La Cámara de Diputados aprobó un acuerdo por el que exhorta al gobernador del estado de Puebla, Mario Marín Torres y a la titular de la Procuraduría de Justicia de la entidad, Blanca Laura Villeda, a separarse de sus cargos mientras se desarrollan las investigaciones sobre la violación a los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho Ribeiro.

En el acuerdo, suscrito por los coordinadores de las fracciones parlamentarias que integran la Junta de Coordinación Política, y firmado en contra por el PRI y no signado por el PVEM y PT, los legisladores se pronunciaron en contra de los actos presuntamente realizados por el gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, en relación a la violación de las garantías de la periodista.

Se pide al Congreso, el Poder Judicial, la Procuraduría General de Justicia y la Comisión de Derechos Humanos estatales, iniciar los procedimientos que se establecen en la Constitución y leyes locales, para deslindar responsabilidades y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes en contra de los servidores públicos involucrados en afectación de Lydia Cacho.

Los diputados condenan también el espionaje a comunicaciones telefónicas y hacen un llamado a las autoridades competentes para que investigue esas intervenciones en el estado de Puebla.

Lo anterior luego de que en algunos medios de información se diera a conocer una grabación en la que supuestamente el gobernador de la entidad y el empresario Kamel Nacif, dialogan sobre la detención de la periodista.

Asimismo, el Pleno avaló un punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política para exhortar al Procurador General de la República, a aplicar medidas disciplinarias, administrativas y penales, de acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a los responsables del montaje del rescate de personas secuestradas que realizó la Agencia Federal de Investigación (AFI), el nueve de diciembre de 2005, en un rancho ubicado en la carretera libre México-Cuernavaca.