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• La discriminación, exclusión y explotación siguen siendo fuertes obstáculos para ellas

Para tener un respaldo jurídico que contenga una real perspectiva de género, estableciendo las condiciones de seguridad a todas las mujeres del país, la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo (PRI), y las perredistas Marcela Largarde y de los Ríos y Angélica de la Peña Gómez, presentaron iniciativa por la que se crea la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Esta ley impulsaría reformas jurídicas que permitan a las mujeres acceder a sus derechos fundamentales, al mismo tiempo, sancionar a quienes los transgreden, aun tratándose del propio Estado, explica el documento.

Asimismo, señala que actualmente la violencia de género, la discriminación, exclusión y explotación siguen siendo obstáculos para que las mujeres ejerzan sus derechos.

Destaca que se busca involucrar a las autoridades con el propósito de que vigilen el eficaz cumplimento de los programas sobre la no violencia contra las mujeres, como complemento de la labor legislativa, que en el marco del federalismo debe aplicarse en todas las entidades.

Menciona que el propósito es reconocer el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, como sujetos de derechos, independiente de su edad, estado civil, profesión, religión, origen étnico, condición social y de aquellas circunstancias que le ocasionen desventajas.

Refiere que la violencia sexual debe contemplarse no sólo en cuanto a su persecución como ilícito penal, sino como medida preventiva, que favorezca el desaliento y la condena social.

La Ley también incorpora normas en cuanto al auxilio del Estado a las estrategias de supervivencia social que las mujeres han implementado para frenar la violencia.

De igual forma contempla las agresiones ejercidas en contra de las migrantes y las mujeres recluidas, así como aquellas que por diversos motivos, lícitos o ilícitos, son sujetas a detención policiaca.

Puntualiza que una de las aportaciones más relevantes será la incorporación del concepto alerta de género , cuyo objeto es ubicar las zonas del territorio nacional con mayor índice de violencia hacia las mujeres, lo que permitiría detectar en qué orden de gobierno no se cumple la ley y en qué zona se violentan sus derechos.

Finalmente expresa que “toda mujer que viva en el territorio nacional tiene derecho a vivir sin violencia, en un ambiente de seguridad que le permita su desarrollo en todos los ámbitos; mientras que a las autoridades les corresponde velar por sus derechos fundamentales”.