Los grupos parlamentarios del PRI, PRD, PVEM, PT y Convergencia acusaron al Gobierno Federal de haber violado la Ley General de Desarrollo Social y el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2006, respecto a los spots presidenciales sobre los logros gubernamentales, además de que le exigieron una investigación profunda en torno al espionaje telefónico.

Durante la comparecencia, ante el Pleno, del secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza, la bancada del PAN rechazó que el gobierno del Presidente Fox haya hecho uso indebido de los espacios en medios de comunicación para beneficiar al candidato presidencial de su partido.

En tanto, el funcionario reconoció la omisión cometida por el Gobierno Federal al no incorporar las leyendas respectivas. “Pero la violación de la ley y sobre todo sus efectos tienen que tomar en consideración a los responsables directos y la intencionalidad y cualesquiera que sean las consecuencias de la ley, las acataremos”.

Abascal Carranza sostuvo que la Segob condena la intervención telefónica y dijo que sería contrario al Estado de Derecho dar validez jurídica a un medio probatorio obtenido de manera ilegal.

PRI

Al dar inicio a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, el diputado priísta Carlos Flores Rico calificó de excesivos los spots del Presidente de la República al consumir, en el 2005, el 84.4 por ciento de los tiempos oficiales y el 79.9 por ciento en radio, mientras que el Poder Legislativo sólo utilizó el 3.4 por ciento en televisión y cero en radio. Se trata, reiteró, de un exceso y una saturación de más de 110 mil mensajes diarios en los medios.

Además, precisó, existe la confusión de que gobernar es comunicar y utilizar los tiempos de la nación. La comunicación gubernamental, aclaró, debe ser informativa y no persuasiva, por que en este último caso implicaría hacer campaña.

Al respecto, Carlos Abascal llamó a construir nuevos acuerdos para modificar la legislación electoral, realizar un análisis y definir la participación del Ejecutivo Federal en los tiempos oficiales.

Aclaró que éstos se aplican de acuerdo a la ley y los del Ejecutivo Federal son del 40 por ciento, del Legislativo 30, el Judicial 10 y 20 para diversos entes públicos, además, agregó, se cuenta con un sistema de monitoreo en todo el país para asegurar que nadie exceda esos límites.

En su derecho de réplica, el diputado Carlos Flores Rico explicó que la Secretaría de Hacienda informa cuánto se consume del ejercicio fiscal y la Secretaría de Gobernación sobre el tiempo de Estado, pero no sobre el porcentaje entre uno y otro y menos la suma total. Se trata, dijo, de una entrega y cesión a los medios.

En su respuesta, Carlos Abascal Carranza aclaró que si el Presidente decide que haya un peso mayor de su imagen a través de la difusión de diversos programas, es una estrategia de comunicación que no viola la legislación. Por ello, agregó, “nos interesa que la Corte determine su correcta aplicación (de la ley)”.

Asimismo, la diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas (PRI), dijo que el Ejecutivo no acató el acuerdo, sino que pretendió simular su acatamiento. Preguntó al Secretario que si poner a medias la leyenda que manda la ley es suficiente y si cree el Ejecutivo que cumplir a medias es cumplir.

El funcionario señaló que la frase continuemos por el mismo camino, está sujeta a interpretación. Añadió que “desde que el Presidente asimiló las recomendaciones del IFE se empezó a trabajar en el cambio de producción como un gesto de buena voluntad, por lo que se tendría que dar el reconocimiento al esfuerzo de reconstrucción técnica de los spots”.

Destacó que se hará lo necesario para que la leyenda completa aparezca en cualquier promocional del Ejecutivo.

PAN

El diputado Sergio Álvarez Mata reconoció la labor del Gobierno Federal para mantener las instituciones del Estado al margen del proceso electoral y evitar así el uso indebido del aparato gubernamental para beneficiar a candidato o partido alguno.

Expresó su indignación de que se pretenda dictar una resolución sobre la cual la SCJN no se ha pronunciado. “No podemos juzgar a priori e interpretar a modo la ley para anticiparnos a un juicio y desde esta tribuna condenar a diestra y a siniestra”, dijo.

Mencionó que la Corte cuenta con plena libertad de acción que le permite impartir justicia sin presiones, ni inducciones desde la tribuna y puede pronunciarse estrictamente apegada a la ley.

Preguntó sobre las acciones del Gobierno Federal para evitar el uso partidista de las instituciones del Estado, en particular el convenio de la Sedesol con la ONU para el blindaje de los programas sociales.

Al respecto, Abascal informó que en acuerdo con la ONU y en coordinación con la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, “nos hemos asegurado que ningún programa social de los que administra la Sedesol vaya a ser desvirtuado con fines electorales”.

En su réplica el diputado Álvarez Mata interrogó sobre la actitud del Presidente de la República de cara al proceso electoral, para garantizar que éste se lleve a cabo con transparencia y credibilidad, reconociendo que el árbitro de esta elección no es el gobierno, sino el IFE.

