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Boletín N°. 2652 Amenaza el narcomenudeo a la mayor parte del territorio nacional; hay que acabarlo y detenerlo: legisladores

Ante el problema de salud y de seguridad pública que representa el narcomenudeo, diputados y procuradores estatales señalaron que para combatirlo se requieren de mayores recursos para que desde los ámbitos de la prevención, la rehabilitación, la participación de la sociedad y el trabajo coordinado de todos los órdenes de gobierno, se atienda esta problemática.

Lo anterior, durante una reunión de trabajo de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que preside la diputada Rebeca Godínez y Bravo (PRI), con presidentes de tribunales superiores de justicia, procuradores generales de justicia y secretarios de seguridad pública de los estados de la República.

En el Palacio Legislativo de San Lázaro, la diputada indicó que México es el punto de tránsito de más de la mitad de la cocaína que se vende en Estados Unidos, pues anualmente se comercializan en territorio nacional 78 toneladas de estupefacientes, cantidad que sirve para elaborar mil 92 millones de dosis para cubrir la demanda de 598 mil adictos a estas sustancias.

Apuntó que nuestro país ya no sólo es el puente por el cual pasan sustancias psicotrópicas a la Unión Americana, sino que con el paso del tiempo se ha convertido en consumidor.

Indicó que un factor que no debe perderse de vista, es que las bandas del narcomenudeo han organizado una estructura con células delictivas encargadas de la transportación, distribución, protección de cargamentos y venta de droga, además de contar con ligas de lavado de dinero y grupos de sicarios a su servicio.

Puntualizó que dichas asociaciones han sido capaces de construir redes de protección, que en ocasiones socavan el sistema de justicia mexicano.

Godínez y Bravo explicó que el Senado de la República envió una minuta para reformar la Ley General de Salud, el Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales, para dotar de competencia a las autoridades locales en la prevención y combate a la posesión, comercio y suministro de estupefacientes y psicotrópicos, sin eliminar facultades que tiene la Federación en la materia.

En su oportunidad, la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado (PRI), señaló la necesidad de definir claramente en la ley lo que se entiende por “consumo inmediato” y hasta dónde o hasta cuánto se podría considerar como narcomenudeo.

De ahí que reconociera la importancia de las aportaciones que hagan los procuradores de justicia locales para enriquecer el trabajo legislativo, conocer los pro y los contra de la minuta, la cual deberá analizarse minuciosamente.

Más adelante, el diputado José Manuel Abdala de la Fuente (PRI), destacó la necesidad de que el Gobierno Federal apoye con mayores recursos a los estados para combatir este flagelo, pues las aportaciones de este año para seguridad pública en las entidades federativas ascienden a cinco mil millones de pesos.

“No todos los estados tienen el problema de la inseguridad y el narcomenudeo y no es válido pretender que su combate se dé con recursos de la misma aportación”.

En tanto, el legislador de Acción Nacional, Pablo Alejo López Núñez, recalcó que la minuta no trata de diluir y mucho menos ampliar la responsabilidad del gobierno federal en el combate a este flagelo. “El problema más importante es que el 90 por ciento de los delitos que se cometen en el país están relacionados directa o indirectamente con la posesión, uso y abuso de drogas”, subrayó.

Puntualizó que se debe buscar que toda la sociedad intervenga en esta lucha contra el narcotráfico, a través de denuncias. “La realidad es que nuestra colonia, nuestros barrios, nuestras escuelas están permanentemente ante el sigilo de los que se dedican a comercializar las drogas”, apuntó.

A su vez, la diputada Lizbeth Rosas Montero (PRD) precisó que la minuta del Senado es una salida fácil ante el incremento del consumo de la droga en el ámbito nacional, porque en ella les preocupa más el castigo que la prevención.

En cuanto al contenido, resaltó que es preocupante la corrupción que esto generaría en los cuerpos de seguridad quienes se encargarían de detener a los consumidores, en especial de la intervención de los policías estatales, municipales y federales.

Precisó que el país ya no cuenta con suficientes espacios en cárceles, reclusorios y centros de menores. “Ha pasado de ser un consumo o una venta clandestina a una venta abierta, en una red de complicidades”.

De la misma bancada, la diputada Eliana García Laguna señaló que es necesario tomar acciones más definidas en todos lo órdenes de gobierno y crear una legislación que no penalice ni criminalice un problema de salud pública y evitar aumentar penas “sólo por nuestra falta de capacidad”.

Se pronunció por una propuesta legislativa que separe la Ley General de Salud del ámbito penal, pues si se revuelven estos campos en función de una tipificación precisa de narcomenudeo, se puede cometer un grave error.

Reconoció que existe incapacidad del Estado, en todos sus órdenes y en los Tres Poderes, para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, “y caemos en la tentación de criminalizar conductas, revolviéndolas sin hacer una definición clara”, de ahí que destacara la necesidad de implementar medidas urgentes expresadas en leyes que atiendan y enfrenten esta situación.

