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Luego de que el Pleno de la Cámara de Diputados acordó pedir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraer el caso de la periodista Lydia Cacho, legisladores del PRI, PAN y PRD solicitaron al Máximo Tribunal, se dé seguimiento puntual al caso, a fin de deslindar responsabilidades y hacer valer el Estado de Derecho.

Afirmaron que tienen la responsabilidad de seguir de cerca no solamente el actuar de la Suprema Corte, sino recobrar la credibilidad en las instituciones y sus representantes porque éste, dijeron, es el reto ante la ciudadanía.

Pidieron una investigación a fondo e investigar la red de pederastia que está detrás de este asunto y castigar este delito “ominoso”.

Se pronunciaron porque este asunto se despolitice, con el propósito de que se aplique la justicia en el país y se respeten los derechos humanos.

Indicaron que la sentencia de la Corte en el caso, tiene la fuerza del Poder Judicial para investigar ilícitos y castigar a los presuntos responsables o culpables.

Por su parte, diputados del PAN y PRD condenaron el secuestro, encarcelamiento y juicio que padeció la periodista Lydia Cacho por parte del Poder Judicial del estado de Puebla y señalaron que sólo cumplía con su trabajo.

A nombre del grupo parlamentario del PAN, la diputada Ruth Hernández Martínez dijo que su fracción está a favor de que el gobernador de Puebla, Mario Marín Torres se retire del cargo mientras se lleven a cabo las investigaciones correspondientes y se pronunció porque se le aplique juicio político.

Pidió dejar atrás los vicios de autoritarismo, el uso faccioso de la Ley, así como la presencia y fuerza que tiene el poder económico en nuestro país en las decisiones políticas.

Aseguró que no sólo se habla de un caso en donde se atropelló la libertad de expresión, sino al valor que tuvo una periodista al denunciar una red de pederastia y de pornografía infantil protegida por “políticos, actores económicos y empresarios”.

Dijo que en las grabaciones dadas a conocer por los medios de comunicación, los mexicanos nos enteramos de cómo “se gesta desde la esfera del gobierno una detención de manera irregular y arbitraria con relación a una periodista”.

Por su parte, el diputado Carlos Flores Rico (PRI) pidió no hacer juicios adelantados, sino hasta que se dicte sentencia en el caso.

“Que la corte juzgue si hay o no violaciones en los derechos fundamentales, en la garantía individual de la señora Lydia Cacho”.

“No podemos prejuzgar, ni recriminar el juicio, ni obligar a la Corte a tener una resolución, que tenga la que corresponda a derecho, a los hechos, que tenga la verdad jurídica y real”, agregó.

Afirmó que para su partido existieron tres “valores fundamentales” para que la Corte atrajera el caso: Estado de Derecho, existencia y vigilancia de la legalidad y equidad de género.

Dejó en claro que este tema no es del PRI, sino es un asunto del poder, de la corrupción, de la desviación de la función pública, “la colusión para delinquir no es patrimonio de ningún partido es lamentable una condición del mal arreglo del poder”.

En su oportunidad, el vocero del grupo parlamentario del PRD, Inti Muñoz Santini, recordó la denuncia penal que presentó su partido ante la Procuraduría General de la República (PGR) para que se investigue la veracidad y el origen de las grabaciones entre el gobernador de Puebla y el empresario textil Kamel Nacif Borge.

Aseguró que el Poder Legislativo ha jugado un papel muy importante en la denuncia de hechos al dejar claro “que esto no puede quedar impune”, asimismo, pidió al Ejecutivo Federal actuar con más fuerza al respecto.

“Creemos que la demanda de que se retire del cargo tiene mucho sentido, es una demanda sincera y honesta que pide al gobernador que no obstaculice las investigaciones y que él mismo colabore en que esto se aclare”, añadió.

Finalmente, se pronunciaron porque no se pongan trabas en este asunto, a fin de continuar con las indagaciones y esclarecer al respecto para contribuir a que en nuestro país exista un libre ejercicio de la libertad de expresión e información.

(adjuntamos versión estenográfica del debate “Frente a las Cámaras”)

México D.F., a 26 de febrero de 2006.

