• Presentó iniciativa para derogar seis artículos del Código Penal Federal

Para determinar si los periodistas y comunicadores actúan dentro o fuera de la ley al difundir opiniones e información, es necesario que un juez en materia civil lo estipule, porque la censura penal a la actividad del comunicador es injustificable y debe despenalizarse.

Lo anterior lo dio a conocer el diputado Heliodoro Díaz Escárraga (PRI), vicepresidente de la Mesa Directiva, al presentar iniciativa para derogar los artículos 350, 351, 352, 353, 354 y 355 del Código Penal Federal, por considerar indispensable “actualizar la legislación para garantizar las libertades de expresión e imprenta consagrados en nuestra Constitución”.

Díaz Escárraga destacó que en un régimen democrático es inadmisible la intimidación hacia los comunicadores, pues sólo inhibe el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información; por el contrario, dijo, estas libertades “son esenciales, ya que de no existir, se dejaría sin control al ejercicio del poder, con lo que prevalecería el abuso, la intolerancia, la falta de transparencia, la corrupción y la impunidad gubernamentales”.

Los gobiernos modernos, recordó, reconocen las libertades de expresión, prensa y derecho a la información en sus constituciones políticas, y tratan de equilibrarse entre el interés individual y la manifestación de ideas cuando se reproducen en medios escritos, basados en una adecuada convivencia social, respetando el derecho de los terceros.

Propuso despenalizar la criminalización de la difamación a través de los medios informativos; “dejando abierta la posibilidad de demandar la reparación del daño causado por los medios al derecho de terceros a través de la vía civil”.

“El ejercicio periodístico irresponsable, apresurado y tendencioso ha afectado al poder político; muchos han sido difamados en cualquier acusación basada en hechos reales o ficticios”, destacó.

El vicepresidente de la Mesa Directiva se refirió a la necesidad de propiciar un mejor ejercicio de la libertad de expresión, que se encuentre ajeno a la amenaza de cárcel, pero donde también se proteja el ámbito privado de las personas, la credibilidad de las instituciones públicas y democráticas, “que frecuentemente se ven atacadas por el escándalo mediático, el prejuicio o la acusación temeraria”.

Dijo que estas libertades, consagradas como garantías constitucionales, son el fundamento que protege el trabajo de los periodistas y constituyen lo que se ha llamado la democracia informativa; sin embargo, aseveró, “en los hechos, es indudable que esa protección ha servido de parapeto a extralimitaciones mediáticas o de instrumento perverso para desprestigiar al adversario político.”.

La falta de precisión para determinar los límites entre el adecuado ejercicio de estas libertades y los derechos de terceros, han motivado el abuso de la generación artificial del escándalo mediático. La complejidad para precisar dónde inician unas y terminan los otros ha inducido al deterioro o a la pérdida irreparable del honor y las carreras de muchos servidores públicos, sentenció Díaz Escárraga.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.