El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo presentado por la Junta de Coordinación Política por el que se solicita que esta soberanía interponga una controversia constitucional en contra del Poder Ejecutivo por violaciones al Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006 y de la Ley General de Desarrollo Social.

Dicha controversia, explicó el diputado perredista Pablo Gómez Álvarez, es con respecto al incumplimiento a lo establecido en ambos ordenamientos para que la publicidad y promoción de los programas sociales que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en medios electrónicos y escritos expidan la leyenda: “este programa está financiado con recursos públicos aprobados por la Cámara de Diputados y queda prohibido su uso para fines partidistas, electorales o de promoción personal de los funcionarios”.

En tribuna, el legislador del PRD recordó que el Congreso de la Unión expidió una norma para hacer propaganda de los programas sociales y en el que se definió que los mensajes publicitarios deberían presentarse por parte del gobierno sin que cayeran en la promoción personal de los funcionarios.

Indicó que de acuerdo con la Ley de Desarrollo Social, el presidente está violando la normatividad, pues ha derogado por vía de hechos, un precepto legal que se repite en el Decreto de Presupuesto para el 2006 y que votó el PAN con toda conciencia.

“Propongo que la Cámara acuda ante la Suprema Corte y presente una controversia constitucional para que el Presidente se abstenga de violar la ley, “no tenemos más medio que este recursos y que la Corte decida y que predomine la ley por encima de la acción ilegal del Presidente de la República”, refirió.

Al hablar en contra, el diputado Juan Molinar Horcasitas (PAN) indicó que la diputación de su partido no se opone al uso de los instrumentos constitucionales que sirven para dirimir diferencias entre los poderes de la Unión, “la controversia constitucional es sin duda uno de ellos”.

Sin embargo, dijo que sí se opone a que se utilice a partir de premisas falsas, “de argumentos falaces” y lo que es peor, “de señales claramente hipócritas, de un partido que se niega, cuando es gobierno, a ejercer el menor acto de transparencia al que debería estar obligado”.

Todos sabemos, añadió, que el gobierno del Distrito Federal ha mantenido en la reserva los más elementales datos del uso de los recursos públicos en la ciudad capital. “En la reserva está hasta la forma en que se construye una obra vial, así como los datos que constituyen el gasto de la publicidad por parte del jefe de gobierno”.

En amplio contraste, dijo, cualquier ciudadano puede conocer todos los padrones y los beneficiarios de los programas del gobierno federal, en un acto de transparencia que no tiene precedentes en el país.

A su vez, el diputado Jorge Triana Tena (PAN) dijo que la presentación, exigencia y cumplimiento del punto de acuerdo por parte del PRD, era una oda a la incongruencia.

Aseguró que el PAN entiende la solicitud del punto de acuerdo, el cual es “irrisorio”, porque no es más que un resultado justificable del desplome en las encuestas de su candidato a la Presidencia. “Ya no hay lugar para moverse, la desesperación es grande y la ardidez también”.

Al hablar en pro de la propuesta, el diputado Pablo Gómez Álvarez indicó que argumentar que una autoridad viola la ley para justificar que otra también tiene derecho de hacerlo es lo que hace el PAN.

“Lo que pedimos es darnos por enterados de la violación de la Ley de Presupuesto de Egresos 2006 y de la Ley de Desarrollo Social, segundo, ir a la Corte para que sea ésta la que resuelva si los actos del Presidente están ajustados a la ley o no”.

De igual forma, la diputada Clara Marina Brugada Molina (PRD) dijo que no se trata de que el gobierno federal no informe sobre los programas de desarrollo social, sino que es una obligación, y lo tiene que hacer.

De lo que se trata, añadió, es que el presidente respete las leyes y decretos que expide la Cámara de Diputados.

Finalmente, el diputado de Convergencia, Jesús González Schmal pidió congruencia a los legisladores de Acción Nacional, toda vez que cuando era oposición, este partido fue un permanente luchador en contra de las prácticas ominosas de utilizar recursos públicos para conseguir beneficios electorales.

Suspender llamado a votar

En otro asunto, el pleno avaló un punto de acuerdo presentado por la diputada Rebeca Godínez y Bravo (PRI) a fin de exhortar al titular del Ejecutivo Federal, Vicente Fox Quesada deje de intervenir y se conduzca de manera imparcial en las elecciones federales del 2006.

Asimismo, solicitó a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) su intervención para frenar la falta de equidad en la contienda electoral.

En uso de la tribuna, pidió que el Presidente dé respuesta a la misiva que le envió el candidato del PRI, Roberto Madrazo Pintado.

Agregó que el proceso electoral tiene un sentido especial después de un periodo de alternancia en que los mexicanos decidamos lo que nos conviene.

Para hablar en contra, el diputado Fernando Guzmán Pérez Peláez (PAN) dijo que las solicitudes de la legisladora son absurdas y no tienen sustento jurídico y legal.

Aseguró que la conducción del Presidente ha sido apegada a la legislación vigente, es imparcial y respetuosa.

Programas emergentes para solucionar paros en estaciones de servicio de combustibles

Se aprobó el punto de acuerdo presentado por la diputada María Salomé Elyd Sáenz (PAN) a fin de exhortar al Poder Ejecutivo Federal para que se instrumenten programas emergentes que permitan prever y solucionar de manera efectiva paros en la operación de estaciones de servicio de combustibles que representan una amenaza a la actividad productiva del país y a la seguridad nacional.

A su vez, se hace un llamado al Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación con opinión de la Secretaría de Seguridad Pública, Economía y de Hacienda Crédito Público para que realicen las acciones necesarias enfocadas a resolver las controversias con los propietarios de las estaciones de servicio de combustibles, a fin de evitar que estos últimos utilicen como medida de presión los paros laborales ante la clausura de estaciones por la venta y expedición de hidrocarburos de forma irregular.

Exhorto al gobernador del Edomex

El diputado Marcos Álvarez Pérez (PRD) presentó un punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados apremie al Gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto a que respete el exhorto del Instituto Electoral del Estado de México, para que el 12 de marzo de 2006 se lleve a cabo una jornada electoral transparente y equitativa y, en consecuencia, suspenda inmediatamente la difusión de logros de gobierno y la operación de programas de apoyo social o comunitario, los cuales podrán reiniciar el 13 de marzo del año en curso.

Agregó que el cumplimiento a dicho exhorto no significa que se dejen de realizar las actividades normales de servicio a los mexiquenses por parte de la administración pública estatal. Se turnó a la Comisión de Gobernación.

Posteriormente, se levantó la sesión y se citó para la próxima que tendrá lugar el próximo martes 14 de febrero, a las 11:00 horas.