• Se reúnen diputados con la Secretaria de Desarrollo Social

Diputados de la Comisión de Desarrollo Social cuestionaron a la titular de la SEDESOL, Ana Teresa Aranda Orozco, sobre el blindaje de los programas sociales para evitar que sean utilizados con fines electorales.

En este sentido, plantearon la creación de una Comisión Plural que vigile que dichos programas federales no sean utilizados de forma ilegal y que vigile y dé seguimiento al destino de los recursos públicos.

La diputada Clara Marina Brugada Molina (PRD) señaló que se debe garantizar que no se utilicen mal dichos programas y establecer un acuerdo entre esta comisión y la dependencia, así como una reunión con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, para que el Congreso, la Secretaría y todas las dependencias tengan los elementos para evitar dicha situación.

Cuestionó cómo se controlará a los altos funcionarios federales para que no hagan proselitismo electoral con programas sociales; quién va a controlar a la ex secretaria de Desarrollo Social para que no aproveche la información que tiene, como el Padrón de Oportunidades, y qué medidas se van a instrumentar para evitar que use los padrones de beneficiarios de los programas sociales.

Además, preguntó si se establecerá un blindaje para acabar con el uso electoral que el presidente Fox hace de los programas sociales. “Los spots publicitarios de Oportunidades y de Vivienda, son un verdadero retroceso en la transición política, porque se hace una clara influencia de continuidad acerca de los planes del gobierno”, afirmó.

Asimismo, el diputado Quintín Vázquez García (PRI), preguntó si el blindaje electoral al programa Oportunidades será posible cuando la ex secretaria Vázquez Mota se convierta en la coordinadora política de un candidato.

También pidió información sobre el avance y los apoyos que la Sedesol ha instrumentado en las zonas devastadas por los fenómenos naturales recientes.

Más adelante, el diputado Gelacio Montiel Fuentes (PRD), solicitó que se investigue la inclusión de 600 funcionarios de los tres órdenes de gobierno de Michoacán al Programa Oportunidades, de acuerdo con la denuncia del coordinador estatal del Programa Oportunidades, David Niño Zavala.

Dijo que estos hechos deben ser sancionados, porque hacen evidente la ineficacia de las reglas de operación del programa para evitar su utilización como instrumento de captación de votos o apoyo político electoral.

Al dar respuesta a las preguntas, la funcionaria indicó que en este año, la tarea central de la dependencia a su cargo es consolidar el blindaje de la política social para garantizar que ni un solo peso del presupuesto sea desviado para fines de proselitismo político.

Agregó que la política social cuenta ya con sólidos candados que previenen la manipulación y el uso político-electoral de los programas, además de que se cuenta con el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

“Contamos también con el trabajo del Consejo Consultivo Ciudadano que habrá de realizar un intenso monitoreo del gasto social en el marco de los comicios federales, además de que nos acompañan en esta tarea el Instituto Federal Electoral (IFE) y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) de la Procuraduría General de la República”.

Destacó también que la Sedesol tiene padrones sujetos al escrutinio de la sociedad y de la opinión pública, donde sólo están aquellos mexicanos que acreditan una situación de vulnerabilidad social.

“Nadie, absolutamente nadie, dispondrá de recursos de los programas sociales para apoyar campañas políticas. Quien así lo haga será severamente castigado, porque es un compromiso político e institucional”, subrayó.

Sobre la inclusión de 600 funcionarios en el programa Oportunidades, Aranda Orozco señaló que existe una revisión minuciosa, porque si alguno tuviera ingresos que quedan en el rango de apoyo “estamos en la obligación de seguirlos apoyando”, enfatizó.

Al iniciar la segunda ronda de preguntas y respuestas, el diputado Elpidio Concha Arellano (PRI) preguntó en qué consiste el nuevo Programa de Apoyo a los Adultos Mayores inscritos en el Programa de Oportunidades, así como el Sistema de Ahorro para el Retiro que está implementando la Secretaría.

Cuestionó qué garantiza que efectivamente estos programas y principalmente el de Apoyo a Adultos Mayores no se utilizarán con fines electorales.

En su turno el diputado José Luis Treviño Rodríguez (PAN) propuso un convenio por parte de Sedesol y los gobiernos estatales para los centros del DIF pudieran utilizar leche de productores nacionales vitaminada y fortificada por Liconsa y eso es lo que se diera en los desayunos escolares.

Destacó que se etiquetaron mil 50 millones de pesos para que la leche nacional pudiera mantenerse en el precio de 3.50, a través del Programa de Oportunidades. A su vez, coincidió en la necesidad de blindar los programas sociales para que ningún partido político los utilice con fines electorales.

En respuesta, la funcionaria comentó que la Cámara de Diputados ha dado un apoyo fuerte para incrementar la compra de lácteo a los productores locales y propuso buscar otras opciones para mejorar el mercado y la compra de este producto donde se involucren otras dependencias del gobierno.

A su vez, la diputada Cristina Portillo Ayala (PRD) destacó la presentación de un punto de acuerdo, con el objeto de que la Función Pública investigue la posible comisión de delitos y responsabilidades administrativas; asimismo, la Comisión de Vigilancia requerirá a la Auditoría Superior de la Federación los resultados, a nivel nacional, del programa Oportunidades.

De igual manera, Portillo Ayala estableció que es necesario conocer acerca de la violación del presidente Vicente Fox con respecto a sus mensajes por radio. “No se puede hacer propaganda con los programas sociales, ni de índole personal, ni política; además, le falta la leyenda que indique la autorización de la Cámara”, concluyó.

En tanto, los diputados Álvaro Burgos Barrera (PRI) y Julio Boltvinik (PRD) cuestionaron respecto a la publicación de reformas convenidas con la anterior titular, Josefina Vázquez Mota y que hasta el momento no se han llevado a cabo.

“Tenemos hasta el 18 de febrero para interponer una Controversia Constitucional, la vez pasada empeñaron la palabra de que iban a modificar el decreto sin necesidad de llegar a este recurso, la Cámara cumplió y seguimos esperando”, afirmó.

Ana Teresa Aranda Orozco dijo que respecto al reglamento hubo 600 aportaciones de diputados y senadores, las cuales revisan 15 entidades de la federación, quienes complican la decisión de la secretaria. Puntualizó que sería mentir el hecho de que antes del día 18 este arreglado este asunto.

Anunció que hay una propuesta para descentralizar el programa de Oportunidades, no para que se desectorice de Sedesol, sino para darle viabilidad al poyo de adultos mayores.

Manifestó respecto a las preguntas que la incorporación de adultos mayores a Oportunidades es paulatina, y que sólo los que están certificados para finales de marzo, podrán recibir desde enero, con un retroactivo.

Destacó que el retroactivo, no le costaría a Oportunidades más de mil 100 millones de pesos, tendiendo en cuenta que éstos son de 250 pesos mensuales, 500 bimestrales, para más de un millón de adultos mayores integrados a Oportunidades.

Añadió que el tema de tres por uno, es preocupante al tener solamente 150 millones de pesos en el presupuesto, cuando en el 2005 se obtuvieron 230 millones.