Versión estenográfica del debate sobre el caso de la Periodista Lydia Cacho, efectuado en el programa “Frente a las Cámaras”, producido por la Coordinación General de Comunicación Social de la Cámara de Diputados, que se difunde los viernes a las 19:00 por el Canal del Congreso de la Unión; los domingos a las 09:30 por el Canal del Congreso y a las 10:30 por PCTV, y los lunes a las 21:00 horas por el Canal del Congreso.

MODERADORA MAYTÉ NORIEGA.- Cómo está usted; me da mucho gusto darle la bienvenida a nuestro debate de hoy “Frente a las Cámaras”; el tema que se analizará será el caso de la periodista Lydia Cacho; damos inicio con el planteamiento de cada uno de los representantes de los partidos políticos; tiene la palabra el diputado Carlos Flores Rico, del PRI.

DIPUTADO CARLOS FLORES RICO (PRI).- Gracias, cómo están, que bueno que se hace este programa, porque nos ayuda a esclarecer ante la opinión pública una posición relevante del Congreso, en particular de la Cámara de Diputados y me parece a mí que las opciones que ustedes van a ver hoy son las posiciones de los partidos entorno al mismo objeto, buscar la verdad, buscar que se ejerza el imperio de la Ley y que finalmente la sociedad quede tranquila y satisfecha de un asunto que ha reclamado nuestra atención de manera relevante en los últimos días.

Hoy el PRI puede asumir con toda plenitud tres valores fundamentales como un respaldo a esta propuesta de la Cámara para que la Suprema Corte asuma su tarea como un poder autónomo y pueda, en ánimo de cumplir lo que establece la Constitución, el artículo 97, averiguar si en este caso hay o no hay una violación en el Estado de Derecho, en particular en lo que son las garantías individuales de una periodista que ejerce su trabajo y que puede ser juzgado por el lector, pero por la Ley sólo con la Ley.

Así que tres valores nos animan, uno: el Estado de Derecho, es decir la plena existencia y vigencia de la legalidad; segundo: un principio fundamental que no hay manera de evitar en ninguna sociedad moderna que se diga democrática que es la libertad de expresión y, por supuesto, un tercer elemento que, en este caso, tiene un especial significado, es la igualdad ante la Ley de hombre y mujeres, la equidad de género.

Esos tres elementos como una parte fundamental de esta posición para que se vaya a la Corte el asunto y, atrás de todo, una investigación pendiente que va al fondo de nuestras conciencias, de nuestro estado de ánimo, de nuestra capacidad de asombro en la sociedad, la investigación, a fondo, del fondo del asunto: la pederastia, delito ominoso, inadmisible que ya es hora de que se castigue como lo han hecho en otros casos y otros países.

DIPUTADA RUTH HERNÁNDEZ MARTÍNEZ (PAN).- Gracias, hoy de nueva cuenta el tema es el caso de la periodista Lydia Cacho; hace apenas una semana todavía no asimilábamos que esta indignación por la detención ilegal, arbitraria, que se hizo de esta periodista que simplemente cumplía con su labor, una labor seria y responsable y de esa indignación pasamos a la vergüenza nacional por la forma en que desde el poder no solamente se atenta contra una periodistas sino contra una mujer que ejerce una profesión y que en su detención se burló su dignidad, se atentó contra sus derechos y su dignidad y se le sometió a una situación sumamente difícil para cualquier profesionista de cualquier campo y, sobre todo, como mujer.

Las palabras en estos momentos ante una ciudadanía incrédula, molesta, yo creo que no son suficientes; en el grupo parlamentario del PAN creemos que es importante que pasemos de las palabras a los hechos; creemos firmemente que por una parte el Gobernador de Puebla tiene que retirarse del cargo para garantizar que realmente sigan adelante las investigaciones, puesto que ya vimos que con toda facilidad se dio esta complicidad entre autoridades judiciales, empresarios, y entre el mismo gobernador.

Esto es algo sumamente delicado y que, por lo tanto, en principio, el señor se debe retirar del cargo y en segundo, como Cámara de Diputados, tenemos que seguir con el juicio político a esta persona.

DIPUTADO INTI MUÑOZ SANTINI (PRD).- Gracias; en el PRD celebramos que podamos estar aquí en la Cámara de Diputados discutiendo en torno a este gravísimo problema, a este terrible caso que conocimos todos a partir de las grabaciones que consignan que en el caso de la periodista Lydia Cacho hay una serie de ingredientes que agravan el asunto.