El funcionario expresó que seguirá impulsando los acuerdos y compromiso de civilidad de todos los actores políticos y sociales con pleno respecto al IFE, como el responsable de organizar y arbitrar las elecciones. “Sancionaremos sin la menor duda cualquier violación a la ley por parte de cualquier servidor público o actor político cuya conducta sea sancionable”.

En su oportunidad, Ramón Galindo Noriega (PAN) indicó que la intervención de llamadas de telecomunicaciones son conductas que violentan gravemente las instituciones democráticas y el Estado de Derecho.

Preguntó al funcionario si el Cisen realiza intervenciones telefónicas de manera frecuente como parte de sus actividades; además si la medida es indispensable para las acciones de inteligencia de la seguridad nacional y si existen mecanismos de control para evitar excesos.

El titular de Segob mencionó que está claro que el gobierno Federal condena radicalmente y actuará jurídicamente en el ámbito de sus atribuciones en contra de cualquier conducta delictiva de intervención de teléfonos en conversaciones privadas.

La hipótesis de someter al control del Poder Judicial las intervenciones telefónicas sólo se da cuando hay amenazas a la seguridad nacional, refirió.

Destacó: “La ley es implacable con cualquier servidor público que realice la actividad de manera ilícita y que después la difunda, sea esta de manera legal o ilegal”.

PRD

Al fijar el posicionamiento de su partido, el diputado del PRD, Pablo Gómez Álvarez acusó al secretario de Gobernación de haber violado la ley y de mentir en torno a los spots de la Presidencia de la República referentes a la promoción de los logros del gobierno.

“Usted ha venido a decir aquí que el gobierno del cual forma parte ha cumplido y cumplirá la ley, y dice que la Corte es la que debe interpretar, pero no estamos hablando de interpretación, si la Ley de Desarrollo Social establece que los anuncios de los programas sociales deben ir acompañados por una leyenda, usted no la mandó poner, usted violó la ley”, le insistió.

El legislador perredista cuestionó al funcionario en el sentido de que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación le da la razón a la Cámara de Diputados y determina que éste junto con el Presidente Vicente Fox violaron la Ley de Desarrollo Social y el Decreto de Presupuesto de Egresos con los spots “¿va usted a renunciar o quiere juicio político? Le pregunto, dígame”.

En respuesta, el titular de Gobernación indicó que él fue el primero en reconocer que era una omisión la que había cometido el gobierno federal al no incorporar las leyendas respectivas. “Pero la violación de la ley y sobre todo, los efectos de su violación, tienen que tomar en consideración a los responsables directos y la intencionalidad”.

Sin embargo, añadió, “no se preocupe, cualesquiera que sean las consecuencias de la ley, las acataremos”.

Pablo Gómez afirmó que una ley no se puede violar por acción o por omisión cuando se trata de una autoridad y ésta se encuentra obligada a cumplir con la legalidad.

“Dice usted que van a acatar lo que sea ¿Por qué no acataron antes la ley? Ahora tuvieron que hacerlo porque hubieran quedado en desacato y se hubiera creado un problema político inmanejable”.

Carlos Abascal habló entonces de la política como una gema de la democracia que hay que cultivar para la construcción de acuerdos y soluciones conciliadas a los diferentes problemas.

Señor secretario, cuestionó Pablo Gómez en la contrarréplica, “a usted le hablan de la ley y responde que hay que hacer política ¿pero qué clase de política es la que hace violando la ley? ¿Esa es la política que hay que hacer en este país? ¿A eso convoca usted a los políticos? He llegado a acuerdos con usted y su antecesor en la Secretaría de Gobernación, haciendo un esfuerzo, pero ¿cuántos se han cumplido? Ni uno solo ¿Ese es el diálogo que propone? ¡ ¡ ¡Llévese su diálogo! Queremos otra realidad para este país”, concluyó.

El diputado Arturo Nahle García (PRD) indicó que la Comisión Bicamaral en materia de seguridad nacional, investigará qué tan involucrada está Gobernación en el delictivo espionaje telefónico.

Al titular de esta dependencia, lo responsabilizó de la pésima relación del Presidente de la República con el Congreso de la Unión. Agregó: “no hay diálogo, ni siquiera voluntad para ello, por eso no conocemos al subsecretario de Enlace Legislativo”.

Preguntó qué hace realmente la Secretaría de Gobernación para favorecer las condiciones que permitan la construcción de acuerdos políticos y consensos para preservar la gobernabilidad.

En respuesta el funcionario aseguró que es importante que la Comisión Bicameral se involucre en el trabajo del Cisen. Abundó que es bienvenida la cooperación y participación de esta Comisión, “con quien mantenemos una relación institucional sólida”.

PVEM

El diputado Jorge Legorreta Ordorica, preguntó la posición de la Segob ante el espionaje telefónico y si el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) participó en el caso de Mario Marín. Cuestionó por qué el Presidente Fox y el PAN buscan la oportunidad para inclinar el voto a favor de su candidato, específicamente se refirió al caso de José María Aznar.

