• Debemos darle una justa dimensión al valor del trabajo de los comunicadores: Beatriz Mojica

• El Grupo de Trabajo para el Seguimiento de Agresiones a Periodistas envió una carta al Procurador General de la República sobre este tema

Es necesario avanzar en el fortalecimiento de la libertad de expresión para consolidar una sociedad democrática y de vanguardia en México, afirmó la diputada Beatriz Mojica Morga (PRD), presidenta del Grupo de Trabajo para el Seguimiento de Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación.

Durante la inauguración del foro La Libertad de Expresión como Derecho de los Pueblos Latinoamericanos, la legisladora indicó que en la medida que se avance en la tolerancia y comprensión del trabajo periodístico, disminuirán las agresiones a periodistas y medios de comunicación, pero sobre todo, se contribuirá a romper el círculo de impunidad.

Al presentar su ponencia Los Medios de Comunicación y el Poder Legislativo, Mojica Morga enfatizó que debemos dimensionar el valor del trabajo de los comunicadores y cómo, desde el ámbito del Legislativo, promover una relación estrecha con ellos.

Durante el evento, auspiciado por la Organización Latinoamericana de Trabajadores de Comunicación Social y el Foro Democrático, la diputada por Guerrero destacó que, entre 160 países, México pasó del lugar 75 en cuanto a libertad de expresión en el mundo, al 135, situación que debe ser revisada y atendida a profundidad. “La Cámara ya lo está haciendo, pero tienen que avanzar los otros poderes”, enfatizó.

Al referirse al caso Puebla, señaló que ya no podemos concebir autoridades, como las de ese estado, donde se tergiversa la ley para hacer un uso torcido de ella contra una periodista que da a conocer hechos que no son inventados, “y, en lugar de investigarlos, lo más fácil es demandar por difamación, lo cual ha sido muy socorrido en últimas fechas, y va desde las que ha presentado Martha Sahagún, hasta el más reciente, de Lydia Cacho Ribeiro”.

Por ello, se pronunció por construir una sociedad de vanguardia “es lo que exige el mundo en el que estamos insertos los países latinoamericanos y en el cual hay cosas que ya no podemos permitir, como el autoritarismo; ejemplos como el de Puebla son asuntos vergonzosos que ya no estamos en condiciones de permitir ni de tolerar”.

En este sentido, subrayó que existe un problema de tolerancia en el país, que tiene que ver con la libertad de expresión y su fortalecimiento, y que las autoridades entiendan que es una nueva era y esto implica la transparencia del ejercicio del deber público, el uso de recursos y todo lo relacionado con la función pública.

Sin embargo, agregó que “en el fondo no es quién está implicado, sino la impunidad. Las autoridades deben castigar a quienes agredan a medios de comunicación e inhiban la libertad de expresión y eso corresponde a las procuradurías de los estados, a la PGR y al poder judicial, para romper el círculo de la impunidad que impera en este y en muchos otros temas”.

Añadió que si se logra superar ese círculo, se podrá avanzar más allá del tema de la libertad de expresión, que es fundamental para la democracia mexicana, y en la eliminación de la violencia porque todo se resume en la necesidad de aplicar la justicia en todos los ámbitos”.

Reconoció que este tema es central para fortalecer la democracia en el país, “y es muy importante la labor de los medios, de los periodistas y lo que podamos ir avanzando desde el Legislativo y el Ejecutivo”, enfatizó.

Asimismo, dio a conocer la carta que envió al Procurador General de la República, Daniel Cabeza de Vaca, en la que el Grupo de Trabajo para el Seguimiento de Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación solicita que la recién creada Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra Periodistas conozca e investigue el caso de la Periodista Lydia Cacho Ribeiro.

Tal solicitud se circunscribe en el marco de las actividades parlamentarias que desempeña cotidianamente este grupo de trabajo y de las acciones legales indispensables para que estos casos no queden impunes.

En la misiva, el grupo de trabajo considera justo y necesario “conceder el privilegio de la duda a la fiscalía y apoyar, en la medida de nuestras posibilidades, a que sus tareas se realicen de manera satisfactoria”. También reconoce que es una magnífica oportunidad para que dé muestras del compromiso y voluntad que regirán sus tareas en los meses venideros.