Me refiero a la persistencia en este país de varios de los viejos vicios que todos queremos dejar atrás, vicios como el autoritarismo, el uso faccioso de la Ley, el uso faccioso del poder político a favor del interés particular, vicios terribles como la presencia y la fuerza que tiene el poder económico en las decisiones políticas, esto creo que representa al viejo México, sin duda alguna es el México que todos queremos dejar atrás, un México donde había impunidad, corrupción y es justamente en este caso que hoy estamos todos confluyendo en que podemos poner a prueba la posibilidad que tenemos como país de transitar a ser un país moderno, democrático, transparente, donde la Ley se respete.

Creo que no solamente estamos hablando de un caso donde se ha atropellado la libertad de expresión, específicamente en lo que se refiere a la acción ilegal en contra de la periodista Lydia Cacho, que tuvo el valor de denunciar una red de pederastia y de pornografía infantil, protegida por políticos, por actores económicos, por empresarios.

No solamente es eso, creo que estamos hablando de un caso que sintetiza la necesidad de que no dejemos pasar estas cosas; a mí me llama mucho la atención porque justo hablábamos de la necesidad de pasar de las palabras a los hechos, que los grupos parlamentarios del PAN, PRD, PT, Convergencia hemos sido muy precisos y contundentes en actuar interponiendo una solicitud de juicio político y además ir a la PGR a denunciar este caso, pidiéndole a la Corte que atraiga el caso.

En el PRI y el PVEM, desde mi punto de vista, ha habido una actitud un tanto titubeante; eso hay que discutirlo más adelante.

DIPUTADO CARLOS FLORES RICO (PRI).- A mí me parece relevante lo que comentan los señores diputados, pero también me parece igualmente relevante para la sociedad mexicana nuestra mesura, nuestro apego estricto a la objetividad; en este caso, que es tan delicado, hay muchas personas involucradas que merecen respeto y la presunción de inocencia antes de emitir un juicio.

Lo que tenemos a la vista es muy fuerte y es muy contundente por la capacidad de los medios de amplificación, es una conversación privada, que ha sido expresión de una violación sistemática que ahora veo que es de antaño y ogaño; es decir, que se violan las comunicaciones privadas de las personas por buenas o malas que sean en sus contenidos, esto no puede evitar la comisión de un delito como primera cuestión.

La segunda es que si vamos o hemos votado ayer, prácticamente por unanimidad, que la Corte se haga cargo, es para que la Corte juzgue si hay o no hay violaciones en los derechos fundamentales, en la garantía individual de la señora Lydia Cacho, todo parece muy preocupante, que nosotros que tenemos una representación constitucional para hacer pedir que la Corte dirima, averigüe, juzgue y consigne a la persona que tenga responsabilidad, si la hay, ya estamos presumiendo que la hay.

Efectivamente el asunto es muy difícil muy complicado y ominoso, porque si se puede intuir que hay una violación a la garantía individual de alguien que defiende, que destapa o que denuncia un delito tan ominoso como es la pederastia es muy irritante, inadmisible, y debe de actuarse y de cumplirse la Ley y debe caer quien caiga.

Pero me parece muy excesivo que se juzgue desde antes, que se haga una violación para cubrir otra presunta violación y, en este caso, yo creo que si bien el fuero nos protege y el sentido común nos puede indicar algunos indicios, no podemos ni concluir, ni predeterminar, ni preestablecer juicios que estamos solicitando que se hagan a la autoridad, yo comparto los valores que Inti y que Ruth establecen aquí y que la propia Cámara lleve y el Senado inclusive estableció.

Pero el asunto de fondo es que hay presunciones, que hay indicios por unas grabaciones, ilegales o no, pero hay indicios que puede uno presumir una actuación ilegal del gobernador y de un particular y, por ende, a lo mejor de la juez o de la procuradora, puede ser, es un indicio, pero me parece que hacer juicios adelantados, y no sólo juicios adelantados sino ya hasta dictar la sentencia de que debe de irse del cargo el gobernador, me parece por lo menos apresurado, tan apresurado como puede ser que se haya juzgado a la señora Cacho antes de que pudiera probar que es o no difamación o calumnia lo que ella menciona en su libro acerca del señor industrial que está ahí involucrado.

