciento por carne de los Estados Unidos, generando la pérdida de empleos e ingresos, así como el desmantelamiento de granjas e, incluso, migración de productores.

Ante este panorama, el Pleno aprobó punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal expida inmediatamente la resolución para que se impongan impuestos a la importación de piernas, paletas y sus trozos de cerdo en su modalidad de frescas, refrigeradas o congeladas, cubriendo los trámites necesarios, de acuerdo a los compromisos internacionales de México.

La propuesta realizada por el diputado José Erandi Bermúdez Méndez (PAN) resalta que el Ejecutivo debe proceder a la revocación de la resolución por la que se concluye la investigación antidumping sobre las importaciones.

También pide a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y Economía informen en un plazo que no exceda de 10 días a partir de la aprobación del punto de acuerdo, las acciones dirigidas en apoyo al sector porcícola nacional frente a las importaciones de los Estados Unidos.

Al hablar en pro, el diputado Reynaldo Valdés Manzo (PRD) indicó: “sorprenden las acciones del Ejecutivo en contra de esta actividad, pero sobre todo la realizada por la Secretaría de Economía, al no reconocer que la actividad pecuaria genera empleos e ingresos.

Destacó que no es posible que la Secretaría de Economía pretenda que el sector primario no sea parte fundamental de la economía nacional. Sostuvo que estas secretarías lo que buscan es que la industria nacional utilice materias primas importadas.

Dijo: “No podemos permitir que se sigan cerrando importantes fuentes de trabajo obligando a los productores a migrar a un país en el que son vistos como ciudadanos de segunda o de tercera y se les trata como criminales y mata por la espalda”.

En el mismo sentido, el legislador Alejandro Saldaña Villaseñor (PRI) afirmó que no se entiende porqué las autoridades mexicanas prefieren servir a los productores de otros países, en detrimento de los nacionales.

Señaló la necesidad de investigar los intereses que mueven a los funcionarios de la Secretaría de Economía, protegiendo a los importadores de productos porcícolas,

“Lo único que se ha logrado es que se encuentren vacías cerca de 300 granjas porcícolas, condenando así a muchos mexicanos a vivir en la pobreza y fomentar la migración”, conlcuyó.

Reconstrucción de Chiapas

También se avaló exhortó al gobernador del estado de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, a fin de presentar un informe minucioso de la aplicación de los recursos federales que se han asignado para la reconstrucción de la entidad, y se solicita al órgano judicial del gobierno chiapaneco dar seguimiento a las denuncias presentadas contra funcionarios de la administración de esa entidad por el presunto desvío de recursos federales con fines electorales.

Al presentar la propuesta, Roberto Aquiles Aguilar Hernández (PRI) indicó que a más de tres meses de los daños ocasionados por el huracán Stan en Chiapas, el gobierno del estado sólo ha aplicado mil 800 millones de pesos, sin que hasta el momento se haya recibido reporte alguno de cómo y en qué forma lo ha hecho.

“El gobierno de la República anunció una línea de crédito, a través de Nacional Financiera, por 400 millones de pesos; FONAES anunció un fondo revolvente por más de 400 millones de pesos; Sedesol, quien encabeza las acciones de abasto y entrega de apoyo económico, reportó haber canalizado 300 millones de pesos para alimentación, salud y alimentación, para cerca de 225 familias inscritas en Oportunidades y, según informes de SCT, se solicitaron al Fonden, recursos por 2 mil 367.1 millones de pesos para atender los daños en la entidad”.

Dijo que el Gobierno Federal ha usado el desastre en Chiapas con fines propagandísticos y para anunciar avances y acciones que no se han dado. “El Presidente de la República le ha mentido a los chiapanecos; los apoyos no se han manejado con transparencia, los caminos y las carreteras afectadas no han sido reparados, ya que el 80% de la maquinaria está parada o descompuesta, además de que los incentivos fiscales que se dieron a otros estados afectados por los fenómenos naturales no se dieron en Chiapas”.

En su oportunidad, el diputado Francisco Rojas Toledo (PAN) dijo no estar en contra de que se investigue profundamente si existen desvíos, no obstante, consideró que falta tiempo para la reconstrucción de la parte afectada. “Lo grave es que se acuse de desvío de recursos cuando militantes distinguidos del PRI lucraron con el dolor de los chiapanecos en desgracia, cuando las despensas enviadas por el municipio de Tijuana, Baja California, fueron usados con fines electorales”.

Más adelante, Pedro Ávila Nevárez (PRI) señaló que durante los desastres naturales en Chiapas no hubo panistas, perredistas, verdes, o priístas, “todos seguimos el ejemplo de Fox de enviar apoyos al estado y hoy nos decepciona ver que esos donativos que envió el Gobierno Federal no se distribuyeron en la forma que hubiéramos querido”.

Agregó que los gobernadores panistas sólo jalan agua para su molino y les importa muy poco que el pueblo se muera de hambre. Hizo un llamado para que el gobernador de Chiapas informe con claridad y veracidad dónde está el dinero que le enviaron el pueblo de México y el gobierno federal para la reconstrucción del estado.

Enseguida, la diputada del PRD, Clara Marina Brugada Molina, propuso la creación de una comisión de diputados que vigile que ningún programa social destinado a combatir la pobreza sea utilizado con fines electorales y pueda hacer las investigaciones necesarias para obligar a que el gobierno federal dé información o instruya a los funcionarios para que se evite esta práctica.

“Lo que pasa en Chiapas y otros estados no lo podemos permitir. Si realmente hay un compromiso del Ejecutivo de garantizar que todos los recursos y los miles de millones de pesos destinados para programas sociales no sean utilizados políticamente, lo tenemos que demostrar”, enfatizó.

En su oportunidad, el diputado priísta Julián Nazar Morales coincidió con la propuesta y manifestó que es importante tener un proyecto que dé claridad a la vida política del país y transparencia al manejo de los recursos.

Acuerdo de Asociación Estratégica con Chile

También se aprobó proposición por la que se solicita al Ejecutivo Federal a que mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores haga pública toda información relativa al Acuerdo de Asociación Estratégica firmado con Chile el pasado 27 de enero del año en curso.

El documento, a cargo del diputado Jorge Martínez Ramos (PRD) expone que la firma de este convenio ha sido valorada por ambas naciones como un esfuerzo por recomponer la relación política que se vio afectada después de la confrontación por la Secretaría General de la OEA.

Vigilar que no se desvíen recursos en el proceso electoral

La diputada Beatriz Mojica Morga (PRD) propuso crear una comisión especial plural de diputados federales encargada de vigilar que no se desvíen recursos públicos en el proceso electoral de 2006.

Asimismo pidió que el titular del Poder Ejecutivo exhorte a los responsables de las áreas de gobierno, central y paraestatal, a fin de que no utilicen recursos materiales y humanos, ni desvíen fondos o utilicen los programas sociales para apoyar a los candidatos. Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

Enfermedades renales

A fin de prevenir enfermedades renales, la diputada María del Carmen Mendoza Flores (PAN) propuso punto de acuerdo que exhorta a todas las autoridades de salud a realizar de manera obligatoria un urianálisis en la población pediátrica. Se envió a la Comisión de Salud.

Asimismo, durante la sesión, fueron turnados a Comisiones 31 puntos de acuerdo. Además se conocieron cuatro excitativas a las comisiones de Gobernación, de Radio, Televisión y Cinematografía, así como la de Puntos Constitucionales, para que se resuelvan las iniciativas de su competencia pendientes a dictaminar.

Posteriormente se levantó la sesión y se citó para el día martes 7 de febrero a las 11:00 hrs.