Indicó que en el problema de la intervención telefónica hay contradicciones entre el derecho a la intimidad y la inviolabilidad de las conversaciones privadas y el de la libertad de expresión, pues aunque es ilegal no se puede restar valor a lo que se dijo en esa conversación.

Al responder, Abascal Carranza sostuvo que la Segob condena la intervención telefónica y dijo que sería contrario al Estado de Derecho dar validez jurídica a un medio probatorio obtenido de manera ilegal. Negó que el Cisen esté involucrado en el caso Mario Marín.

Sobre el caso Aznar, dijo que la Segob reconvino al ex presidente español para abstenerse de realizar declaraciones que incidan en la política interna de México y turnó una comunicación similar al PAN para que se abstenga de exponer al país a este tipo de violaciones.

En su oportunidad, María Ávila Serna (PVEM) preguntó si no se está generando un ambiente de ingobernabilidad a propósito del proceso electoral e inquirió al funcionario quiénes son los responsables del espionaje telefónico en el caso Mario Marín.

El Secretario de Gobernación reiteró que el espionaje telefónico es un delito, por lo que es necesario fortalecer las leyes para sancionarlo. Señaló que no especulará sobre los posibles responsables, pues “la procuraduría estatal y la General de la República están haciendo las investigaciones del caso”.

PT

En su oportunidad, el diputado Pedro Vázquez González, señaló que en este proceso electoral desde el Ejecutivo se toman acciones tendientes a favorecer al candidato del PAN. Indicó que debe manejar en total neutralidad y concluir su responsabilidad sin inmiscuirse en el proceso político.

Sobre la publicidad gubernamental criticó la forma en que el Ejecutivo envía el mensaje de que debe existir continuidad partidista en el gobierno para que el país avance y se pronunció por evitar situaciones que empañen el resultado electoral, por lo que solicitó que el Presidente no sea parte activa en la elección.

Al responder Abascal Carranza sostuvo que el Presidente ha acatado las recomendaciones del IFE, quien instrumentó reglas de neutralidad durante el proceso electoral y ha dado instrucciones para aplicar medidas que garanticen unos comicios confiables.

Convergencia

El legislador Jesús Martínez Álvarez dijo que el episodio del gobernador de Puebla no implica sólo una llamada telefónica, sino de atención al Estado mexicano, ya que esta conversación contiene información de interés público y deja claro que los instrumentos legales están demasiado afectados.

Señaló que no se trata de defender a los interlocutores, sino investigar el episodio y el castigo.

Cuestionó qué está haciendo el gobierno de la República, para impedir que la intromisión de la privacidad se convierta en un hábito y cuándo se conocerá el resultado de la investigación.

Pidió la posición de la política interior en cuanto a la jornada del 2 julio, ya que se necesita creer en la imparcialidad del gobierno, para garantizar la gobernabilidad y un nuevo régimen político.

El titular de Segob dijo que está en juego la prohibición Constitucional de invadir el espacio privado de los ciudadanos en la intervención de llamadas, pero está más en juego la confiabilidad de las comunicaciones como un asunto de Estado.

Reiteró que la participación del Ejecutivo en el proceso electoral está al margen de la promoción de su candidato, y que esté se someterá a la resolución de la Corte.

Intervención inicial

Al inicio de su intervención el funcionario afirmó que el Gobierno de la República reconocerá y aceptará los resultados de las elecciones como la expresión de la voluntad ciudadana.

“Me comprometo –dijo-- a que una vez que las autoridades correspondientes hayan dado un fallo definitivo, promoveré un proceso de transición armónico y ordenado con el equipo del candidato que resulte presidente electo, sea del partido que sea”.

Por otra parte indicó que los recientes hechos acaecidos en Puebla violan la privacidad de las personas, y merecen rechazo. Precisó que actos como éstos no pueden seguir rompiendo los cauces del estado de Derecho.

Respecto a la publicidad gubernamental afirmó que el Ejecutivo Federal acatará la resolución definitiva que en su momento dicte la Corte, cuando resuelva el fondo de la controversia constitucional promovida por la Cámara de Diputados.

Refirió que en acatamiento a la medida cautelar dictada por el Poder Judicial, el Ejecutivo Federal instruyó el pasado viernes 24 el retiro de los spots que motivaron el diferendo, y el jueves 23 ya había entregado a las televisoras y radiodifusoras del país nuevos spots con las disposiciones de la Ley de Desarrollo Social y de Presupuesto de Egresos.

Sobre la actitud del Gobierno Federal en el proceso electoral, dijo que confía en que las elecciones federales se desarrollen bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, “bajo la conducción del árbitro electoral constitucional, que es el IFE”.

Posteriormente se citó para la sesión del jueves 2 de marzo, en la que comparecerá el secretario de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora.