• 2004 y 2005, años negros para la actividad de periodistas y reporteros: José Luis Soberanes

Al reunirse con el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) José Luis Soberanes Fernández, diputados del Grupo de Trabajo de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación afirmaron que la perversa acometida contra la libertad de expresión es un punto que ubica a México frente al mundo como un país en franco retroceso a la barbarie.

Los legisladores Beatriz Mojica Morga (PRD) presidenta del grupo de trabajo y Jesús González Schmal (Convergencia) subrayaron que las agresiones a periodistas y medios de comunicación provocan que nuestro país sea visto como un Estado que no ha podido superar sus limitadas condiciones de la vigencia del derecho, lo que genera, en consecuencia, regresión a épocas oscuras e inéditas en su historia y que para los contemporáneos resultan simplemente vergonzosas e ignominiosas, mismas que no pueden tolerarse ni admitirse.

Y es que en su informe, el titular de la CNDH refirió que este organismo observa con preocupación que al mismo tiempo que hay mayor apertura política al ejercicio del derecho de la libertad de expresión, existe también un clima adverso que afecta el pleno derecho de los periodistas a realizar su labor con seguridad, y que se materializa en el aumento de los casos de agresiones contra comunicadores.

En este tenor, aseveró que en el 2005 hubo 72 quejas radicadas en comparación con las 43 recibidas en el 2004, lo que representó un incremento del 60 por ciento.

El ombudsman nacional informó que de igual forma, se puede evidenciar un incremento considerable en actos que pudieran intentar limitar la labor de los periodistas, toda vez que durante el sexenio del Presidente Ernesto Zedillo, la CNDH radicó un total de 157 expedientes de queja, en contraste con los tramitados en la gestión del Presidente Vicente Fox, que al 31 de diciembre de 2005, sumaron un total de 208 casos.

“Los casos de ataques contra periodistas en diferentes partes de la República Mexicana, han dado lugar a una escalada de violencia y de agravios muy inquietantes e indignantes que no debería ser indiferente a nadie”, dijo.

Añadió que la agresión directa contra un periodista, por causa de su labor informativa, que tiene como consecuencia la privación de la vida, refleja que el 2004 y 2005 han sido los años negros para la actividad y labor de los periodistas y reporteros, directivos y miembros de los medios de comunicación, tendencia que en el 2006 se muestra, entre otros, con el atentado al diario “El Mañana” de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

José Luis Soberanes destacó que durante los tres últimos sexenios se han radicado 453 quejas por agravios a periodistas, siendo el 2005 el año que registra un mayor número de quejas, 72, en tanto que se encuentran registrados del 2000 a la fecha, 18 homicidios de comunicadores y un desaparecido.

Indicó que el Distrito Federal es la entidad que ha registrado el mayor número de quejas (59) por violación a los derechos de la libertad de expresión, seguido de los estados de Oaxaca con 21 y Guerrero, Tamaulipas y Veracruz con 17.

En tanto, las dependencias que acumulan el mayor número de quejas por agresiones a periodistas son la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal con 49 denuncias; la Secretaría de Gobernación con 14; la Secretaría de Seguridad Pública Federal con 12 y la Secretaría de la Defensa Nacional con 10.

En este sentido, la presidenta del Grupo de Trabajo de la Cámara de Diputados, Beatriz Mojica Morga solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos un informe sobre el seguimiento de los expedientes de agresiones a periodistas y medios de comunicación.

Afirmó que es fundamental el trabajo de la CNDH en coordinación con la Cámara de Diputados para proteger el derecho a la libertad de expresión, toda vez que, mientras ocurran este tipo de agresiones, no podemos decir que México es un país democrático y moderno y que estamos en el siglo XXI.

“Este asunto nos mancha en todo el mundo y marca a México con el estigma de que es peligroso para los periodistas”, indicó.

En su oportunidad, el diputado de Convergencia, Jesús González Schmal, cuestionó acerca de los casos registrados como medios indirectos de restricción de la libertad de expresión; es decir, explicó, aquellas que no son agresiones propiamente dichas, pero que buscan limitar o autocensurar.

El legislador destacó el caso de la primera dama, Marta Sahagún, con respecto a la demanda que entabló en contra de la escritora Olga Wortnat y la revista Proceso.

“Es evidente que está sentando un precedente de que desde la autoridad hay una limitación indirecta a la libertad de expresión; bien pudo haber optado por contestarle a la escritora o al medio con las mismas armas, con otro libro o con declaraciones específicas, pero no fue así y prefirió utilizar las instancias judiciales”, acotó.

A su vez, y al abordar el caso de la periodista Lydia Cacho, el coordinador general de Comunicaciones y Proyectos de la CNDH, Guillermo Ibarra Ramírez, acusó la insistencia del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla, José Manuel Cándido Flores Mendoza para que el organismo nacional no atrajera el expediente.

“No conocí de una insistencia tan obstinada por evitar que un asunto pudiera ser atraído por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por el contrario, los antecedentes al respecto de los organismos locales son de coadyuvancia con la CNDH y viceversa, sin llegar a los extremos de ser la Comisión estatal la que únicamente conozca del caso”, señaló.