• El PRI pidió investigar el caso, pero no a partir del espionaje

Diputados del PAN, PRD, y Convergencia condenaron la aplicación discrecional de la ley y la utilización del poder de las autoridades de Puebla en el proceso judicial de la periodista Lydia Cacho, por lo que hicieron un llamado a los legisladores federales y del Congreso estatal para actuar de manera consecuente y que en el caso se llegue a fondo y se conozca la verdad.

Al llevar a tribuna el tema de la supuesta conjura en contra de la periodista, diputados del PRI y el PVEM, demandaron que el asunto se lleve a fondo, pero no a partir de pruebas ilegales o el espionaje a llamadas telefónicas.

El diputado José Alarcón Hernández (PRI) dijo que la libertad de expresión se aprovecha en un periodo electoral para demostrar hechos que se deben investigar y no convertirnos en jueces. Rasgarse las vestiduras en la tribuna es el escándalo fundado, no la verdad, indicó.

La Cámara, precisó, debe pronunciarse por la investigación del caso y hasta entonces emitir una opinión y proceder de acuerdo a la ley. Estamos, dijo, a favor del Estado de Derecho, queremos investigar, pero condenamos el espionaje del actual gobierno.

La diputada Miriam Arabian Couttolenc (PAN) pidió que la investigación del caso se lleve a cabo desde el ámbito federal, toda vez que la violación a los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho es un atentado contra los principios democráticos y la libertad de expresión.

Luego de condenar la utilización del poder del Estado, el dinero e influencias en contra de los ciudadanos y la prensa en Puebla, precisó que la forma de obtener información no desestima la importancia de una acción “burda, inhumana y extralegal” por parte de las autoridades de la entidad al cometer acto que coarta la libertad de prensa”.

Por otro lado, la diputada Beatriz Mójica Morga (PRD), explicó que éste no es el primer caso en el que se aplica la justicia de manera discrecional, por ello hizo un llamado a los legisladores federales y del Congreso de Puebla a actuar de manera consecuente, a los ciudadanos estar atentos a los acontecimientos en la entidad y a los medios a no ceder en su esfuerzo por defender la libertad de expresión.

Aseguró que su partido promoverá un juicio político en contra del gobernador de la entidad, porque se violenta el artículo 110 constitucional.

Reconoció que las grabaciones de llamadas violan garantías individuales, pero no es el tema de discusión, sino la manera en cómo se utiliza la autoridad y no se respeta la división de Poderes. En este caso, dijo, el titular del ejecutivo local prometió guardar la Constitución y las leyes, pero socava las instituciones y atropella las garantías individuales y coarta la libertad de expresión de periodistas.

Más adelante, Jorge Kahwagi Macari (PVEM), demandó que en el caso se llegue a fondo y se conozca la verdad, pero no a partir de pruebas ilegales. Al respecto, hizo un llamado al Poder Judicial estatal para que se aplique la ley, sin que sea un linchamiento político o se vicie el proceso porque complicaría la aplicación de la justicia.

Condenó la violación a las garantías individuales de los particulares en el momento en que se intervinieron llamadas telefónicas. Al respecto, precisó que “no podemos permitir que esto sea una práctica cotidiana porque vulnera el Estado de Derecho”.

Posteriormente, el diputado Jesús González Schmal (Convergencia) explicó que el gobernador de Puebla, Mario Marín; la procuradora estatal, Blanca Laura Villeda; la ministerio público, Rosa Aura Espejel y la juez Rosa Celia Pérez González se confabularon para llevar a cabo este “atentado de lesa humanidad”.

“El Poder Ejecutivo y Judicial, el ministerio público y la Procuraduría estatal se coludieron para agredir, lastimar y violentar el derecho y materializar la venganza del llamado rey de la mezclilla”, aseveró.

El legislador llamó al gobernador de la entidad a que aclare esta situación que “avergüenza a México y denigra la condición institucional y futuro del país”.

Periódico El Orden y Cuarto Poder de Chiapas

En el transcurso de la sesión, el Pleno aprobó exhorto al gobernador de Chiapas para respetar la libertad de prensa y expresión en este estado, consagrada plenamente en la Constitución Política, y detener inmediatamente las agresiones y órdenes de aprehensión contra los periodistas de Chiapas, en especial de quienes laboran en los periódicos El Orden y Cuarto Poder.

La propuesta presentada por el diputado Roberto Aquiles Aguilar Hernández (PRI), además contempla pedirle a la fiscalía general del estado de Chiapas para que de manera pronta e inmediata libere al periodista Ángel Mario Ksherato, y dejen de perseguir a los presos políticos.

Al hablar en contra, el legislador Francisco Rojas Toledo (PAN) indicó que los medios de comunicación tienen el compromiso de informar de forma imparcial. Agregó que nadie debe de tener privilegios en el país, “no le podemos exigir a la sociedad que respete la ley cuando nosotros tenemos privilegios que el resto de la sociedad no los tiene”.

Dijo que los medios de comunicación cuando no actúan con responsabilidad, deben aplicárseles las leyes. Puntualizó: “La congruencia del país va ser cuando se tenga respeto a la ley y se aplique el estado de derecho, acepto la libertad de expresión, más no libertinaje de expresión”.

Mientras que la diputada Beatriz Mojica Morga (PRD) al hablar en pro, señaló que la libertad de expresión no implica a unos y excluye a otros. Mencionó que hay reformas que se deben hacer y una de ellas es la de delitos de prensa, “se debe revisar y no se puede permitir que haya problemas de libertad de prensa y sobre todo agresiones en contra de periodistas”.

Por último, se turnó a la Comisión de Gobernación, una propuesta por la que se exhorta al Ejecutivo Federal instaurar el 14 de agosto como Día del Cine Mexicano, a cargo del diputado José Antonio Cabello Gil.