DIPUTADA RUTH HERNÁNDEZ MARTÍNEZ (PAN).- La verdad es que uno tiene que estar de acuerdo cuando se pide mesura y respeto al derecho de las personas; obviamente uno no puede estar en desacuerdo, sin embargo, cuando los hechos resultan tan evidentes, cuando si bien es cierto a través de grabaciones nos enteramos de cómo se gesta desde la esfera de gobierno una detención de manera irregular y arbitraria con relación a una periodista en donde incluso se fraguaba ir un poco más a la violación, etcétera.

Desafortunadamente tuvimos conocimiento a través de esta forma que obviamente no es lo más adecuado, sin embargo, es la forma en que toda la población lo conoció y en donde desafortunadamente hasta este momento las contradicciones en las declaraciones del gobernador, incluso las propias declaraciones de priístas, nos dan pie para tener la seguridad de que éste fue real.

Pero más allá de esto, la verdad es que por una parte está la agresión a una periodista, pero por otra parte está lo que se intenta o pareciera que se intenta captar, es decir cómo ante un delito tan grave como la pederastia, como las agresiones contra las menores, puede estar contando con el apoyo de las autoridades locales para taparlas, eso es todavía más grave y ante esta situación si bien es cierto tenemos y pedimos que se actúe por los cauces legales, institucionales, también es cierto que desafortunadamente en nuestro país pareciera que las leyes están hechas para proteger a los delincuentes y no a las personas inocentes.

Ante esta situación creo que, independientemente que continuemos por la vía acordada el día de ayer, seguiremos insistiendo en las posibilidades que tenemos como representantes de esta nación.

DIPUTADO INTI MUÑOZ SANTINI (PRD).- Por supuesto que la prudencia y el apego a derecho son principios rectores de la acción de todos los que estamos preocupados en este tema; nadie está juzgando de manera anticipada, nosotros de hecho en la denuncia penal que hemos interpuesto en la PGR estamos solicitando, en primer término, que se investigue la veracidad y el origen de las grabaciones de estas conversaciones, pero creemos que eso no es un tema de debate, evidentemente también se tiene que investigar quién hizo esas llamadas y eso se tiene que castigar, no hay duda en ese terreno.

Es muy importante que nos hagamos cargo de que en el marco de un México que transita a la democracia, en el marco de una profunda crisis de credibilidad de la clase política en México, este tipo de cosas no las podemos dejar pasar, puede parecer un solo caso, pero no es así, creo es un caso, como yo lo decía al principio, que sintetiza mucho, hay que investigar desde la red de pederastia que está detrás de todo esto, hay que investigar a fondo con pleno apego a derecho todo lo que involucra, es decir, también creo que hay que tocar el tema de que si están o no involucrados otros actores políticos, el papel que jugó el ex diputado Yunes, hoy Subsecretario de Seguridad Pública, las menciones que hace Lydia Cacho entorno a que Kamel Nacif pudo haber financiado a la organización Vamos México de Marta Sahagún.

En fin, creo que se tiene que investigar a fondo y tenemos que dejar de lado cualquier afán partidista o electoral y lo toco por lo siguiente, en efecto yo saludo la posición que el PRI ha manifestado a través del diputado, pero también hay que tomar en cuenta que el PRI estuvo defendiendo a Mario Marín, estuvo intentando retrasar, dilatar y buscar algunos subterfugios hasta el momento en que se dieron cuenta de que era un caso electoralmente costoso.

En ese sentido creo que es muy importante que seamos claros, ese México que funcionaba a partir de la oscuridad, de los favores, del tráfico de influencias, del uso faccioso del poder político es un México que debe quedar atrás y en eso todos tenemos que comprometernos, el problema no es sencillo, pero para que podamos estar hablando de una responsabilidad verdadera del Estado Mexicano en la solución de un caso como éste, todos tenemos que cumplir con nuestro papel.

El Poder Legislativo creo que ha jugado un papel muy importante en la denuncia de los hechos en dejar claro que esto no puede quedar impune, el Ejecutivo creo que tiene que actuar con mucha más fuerza y más insistencia en el tema y el Poder Judicial está a prueba porque sabemos que el gobernador Marín tiene algunos instrumentos que le da este sistema político mexicano, que todavía no termina de cambiar, para parapetarse en su cargo, para refugiarse en Puebla amparado en esa mayoría que tiene el Congreso Local.

