• Avalan integración del organismo que presidirá el diputado Jesús González Schmal

Con 239 votos a favor, ninguno en contra y 115 abstenciones, 113 correspondientes al grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, uno del PVEM y uno del PRI, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la creación de la Comisión Encargada de Revisar la Legalidad de los Contratos de Obra Pública, Concesiones, Contratos de Suministro de Bienes de Consumo o de Compraventa de Bienes Inmuebles de Titularidad Pública otorgados por Organismos Descentralizados o Empresas de Participación Estatal Mayoritaria a la empresa Construcciones Prácticas S.A. de C.V. y Cualesquiera otras que tuvieren relación con la misma.

El punto de acuerdo firmado por los diputados coordinadores de los grupos parlamentarios del PRI, Emilio Chuayffet Chemor; del PRD, Pablo Gómez Álvarez; del PVEM, Jorge Kawhagi Macari; del Partido del Trabajo, Alejandro González Yánez y Jesús Martínez Álvarez del Partido Convergencia, plantea que dicha Comisión tendrá vigencia hasta el 31 de julio del presente año y deberá entregar los resultados de las investigaciones a la Junta de Coordinación Política dentro de los 30 días naturales siguientes a la conclusión del plazo previsto.

Además, estará integrada por 12 miembros: Cuatro del PRI (diputados Sofía Castro Ríos, José Porfirio Alarcón Hernández, Carlos Osvaldo Pano Becerra y Martha Palafox Gutiérrez); tres del PAN (pendiente); dos del PRD (Eduardo Espinosa Pérez y Marcos Álvarez Pérez) ; uno del PVEM (Jorge Legorreta Ordorica); uno del PT (Joel Padilla Peña) y uno de Convergencia (Jesús González Schmal).

La presidencia estará a cargo del diputado Jesús González Schmal y como secretarios fungirán Sofía Castro Ríos (PRI); Eduardo Espinosa Pérez (PRD) y Jorge Legorreta (PVEM); el PAN dejó el nombramiento pendiente.

Al hablar en contra del punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política, el diputado Germán Martínez Cazares (PAN) aseguró que su grupo parlamentario apuesta al Estado de Derecho y a que en las instituciones, dentro del marco de la ley, se resuelvan las controversias o deslinden las responsabilidades penales que hubiere contra cualquier mexicano.

Argumentó que el grupo parlamentario de Acción Nacional “no defiende previamente a nadie. No mete las manos al fuego por los hijos de nadie, sean los hijos de la esposa del Presidente. Pero tampoco puede ir a un acto de campaña organizado por la oposición al Presidente Fox”.

Añadió que los diputados panistas están dispuestos a ir, con elementos de prueba, a denunciar a quien sea ante la Procuraduría General de la República o la Procuraduría de Justicia de Guanajuato o la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

“Yo insisto, si la diputada Martha Lucía Mícher tiene elementos de prueba, yo la acompaño a la PGR a denunciar con las pruebas correspondientes y la acompañamos los diputados que levanten la mano del grupo parlamentario del PAN”, dijo.

En respuesta, la diputada del PRD, Martha Lucía Mícher Camarena, aclaró que la Comisión Investigadora es una comisión de control constitucional apegada a derecho y que su función es investigar el funcionamiento de los organismos descentralizados y de las empresas estatales de participación mayoritaria, mientras que el Ministerio Público es el que, una vez recibido un dictamen de la Secretaría de la Función Pública o bien de la Secretaría de Hacienda, solicite que inicie una averiguación previa.

“Y para quien crea que es una comisión política ¡claro que lo es! Pero es una comisión política porque hay que censurar el ejercicio del poder público y la política se creó para darle un cauce distinto a los acontecimientos y eso hicimos, actuar en consecuencia”, insistió.