En su oportunidad, el procurador General de Justicia del Distrito Federal, Bernardo Bátiz Vázquez, mencionó que sin un presupuesto mayor para la seguridad pública, se dificultará el combate al narcomenudeo por parte de quienes lo enfrentan diariamente.

Reconoció la importancia de hacer frente a esta actividad y, en especial, del trabajo que deberán realizar las procuradurías, los tribunales superiores de Justicia y de los juzgados penales.

Dijo: “Nosotros como procuradurías, como autoridades judiciales de las entidades, vamos a encontrarnos en una especie de sándwich, en medio de dos grandes problemas que no están a nuestro alcance combatir y que van a presionar esa pequeña franja, ese aspecto que sí corresponde a las autoridades locales”.

Puntualizó que se debe perseguir a quienes trafican con pequeñas cantidades de estupefacientes, pero sobre todo frenar el crecimiento de la demanda. Sostuvo que las adicciones podrían disminuir a través de programas conjuntos entre la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud, para incidir en la rehabilitación de adictos.

Destacó que no se puede pensar solamente en un “parche pegado” para combatir a quienes venden a aquellos que la requieren por dependencia. “Si no hay un verdadero combate en contra de la adición, las acciones ejercidas por parte de las autoridades serán fallidas, porque no se acaba el problema metiendo a la cárcel a los pequeños comerciantes”, afirmó.

En su oportunidad, Fausto Estenar, a nombre de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila y del Tribunal de Justicia coincidió en que el narcomenudeo es un problema de salud pública y de seguridad pública nacional, por lo que se requiere que la Federación entre con un fuerte apoyo financiero para las entidades.

Abundó que para tener éxito en ello es necesaria la cooperación y la coordinación y el trabajo de los ámbitos de gobierno configurando una política integral en la materia que contemple la prevención y rehabilitación, así como la investigación y persecución de estos ilícitos.

Indicó que el combate al narcomenudeo representa la necesidad de que los estados establezcan estructuras nuevas y adicionales a las que se tienen para afrontar esa responsabilidad. Añadió que es necesario seleccionar y contratar nuevo personal policiaco y ministerial con perfiles específicos, a través de rigurosos procedimientos

En su turno, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y también presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de la República Mexicana, José Guadalupe Carrera Domínguez, expuso que el narcomenudeo es un problema de seguridad nacional tan grave que comenzamos a buscar soluciones que puedan contrarrestar este flagelo que afecta la imagen internacional de México y como consecuencia el problema comercial.

Consideró que no se han sentado los actores principales para encauzar el combate a la delincuencia, pero aseguró que si no se dan los recursos necesarios y la preparación suficiente para afrontar este fenómeno es difícil hacerle frente.

A su vez, José Colón Morán, de la Procuraduría del estado de México indicó que se debe conocer cuál es la situación económica o financiera actual de las procuradurías estatales, de los poderes judiciales de los estados. Consideró que se deben homologar los salarios.

Afirmó que el problema del narcomenudeo ha permanecido en gran escala impune, porque existen algunas lagunas de carácter legal. Asimismo se refirió a la corrupción, que dijo, es preocupante para todos.

En su turno el magistrado Ángel Prieto Méndez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán manifestó que la sociedad está preocupada por el narcomenudeo, por lo que “ nosotros tenemos que ocuparnos de buscarle soluciones al problema”.

Puntualizó que la constante en los poderes judiciales es la falta de recursos económicos, por lo que está en manos de la Cámara de Diputados llevar a cabo una modificación a la Ley de Coordinación Fiscal, para que así como existe el rubro para el Fortalecimiento de los estados, haya otro para el Fortalecimiento de los Poderes Judiciales de las entidades.

En su oportunidad, Eduardo Murueta Urrutia, Procurador General de Justicia del Estado de Guerrero, afirmó que el narcotráfico es un problema mundial por lo que “enfrentar sólo el narcomenudeo no es la solución”. De ahí que considerara la necesidad de prevenir el delito mediante un trabajo más preparado.

“Lo que hacemos ahorita es una solución desesperada porque no hemos podido resolver el problema de que las droga estén en Guerrero, en el Distrito Federal, en Jalisco y en todo el país, debemos hacer un trabajo de más calidad, más a fondo y con un programa nacional”, enfatizó.

Reiteró que con la penalización del consumo de estupefacientes se prevé parcialmente el problema “en su parte más débil y en la que, quizá, no vamos a resolverlo, porque incriminar a los adictos no nos va a dar una solución, tenemos que hacer un esfuerzo mayor, con mucho trabajo y recursos”.

Además, hizo hincapié en la necesidad de preparar y especializar al personal encargado de la procuración de justicia, policías, agentes del Ministerio Público y jueces para que conozcan una materia a la que han sido ajenos durante todo su ejercicio profesional.

 
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