La fracción parlamentaria del PRD interpuso ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados una demanda de juicio político en contra del gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, por violaciones graves a la Constitución y leyes federales en el caso de la periodista Lydia Cacho.

Luego de que el Pleno aprobara al inicio de la sesión un punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política para exhortar al gobernador y a la procuradora de la entidad a separarse de sus cargos, los diputados retomaron el tema al final de la sesión, donde el PAN y PRD anunciaron la denuncia en contra del mandatario estatal.

Por su parte, el grupo parlamentario del PRI, en voz del diputado José Alarcón Hernández (PRI), descartó que en el caso de la periodista haya habido secuestro, agresión, persecución o fabricación de delitos, o que la indiciada haya tenido un amparo al momento en que se giró la orden de aprehensión. Nosotros (los priístas) no violamos los amparos y es falso que no se haya ajustado todo el procedimiento a lo que establece la ley.

Tampoco, dijo, es verdad que en el Centro de Rehabilitación Social se recluyó a la escritora en algún lugar específico que atentara contra su dignidad humana, ni se le dejó de brindar atención médica o impidió hacer llamadas telefónicas.

Por otro lado, se sumó a la propuesta para que se revise la actuación del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y que el gobernador de Chiapas, Pablo Salazar explique sus nexos con el empresario Kamel Nacif.

Del mismo partido, Héctor Gutiérrez de la Garza, precisó que nadie tapa absolutamente nada, ya que se aprobó de manera previa un acuerdo, por lo que “sólo se pretende hacer de éste un asunto de escarnio político”.

“Que quede claro que los priístas no venimos a tapar a nadie y tan es así que aquí está el acuerdo correspondiente”, dijo.

Por su parte, Myriam Arabian Couttolenc (PAN) se sumó a la denuncia de juicio político --que este día interpuso el PRD-- en contra del gobernador, ya que, consideró la legisladora, se quebrantaron los principios en los que se fundamenta el régimen federal, se violó la Constitución y las garantías individuales y hubo colusión de Poderes en la entidad.

“No podemos ser cómplices de esto porque violenta el pacto federal”. La responsabilidad del Gobierno Federal es vigilar que en los estados también se cumpla la Constitución y respeten las garantías individuales”, precisó.

Cuestionó que el mandatario local siga gobernando “si ya perdió la credibilidad de sus gobernados”.

En el debate, el coordinador del PRD, Pablo Gómez, dijo que en este caso se confabularon gobernantes, autoridades y empresarios.

Pidió que el gobernador de Chiapas, Pablo Salazar también dé una explicación por sus nexos con personas vinculadas con el empresario Kamel Nacif y que “el PRI no sea tapadera del gobernador de Puebla”.

Los servidores públicos, dijo, deben obrar de acuerdo a los principios de probidad, responsabilidad y decoro. En este caso, añadió, el PRI debería pedir a Marín que se separe de su cargo por decoro partidista, sería algo nuevo, inusitado y aplaudible”.

Hizo votos porque la denuncia de juicio político que interpuso en contra del mandatario estatal “no se convierta en alimento de ratones junto con todas las que se han presentado en los últimos 90 años en la Cámara”, a quien exhortó a actuar con dignidad, que (los diputados) no defrauden la confianza que les depositó el pueblo.

Desde tribuna, el diputado Joel Padilla Peña (PT) reiteró la postura de su partido para que el gobernador se separe de sus funciones y sea sujeto de un proceso penal por violaciones a los artículos 1, 6, 14, 16, 18 y 20 de la Constitución.

Sus declaraciones, argumentó, no convencen, por el contrario, confirman que sí actuó de manera facciosa.

Indicó que no se puede permitir que la comisión de delitos quede impune ni que desde el poder público las autoridades locales fabriquen pruebas en contra de persona alguna. La asociación delictuosa entre gobernantes y empresarios no puede quedar sin sanción, porque hubo parcialidad y complicidad del ejecutivo y la legislatura estatales; la juez es de consigna y la ¨Procuraduría no es imparcial, reiteró.

Además, el diputado cuestionó al Cisen por filtrar información y no cumplir con la función para el que fue creado. Al respecto, pidió investigar su labor y saber para qué utiliza la información que posee.

El diputado Jesús González Schmal (Convergencia) instó a la Cámara de Senadores a determinar si se agravió y rompió el orden constitucional y el principio de la división de Poderes, de ser así, afirmó, se debe restituir a partir de una nueva elección de autoridades en la entidad.

Posteriormente, la diputada Beatriz Mojica Morga (PRD) sostuvo que las grabaciones confirman que sí hay elementos para entablar juicio político y que la PGR atraiga el caso en la recién creada Fiscalía Especial de Atención a Agresiones contra Periodistas.

Concluido el tiempo reglamentario, se levantó la sesión y se citó para el 21 de febrero a las 11:00 horas.