A su vez, el diputado de Convergencia, Juan Fernando Perdomo Bueno, indicó que “hay que destacar que la palabra investigación se refiere sistemáticamente a encontrar lo oculto y, en este sentido, las comisiones congresionales han tenido un gran impacto en el mundo, y han salvado a muchos pueblos de la corrupción”.

Añadió que aunque pudiera decirse que esta comisión no tendría injerencia con los particulares, el tráfico de influencias tiene fundamentalmente dos actores: el servidor público que se deja influir y el particular que es el influyente, por eso la investigación de una parte deriva automáticamente en la otra y es inseparable.

Mientras, el diputado Pablo Gómez Álvarez (PRD) dijo que el reto del PAN para ir “todos a la PGR a presentar una denuncia de carácter legal, este tipo de trampa, no deberían ser aceptadas en un debate, porque quien juzga la existencia o no de elementos de prueba es el que está haciendo el ofrecimiento”.

Mencionó que “la señora Martha Sahagún tiene razón cuando dice que el asunto es en este momento eminentemente político, pero no político en el sentido de lo que está acostumbrada buena parte de la clase política mexicana, sino político en el sentido estricto, cuestiones que están relacionadas con acciones de la administración pública, funcionamiento de organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria; eso es lo que se está investigando”.

En rectificación de hechos, el diputado Germán Martínez Cázares sustentó que para el Partido Acción Nacional los elementos probatorios de la pasada Comisión, no hacen convicción de que sean elementos de prueba de responsabilidad.

“A nosotros no nos convencen esos documentos; a ustedes sí; ahí está la litis política”, afirmó; de igual manera, invitó a la bancada perredista a que con los elementos existentes “vayamos ahorita mismo, si tienen ustedes vocación de transparencia, a presentar la denuncia a la PGR o a la Procuraduría de Justicia correspondiente”.

Por su parte, el coordinador de la bancada del PRD, Pablo Gómez Álvarez, cuestionó al diputado Martínez Cázares al decir que “el portavoz del PAN dice, en este debate, que con los elementos que hay en el informe de resultados se puede ir a la PGR; y de acuerdo con su punto de vista, el Presidente debió haberlo hecho”.

Gómez Álvarez recordó que el informe de la Comisión no ha sido presentado a la Cámara de Diputados porque la Constitución no dice que a este Órgano se deba dar el informe; “la Constitución dice que debe presentársele al Presidente de la República para que él obre de conformidad con el análisis que haga”, recalcó.

Criticó el papel del Ejecutivo Federal por haberle dado el informe de resultados a la Secretaría de la Función Pública para el análisis correspondiente, “aunque hasta donde yo sé, esta Secretaría no es Ministerio Público”, dijo; y reiteró que el papel de la Cámara de Diputados es ser un órgano político del Estado Mexicano.

Al subir a la tribuna del Pleno camaral, la también perredista Martha Lucía Mícher Camarena, expresó que el pueblo se encuentra agraviado porque el avance de la transparencia, la democracia y el combate a la corrupción, no son una realidad; “no les cumplieron”.

Nosotros cumplimos, detalló, con entregarle la información al Presidente de los resultados de la Comisión. Refirió que una vez concluidas las investigaciones de la Secretaría de la Función Pública, “vayamos los 103 millones de mexicanos con el Presidente de la República a meter una denuncia ante la PGR para que se actúe en consecuencia”, finalizó.

Previo a la discusión, la secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Patricia Garduño Morales, refirió que en la sesión celebrada el 9 de febrero del presente año, la Junta de Coordinación Política conoció del documento firmado por diputadas y diputados presentado por el coordinador de la diputación del PRI, por el que se solicitó, de conformidad con lo dispuesto por el último párrafo del Artículo 93 la Constitución Política, la creación de dicha Comisión.

“De la revisión de las firmas contenidas en la solicitud se desprende que la Comisión de Investigación se encuentra debidamente respaldada por 153 firmas de diputadas y diputados, por lo que satisface el requisito constitucional”, subrayó.