• Insoslayable, penalizar los delitos contra la prensa: Beatriz Mojica

• Después de Colombia, México el país con más asesinatos contra periodistas: Lydia Cacho

Agresiones ocurridas en contra de la periodista Lydia Cacho y la del periódico el Mañana de Nuevo Laredo, ponen al país en la necesidad de una legislación federal que permita penalizar los delitos contra la prensa y sobre todo el honor, a través de sanciones civiles que garanticen el derecho a la vida privada y fortalezcan la libertad de expresión.

Así lo manifestó la diputada Beatriz Mojica Morga (PRD), presidenta del Grupo de Trabajo de Seguimiento a las agresiones a Periodistas y a los Medios de Comunicación, durante el foro La despenalización de los delitos de prensa: Elementos para una Reforma Legislativa, celebrado en el Recinto de San Lázaro.

Dijo que dadas las circunstancias que se han vivido en el país, como lo es el caso de Lydia Cacho y lo sucedido en Nuevo Laredo, da cuenta de la gravedad que se vive y de la necesidad de combatir desde todos los ámbitos estos problemas.

Señaló: “hemos podido documentar que el ejercicio de la libertad de expresión y en concreto el ejercicio periodístico se ha visto amenazado e incluso flagrantemente agredido, la intimidación a los periodistas y a su familia a través de amenazas verbales o escritas y la violencia física a persona o bienes es el método que se utiliza con mayor frecuencia para coartar la libertad de expresión e información”.

La legisladora puntualizó que con estas agresiones se afecta no sólo el Estado de derecho, sino la construcción de una sociedad democrática a la que se aspira. Agregó que los asesinatos, secuestros e intimidaciones son la principal manera de coartar la libertad de expresión e información.

Destacó que las restricciones legales de tipo penal aún existentes, son el principal obstáculo institucional para el efectivo reconocimiento de este derecho, por lo que es necesario contar con una legislación adecuada y protectora de los ejercicios democráticos.

Mojica Morga subrayó que la libertad de expresión como derecho fundamental del ser humano, constituye una piedra angular en la existencia misma de la sociedad democrática, y es una herramienta que permite alcanzar una sociedad más tolerante y estable, además de dignificar a la persona humana y permitir el debate abierto.

Asimismo, la periodista Lydia Cacho dijo que después de Colombia, México es el país con el número más alto en materia de asesinatos de periodistas; en los últimos dos años las estadísticas han escalado y no se perciben cambios en esta historia sanguínea.

Añadió que el periodismo mexicano pasa por una extraña paradoja; por un lado, la democracia le permite gozar de un aparente periodo de oro, en la capital enfrenta una clase política que vive temerosa de las grabadoras, cámaras y micrófonos, de una prensa que posee todos los derechos y privilegios típicos del primer mundo.

Por otro lado, en muchas zonas del país “la prensa está acosada por autoridades anacrónicas y hostiles, vínculos descarados de protección política y barbarie desencadenada por el crimen organizado”.

Mencionó que los principales retos en algunas zonas del país residen en el delicado trato de los asuntos de narcotráfico, crimen organizado y tráfico de persona, “a diferencia de los políticos, a los cárteles y a las mafias del crimen organizado no les importa la factura política que representa asesinar a un periodista incómodo”.

Indicó que el periodismo que exhibe al crimen organizado en este país no puede vivir entre la libertad condicional y la muerte, “a las y los legisladores nos toca protegernos”.

En su turno, el periodista Gonzalo Marroquín, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa, subrayó que en la actualidad la libertad de prensa está seriamente amenazada, y prueba de ello es que al menos siete periodistas fueron asesinados en los últimos 18 meses.

Agregó que apenas el pasado lunes el diario El Mañana sufrió un violento atentado en los que los responsables actuaron con lujo de fuerza y amplia impunidad, hay una víctima grave pero el mensaje llega más allá: se quiere callar la voz de la prensa; se quiere limitar la libertad de expresión y todo ello vulnera el derecho a la información que tiene todo ciudadano”.

Indicó que esta violencia irracional no es la única amenaza que pende sobre la prensa mexicana, otra muy sutil pero que resulta igualmente restrictiva es la legislación vigente que contempla como delitos penales la calumnia y la injuria y mantiene a México con un retraso en materia de fortalecimiento de las libertades básicas para desarrollar su creciente democracia.

Consideró que este foro demuestra que hay voluntad política por cambiar la situación y propuso avanzar en la eliminación de estos delitos como figuras penales.

Puntualizó que otro peligro para la libertad de prensa es que no se respeta el secreto profesional de los periodistas de manera transparente. Hay en México resoluciones de autoridades, hay legislación distrital; sin embargo, al no estar a nivel federal cabe la posibilidad de un retorno al pasado y que en cualquier proceso judicial se exija a los periodistas que revelen sus fuentes de información y con ello se vulnere el ejercicio de esta profesión.

A su vez, Genaro Villamil, periodista y analista de medios de la Revista Proceso, pidió a la Comisión a que se pronuncie por una investigación a fondo en el caso de Nuevo Laredo, Chiapas y específicamente del caso del periódico El Mañana.

Puntualizó que en Tamaulipas en lo que va del 2000 al 2006 se han registrado siete periodistas asesinados y dos atentados a periódicos. Dijo que la situación de Tamaulipas y de Nuevo Laredo merece la urgencia de una reacción que haga sentir a los comunicadores que no tienen porqué estar condenados.