Creemos que la demanda de que se retire del cargo tiene mucho sentido, es una demanda sincera y honesta que pide al gobernador que no obstaculice las investigaciones y que él mismo colabore en que esto se aclare.

MODERADORA MAYTÉ NORIEGA.- Gracias, continuamos con nuestro debate de hoy “Frente a las Cámaras” con el caso Lydia Cacho, tiene la palabra el diputado Carlos Flores Rico, del PRI.

DIPUTADO CARLOS FLORES RICO (PRI).- Yo quisiera introducir alguna cuestión que puede ubicar mejor la situación: estamos ante una persona que fue detenida y que está en Estados Unidos por tener evidencias muy fuertes de estar involucrado en una red de pederastia y una persona que es un industrial poblano que, aparentemente, está involucrado con él, defendiéndolo, abogando o tiene alguna relación y por tanto es mencionado en un texto, y una conversación que escuchamos entre este industrial que lo defiende, o es amigo de él, o tiene alguna relación con el gobernador, y una discusión o dos pláticas entre el señor industrial y un amigo relacionado con él y otra con una persona del área financiera.

Cuando habla Ruth de violación, no está hablando el gobernador, suponiendo que fuera cierta la llamada, que yo creo que sí, no estaba el gobernador en ningún caso con la persona consignada por el delito en ningún caso.

En el segundo caso, cuando habla el gobernador, está hablando con el señor industrial, que es amigo del supuesto pederasta y cuando habla el amigo del pederasta con su amigo, que parece que es argentino, según dicen las crónicas, es cuando hablan de: viólenla, moléstenla, y que ya le puso a no sé quién, nunca es la autoridad, nunca es el gobernador, aun suponiendo que fuera todo esto cierto.

Aquí ocurre una cosa que tiene que ver con los medios, sobre todo los electrónicos, la radio y la televisión son profundamente conclusivos, te dan una sentencia, y luego, si hay tiempo, te lo prueban, es el caso, aquí ya se dijo, se concluyó y apenas se va a ver si es o no es, no se ha determinado si el acusado de pederastia en los Estados Unidos por delitos cometidos en la República Mexicana es o no culpable, parece ser que sí, pero no se le ha juzgado todavía; bueno, pues al amigo ni siquiera acusado está todavía y ya se le juzgó de pederasta, pues al amigo del amigo, que es el gobernador, ya se le acusó de lo que al primero no se le ha probado y esto es un efecto de los medios.

Yo creo que nuestra obligación es hacer juicios críticos, severos, profundos, pero en cada dimensión, porque, por ejemplo, ayer un amigo mío, diputado del PRI, ya hablaba del gobernador como un indiciado, sentenciado, y ya lo probaba inclusive como pederasta también, le dijo depravado, perverso, degenerado, sátrapa, pues no, cuidado, si nosotros vemos las cosas a ese nivel nos hemos alejado de toda la afectividad, de toda capacidad de juicio, de toda calidad moral para criticar a quien tenga delitos que pagar.

Yo creo que debemos rescatar el papel de los medios en foros como éste que el Congreso que está lleno de buena fe, primero, y por decir, no hay un solo partido, un solo diputado, un solo opinante de la opinión pública civil que esté de acuerdo ni siquiera con la tapadera de un delito tan grave como ese, segundo: no hay diputado que defienda o que quiera tapar el sol con un dedo, al contrario, todos hemos votado prácticamente que la Corte intervenga.

Y lo que nos motiva son razones diferentes, aunque tengan una base común, la base común es ética, es de exigencia y de indignación, pero no podemos nosotros, uno: prejuzgar, ni obligar a la Corte a tener una equis resolución, que tenga la que corresponda a derecho, que tenga la que corresponda a los hechos, que tenga la que la verdad jurídica y real hagan coincidir, que tengan la que la sociedad está reclamando, la verdad y ahí me quedaría yo por una gran confianza en la Corte, una confianza que nos va a decir, de acuerdo con sus atribuciones, si la persona que fue detenida fue con una orden de aprehensión legítima o no, si hubo o no violaciones en el procedimiento y eso es lo que tenemos que ver ahora.

