• Proponen sanciones severas

Se turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos iniciativa que adiciona los artículos 168 Bis 1, 168 Bis 2 y 168 Bis 3 al Código Penal Federal, para castigar la instalación, operación o explotación ilegal de la programación televisiva restringida.

En su exposición, el diputado Ricardo Alegre Bojórquez (PAN) explicó que de esta manera se pretende sancionar a quien con intenciones de lucro y sin permiso, aproveche, acceda, use o explote el contenido de cualquier material que sea parte de la programación transmitida por el servicio de televisión de paga, vía satélite o terrenal.

Actualmente, prevalecen distintas formas por las cuales la gente lucra con el robo de la señal de televisión, sobre todo cuando se trata de los sistemas de transmisión satelital o por cable. Cifras recientes señalan que 1.5 millones de hogares en la República consumen ilícitamente este tipo de servicios.

En razón de lo anterior, aseveró el legislador, nuestro país requiere un marco jurídico acorde con la realidad que vivimos, que proteja el uso, el aprovechamiento y la explotación de las redes públicas de telecomunicaciones.

Atacar piratería de televisión por cable

En ese mismo sentido, a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos se remitió una iniciativa de los diputados Ricardo Alegre Bojórquez y Manuel Gómez Morín (PAN) para adicionar el artículo 168 Bis del Código Penal Federal, con el objeto de establecer que se impondrá de dos a ocho años de prisión a quien sin contar con concesión por parte de la autoridad competente, instale, opere o explote redes públicas de telecomunicaciones.

Lo anterior, señala el documento, permitiría atacar enérgicamente la industria delictiva de la llamada piratería de televisión por cable, en su vertiente de conexión y distribución clandestina.

Ley Federal de Protección de Datos Personales

De igual forma, se sometió iniciativa para crear la Ley Federal de Protección de Datos Personales, que busca proteger la información individual de los titulares y regular el tratamiento por parte de los sujetos incluidos en ésta.

El documento menciona que los datos concernientes a su ideología y opiniones políticas, creencias o convicciones religiosas o filosóficas, los estados de salud físicos o mentales, las preferencias sexuales u otras análogas que afecten su intimidad, no deberán ser revelados, de lo contrario se aplicará la sanción correspondiente. Se turnó a la Comisión de Gobernación.

Comisión Nacional de los Derechos Humanos

A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos se envió la iniciativa que reforma el artículo 52 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el propósito de actualizar la legislación en dicha materia, a efecto de evitar incongruencias con el texto constitucional del primer párrafo del artículo 65 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Diputados suplentes

Con objeto de garantizar que los legisladores suplentes asuman la responsabilidad que les fue conferida sin que medie ninguna práctica dilatoria que entorpezca el cumplimiento de sus funciones, el diputado Francisco Luis Monárrez Rincón (PRI), presentó una iniciativa de reformas al artículo 63 de la Constitución.

La reforma propuesta plantea que, en caso de falta temporal o definitiva de legisladores por motivos de licencia, enfermedad o fallecimiento, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara respectiva llame en un plazo no mayor de 15 días al suplente y garantice que dentro de los 30 días siguientes éste tome posesión. La propuesta se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Ley General de Educación

En su oportunidad, el diputado Alejandro Murat Hinojosa (PRI) propuso reformas a diversas disposiciones de la Ley General de Educación con objeto de contribuir a solucionar la crisis que atraviesa el país en esta materia, pues en la última evaluación de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), México se ubicó en el penúltimo lugar.

Propone implementar evaluaciones nacionales sobre la calidad de la educación que se imparte en México, así como la operación de un bono educativo que otorgue la oportunidad a alumnos de excelencia con escasos recursos de acceder a la escuela de su preferencia. La iniciativa se envió a la Comisión de Educación y Servicios Educativos.

Instituto Nacional de Planeación Metropolitana

Más adelante, el diputado Jorge Luis Hinojosa (PAN) presentó una iniciativa de ley que crea el Instituto Nacional de Planeación Metropolitana, cuyo objeto será diseñar los instrumentos técnicos, administrativos, financieros y de gestión para lograr un redimensionamiento de la estructura urbana, acorde a sus necesidades presentes y futuras, procurando mejorar y fortalecer su infraestructura para que se perfilen hacia un crecimiento potencial. La propuesta se turnó a la Comisión de Desarrollo Metropolitano.

Ley Federal de Vivienda

Para involucrar a las organizaciones sociales en la búsqueda de soluciones y avanzar en la construcción de vivienda popular y así cubrir la demanda de la población con mayores rezagos, se conoció iniciativa a nombre del grupo parlamentario del Partido del Trabajo que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Vivienda.

Con ello se lograría aminorar el déficit en México que es de más seis millones de viviendas así como disminuir las probabilidades de invasiones, asentamientos irregulares y mala planeación en el desarrollo urbano. Fue enviada para su estudio y análisis a la Comisión de Vivienda.

Ley General de Sociedades Cooperativas

La ausencia de opciones legislativas para dar cobertura legal a las cooperativas de ahorro y préstamo, más allá de la Ley de Ahorro y Crédito Popular (LACP), puede dar pie a la desaparición de un buen número de estos organismos, lo cual equivale a desperdiciar una gran cantidad de energía social invertida en su constitución y desarrollo a lo largo de más de cinco décadas.

Por ello, el diputado Francisco Javier Saucedo Pérez (PRD) planteó iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que en su artículo 2 incorpora que la sociedad cooperativa sea parte integrante del sector social de la economía. Se remitió a las Comisiones Unidas de Fomento Cooperativo y Economía Social.

Mecanismo de seguridad para los compradores de gas licuado

El legislador Gonzalo Moreno Arévalo (PRI) expuso iniciativa que reforma el artículo 13 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización con el propósito de obligar a las compañías expendedoras de gas licuado de petróleo para consumo doméstico a colocar un sello de inviolabilidad y seguridad que garantice el peso neto de su contenido y evitar maniobrar para extracción de su contenido. Se remitió a la Comisión de Economía.