• El Partido Revolucionario Institucional avaló el punto de acuerdo

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por 373 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones, un punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el cual se solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que investigue los hechos que pueden constituir agravio y violación de las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho y en el que pudieran estar involucrados el gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, la procuradora General de Justicia, Blanca Laura Villeda y la juez Rosa Celia Pérez.

Al fijar el posicionamiento de su grupo parlamentario, el diputado del PRI, Carlos Flores Rico, dijo que los priístas apoyaban el acuerdo, pero no por el escarnio, el oportunismo, la contienda electoral o la venganza, sino por valores superiores a esos y que tienen que ver con el comportamiento serio y honesto de la política y la reivindicación del papel del Congreso.

La Cámara de Diputados, dijo, debe ejercer su papel y hoy le toca demandar a la Corte que supervise, verifique y juzgue si alguna garantía de la periodista ha sido violada y de ser así, que se cumpla la ley y se obre en consecuencia. “Pero si no, que se reivindique la libertad, la legalidad y, sobre todo, los valores de la convivencia política”, sostuvo.

El legislador priísta afirmó que este caso, en el que se involucra al gobernador de Puebla, a la procuradora General de Justicia de la entidad y a la juez de la causa con el empresario Kamel Nacif Borge en la presunta violación de las garantías individuales de Lydia Cacho, empezó mal, fuera de la ley.

“Ha seguido mal, con una pésima actuación de comunicación también por parte de los involucrados y sigue mal, pero debe acabar bien, por la legalidad. “Pero hay más, no hay manera que un exponente de los medios de comunicación sea reconvenido por nadie y mucho menos por quien tiene poder, eso no se vale, el priísmo no va a socavar ninguno de estos principios”.

A su vez, el también diputado del PRI, Pedro Ávila Nevárez, manifestó que en su partido hay gente buena que gobierna y ese es el verdadero PRI, el que está al lado de los intereses del pueblo, de la gente humilde. “Y en este caso pide justicia, porque no estamos al servicio de la barbarie y menos contra una periodista como Lydia Cacho, a quien se iba a asesinar vilmente con la autoridad de esa gente que no tiene nada de moral”.

PAN

Del grupo parlamentario de Acción Nacional, el diputado Rogelio Alejandro Flores Mejía avaló el punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política y señaló que el gobernador de Puebla ha intentado hacer ver a la Cámara de Diputados como una de las fuerzas oscuras y ocultas que actúan en su contra.

Distinto a todo ello, agregó, los poblanos nos encontramos sumamente indignados y avergonzados con la República, pero no puede quedar impune un asunto que va más allá de la violación de los derechos humanos, de la libertad de expresión y de la agresión a una periodista.

En este sentido, pidió al gobernador Mario Marín Torres no equivocarse. “No hay fuerzas oscuras que estén atentando contra usted; fue usted quien provocó esta situación en el estado, en la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras”.

Luego cuestionó: “¿Hay ingobernabilidad en Puebla? Por supuesto que sí. ¿Hay desconfianza en usted? Por supuesto que sí. ¿Necesitamos que renuncie? Por supuesto que sí, por dignidad de los poblanos, por dignidad de la República y por nuestra dignidad frente a los organismos internacionales y a los medios de comunicación internacionales. ¡No lo queremos más como gobernador!”.

PRD

Por su parte, el coordinador del grupo parlamentario del PRD, Pablo Gómez Álvarez celebró el acuerdo de la Junta de Coordinación Política y pidió a todas las bancadas abrir el procedimiento de juicio político en contra del gobernador Mario Marín Torres, toda vez que el Poder Legislativo tiene la obligación de actuar conforme a lo que marca la Constitución.

En tribuna, hizo un exhorto para que los presidentes de las Comisiones de Gobernación y de Justicia convoquen a la Comisión de Examen Previo a fin de que revise el expediente y se turne en su momento a la Sección Instructora.

Hoy pedimos a la Corte, dijo, que instale una comisión investigadora, pero el Legislativo tiene que cumplir también con lo que le marca la Constitución. “Renunciar a ejercer esas facultades es asimismo una trasgresión del texto constitucional y de los deberes que el pueblo le ha conferido al Congreso de la Unión”.

“Tenemos frente a nosotros un caso bastante claro, el gobernador da ordenes siguiendo los deseos o para satisfacer a un amigo suyo y éste no puede seguir gobernando. Puebla no merece tener un gobernador que se puede pasar más de cinco años en la situación en la que se encuentra porque perjudica a los poblanos, a la República y a la Federación”, indicó.

En tanto, la diputada Cristina Portillo Ayala hizo énfasis en que la Corte debe intervenir porque las instituciones de Puebla “han sido arrastradas a una profunda crisis de legitimidad.

PT

Por su parte, el diputado Pedro Vázquez (PT) se pronunció a favor de la propuesta y dijo que la petición se da en torno a las graves violaciones a las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho por de las autoridades de Puebla.

“La sociedad mexicana se conmovió por la difusión de la conversación telefónica del gobernador Mario Marín y el empresario Kamel Nacif, de donde se desprende claramente cómo los órganos de procuración e impartición de justicia actuaron por consigna política violentando el orden jurídico previsto por la Constitución y por las leyes del estado de Puebla”.

Convergencia

Al hacer uso de la palabra para fijar la posición del Partido Convergencia, el diputado Jesús González Schmal pidió que este “deleznable y terrorífico caso de colusión de autoridades de dos poderes del estado de Puebla para conseguir la violencia al Estado de Derecho y cuyo objetivo era la periodista Lydia Cacho.

“Que no quede impune y se cierre como un simple episodio más de nuestra historia, por muy negro que sea. Hoy tenemos la oportunidad de que la impunidad no se consagre una vez más en nuestra vida institucional para permitir que estos actos se multipliquen en los años venideros”, demandó.

La Corte, agregó, tiene la obligación de atraer el caso porque no se trata de una insignificancia, es un hecho que cimbró a la opinión pública.