El resto de la discusión es una expresión ética y política que hoy debemos asumir, pero teniendo salvaguarda de qué es lo que la Corte debe de ver, qué es lo que la Corte puede encontrar y qué es lo que la Corte tiene atribuciones para poder ubicar a nuestros escuchas con toda objetividad.

MODERADORA MAYTÉ NORIEGA.- Yo quisiera pedirles que comentaran con la gente qué importancia puede tener en este momento que el caso sea turnado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo aceptara, qué fuerza podría tener, tengo entendido que hasta el momento sólo ha aceptado dos casos: uno a finales de los años cuarenta y otro cuando la matanza de Aguas Blancas.

Tiene la sentencia que de la Corte fuerza para castigar a los presuntos responsables o culpables.

DIPUTADO INTI MUÑOZ SANTINI (PRD).- Claro, una resolución de la Corte tendría toda la fuerza del Poder Judicial, la Corte tiene facultades para investigar ilícitos; en efecto, tanto esta facultad de investigar de la Corte como figuras instituciones como el Juicio Político están ahí, pocas veces se han utilizado y pocas veces han funcionado del todo y esto es producto justamente de que México no termina de transitar a tener un sistema de impartición de justicia moderno, justo, libre de corrupción, transparente.

Por eso nosotros insistimos que en este caso están a prueba muchas cosas; es la síntesis de muchas cosas.

DIPUTADA RUTH HERNÁNDEZ MARTÍNEZ (PAN).- Sí, y en donde además en estos años hemos visto un papel principalísimo del Poder Judicial en donde a falta de acuerdos, en donde la falta de conciliación de algunos aspectos en los actores políticos se ha llegado a controversias y, bueno, en ese sentido el Poder Judicial ha tenido un papel importantísimo.

Además porque creemos en las instituciones y obviamente por esa razón claro que insistimos y estamos de acuerdo en que la Suprema Corte intervenga en esto, porque al final de cuentas lo que queremos es que se dé seguimiento puntual, una investigación de las probables responsabilidades en que hubieran incurrido los diferentes funcionarios y, a final de cuentas, tener una instancia creíble, confiable a la cual todos los actores políticos acudimos.

Sin embargo, también es importante decir que desafortunadamente los pocos antecedentes que se tienen respecto a la participación de la Suprema Corte nos hace mantener cierto escepticismo en lo que pudieran resolver, por eso es que ante el compromiso que tenemos con la ciudadanía de que realmente las cosas se conozcan a fondo y se conozca la verdad creo que también los diputados tenemos la responsabilidad de seguir muy de cerca no solamente el actuar de la Suprema Corte, sino hacer lo que a nosotros nos corresponde, porque desafortunadamente aquí el reto que tenemos todos ante la ciudadanía es recobrar esa credibilidad en las instituciones y en sus representantes.

Entonces, por esa razón es que hemos estado de acuerdo en que acudamos a la Suprema Corte, pero yo insisto en que no será nada más en ella en quien depositemos nuestro actuar, sino que haremos también lo propio.

DIPUTADO INTI MUÑOZ SANTINI (PRD).- Quisiera hacer un recuento entorno a lo que suscita todo esto: el problema es que Lydia Cacho fue juzgada de manera injusta y corrupta por un Poder Judicial evidentemente corrupto en el Estado de Puebla, a partir de que ella hace algunas acusaciones y algunos señalamientos al empresario Kamel Nacif, en su libro donde habla de esta red de pornografía infantil y pederastia.

El empresario Kamel Nacif se siente calumniado y en vez de proceder como lo tendría que hacer cualquier ciudadano con apego a la Ley presentándose al Ministerio Público e interponiendo una demanda, pidiendo que se investigue y que se abra una averiguación previa por el delito de difamación y calumnias, recurre a la amistad y a la influencia que tiene a partir de su poder financiero y económico con el Gobernador de Puebla.

¿De qué nos hablan las conversaciones?: las conversaciones nos hablan de que Lydia Cacho con la organización, con el papel detrás de todo esto de Kamel Nacif, de las autoridades judiciales, de una juez, de gente del Poder Judicial de Puebla, Kamel Nacif organizó, con la venia del gobernador, que Lydia Cacho fuera secuestrada en el Estado de Quintana Roo, que fuera llevada a Puebla de forma ilegal e inhumana y, además, con toda la intención de que así fuera.

Que fuera encarcelada, juzgada y después vejada en la cárcel, de eso nos hablan las conversaciones, eso está claramente explicado y detallado en las conversaciones que hemos conocido y después que se consuma este delito este atentado gravísimo a los derechos humanos, esta vejación indescriptible, le llama al Gobernador de Puebla para agradecerle el favor, eso es lo que en este país, insisto, los mexicanos no queremos que siga ocurriendo, que se pervierta el uso de la justicia.

DIPUTADO CARLOS FLORES RICO (PRI).- Yo coincido mucho con Inti en muchas cosas y valores que él en la tribuna y en su vida hace, en esta vez no coincido, porque es un asunto de hechos, Inti, la señora Lydia Cacho no ha sido juzgada, eso es muy importante que la gente lo sepa, se le ha iniciado un proceso, es decir se le ha iniciado un juicio, yo no soy abogado y tampoco tu, Inti, tú eres una gente que se desempeña en el ambiente cultural con mucha eficacia.

Pero en materia de técnica jurídica las personas cuando tienen un juicio es que han sido declaradas obviamente presas y luego ese juicio se desarrolla por muchos meses o semanas en las que hay un procedimiento en que la gente se defiende y hay pruebas y, al final, se sentencia; la señora no ha sido juzgada.

DIPUTADO INTI MUÑOZ SANTINI (PRD).- En efecto, Lydia Cacho está libre bajo fianza con un juicio en curso.

DIPUTADO CARLOS FLORES RICO (PRI).- De acuerdo, esto es correcto, entonces no ha sido juzgada; segundo, técnicamente el secuestro o no secuestro ya prejuzga si la actuación fue correcta o ilegal; lo que ocurrió técnicamente es lo que tiene que averiguar la Corte, es que a una persona un industrial de Puebla, que se siente ofendido por difamación y calumnias, entabla una denuncia penal contra la periodista.

La hace como cualquier ciudadano y va al Ministerio Público, que depende de la Procuraduría del Estado y que depende, a su vez, por ley, del Gobernador, en este caso la Federal del Presidente de la República, ésta abre una averiguación previa y expide una orden de aprehensión porque supone que con los elementos que le da el demandante en este caso el denunciante reúne o cree que hay presunción del delito, la consigna a una juez, la juez emite una orden de aprehensión, como la señora no vive en Puebla emite un exhorto a otro juez de otro estado; es decir, hasta donde está, la cosa se ve legal.

Lo que la Corte tiene que ver es que a la luz de las grabaciones es si este procedimiento judicial es apócrifo o está viciado como bien señala la sospecha de Inti, pero de ahí a decir que es secuestrada, eso quién sabe, eso es lo que va a decirnos la Corte; la Corte puede decirnos: efectivamente eso es ilegal.

DIPUTADO INTI MUÑOZ SANTINI (PRD).- Estás hablando de lo que las grabaciones dicen.

DIPUTADO CARLOS FLORES RICO (PRI).- No, las grabaciones no dicen eso, las grabaciones están diciendo o que nos demuestran una cosa es que hay una connivencia entre el gobernador y el denunciante, ahora bien yo lo que diría, por eso hablo siempre tratando de ser, hasta donde pueda, objetivo de que lo que tenemos es un proceso judicial a juicio de la Corte, es decir las gentes que defienden a la señora Lydia Cacho, que me parece que tienen elementos suficientes para reclamar esta revisión suponen, no sin fundamento, que eso está viciado porque hay una grabación rara.

La parte de la legalidad en Puebla dice no, esto ocurre dentro de un procedimiento judicial técnicamente establecido y que sea revisable, eso es lo que la Corte tiene que hacer, por eso yo diría que antes de juzgar tenemos que esperar a que la Corte que es un supremo poder nos diga si ese procedimiento está viciado que pague quién tenga que pagar, pero si no es así que se reivindique la confianza en la autoridad estatal, en el Poder Judicial del Estado y que la señora Lydia Cacho se defienda como cualquiera de nosotros en un juicio que debe de ser justo, legal y que debe ser apegado escrupulosamente al respeto de los derechos humanos.

DIPUTADA RUTH HERNÁNDEZ MARTÍNEZ (PAN).- La verdad, estoy gratamente sorprendida, Carlos, por escuchar estos comentarios en donde se insiste en que todo ciudadano se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario, lástima que el PRI no aplique en todos los casos el mismo criterio y lástima que en muchos otros casos primero se juzga y se sanciona y luego se pide que se investigue.

En este caso específico de Lydia Cacho, efectivamente hay situaciones que nos llevan a tener una duda más que razonable sobre las condiciones arbitrarias de violaciones a los derechos humanos que se han cometido contra una periodista, que investigaba un hecho de pederastia es cierto y que al final de cuentas lo que aquí está también a discusión y ante los ojos de la ciudadanía y como prueba para nosotros mismos, se estaba tejiendo toda una red de complicidades para tapar este delito y para impedir esa labor periodística que pusiera ante la opinión pública esta información.

Eso es en lo que yo quiero insistir, como diputada y como mujer que soy, y que comparto mucho de esa indignación que en un momento dado Lydia Cacho sufrió en este proceso de detención arbitraria, porque por más que aquí se quiera hacer el recuento de cómo se dieron las conversaciones y las grabaciones y cómo fue el proceso a detalle que aquí Carlos nos explica, de cómo se da la detención y que a final de cuentas sí vemos una manipulación del poder, sí vemos aquí una intención dolosa de afectar a una persona y en donde como resultado podemos presumir de una red de complicidades, y eso también es sumamente grave, sobre todo consideramos que es a partir de una autoridad que es la que debe velar por los derechos de todos los ciudadanos, de todos en este país, entonces es todavía lo que agrava más las cosas.

MODERADORA MAYTÉ NORIEGA.- Gracias, tenemos 30 segundos para las conclusiones.

DIPUTADO CARLOS FLORES RICO (PRI).- Más que conclusiones, un abundamiento: yo creo que hay que despolitizar el asunto; mi amiga Ruth dice que el PRI, no hay que ver al PRI es asunto del poder, son los vicios del poder; te puedo citar casos de otros estados con otros gobiernos.

No es asunto del PRI, lamentablemente es un asunto del poder, la corrupción, la desviación de la función pública, la colusión para delinquir no es patrimonio de ningún partido, es lamentablemente una condición del mal arreglo del poder yo creo que si tenemos la capacidad de poder esperar con serenidad y guardar la indignación a que la Corte nos diga qué es lo que sucedió habremos contribuido mejor a que este Estado sea un Estado nuevo, no en términos de tiempo, de cronologías, que hay un México grandioso en el pasado, sino un México nuevo en la ética, en la forma de ver los asuntos públicos y de defender a las personas de la omnipotencia de la autoridad.

DIPUTADO INTI MUÑOZ SANTINI (PRD).- Quienes defendemos a Lydia Cacho es porque le creemos. Y consideramos al juicio en el cual está sometida, es un juicio injusto que surge a partir de la corrupción. Creemos que el hecho de que ella esté presa bajo fianza es también producto de la corrupción.

Nosotros llamamos a los ciudadanos a que nadie se rinda en esto. Es muy importante que demostremos que quienes queremos que acabe la impunidad en este país nunca más exista la justicia selectiva, que se vulnere el Estado de Derecho, que se utilice el poder en contra de unos cuántos, en contra de la mayoría, perdón, que se vulneren los derechos humanos, que no haya libertad plena de expresión.

Creo que somos más los que estamos en esto y sabemos que vamos a lograr que con esto caminemos en construir un México mejor. Hay que acabar con esos vicios que nos heredó el viejo régimen autoritario; es momento de hacerlo.

DIPUTADA RUTH HERNÁNDEZ MARTÍNEZ (PAN).- Yo creo que es importante que demostremos despolitizar las cosas, más bien despartidizar, porque a final de cuentas lo que queremos es que realmente entre la justicia en nuestro país, que se respeten los derechos humanos y en esto la mejor manera de demostrar que estamos en ese afán, es que veamos a fondo las cosas y que existe ese compromiso y que no pongamos trabas, absolutamente ninguna traba en las tareas que tengamos que continuar de aquí en adelante, hasta que logremos el esclarecimiento de los hechos por una parte, el castigo a los auténticos responsables y, sobre todo, que realmente estemos contribuyendo a que en nuestro país haya un libre ejercicio de la libertad de expresión, de información.

MODERADORA MAYTÉ NORIEGA.- Muchas gracias; lo invitamos a que nos acompañe en el próximo debate.