• Este problema se triplicó en los últimos ocho años: Cabeza de Vaca

El problema del narcomenudeo es un fenómeno que ha rebasado la capacidad de respuesta del Gobierno Federal y su combate ha fracasado, aseguró el presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, Jorge Uscanga Escobar.

Durante la comparecencia del Procurador General de la República, Daniel Cabeza de Vaca, el legislador priísta afirmó que este problema es de salud pública y seguridad nacional.

Explicó que el impacto de la reforma en la materia no es asunto menor porque involucra a diversas instituciones de los tres niveles de gobierno, incide en la seguridad pública, en la procuración e impartición de justicia, impacta el sistema penitenciario y la readaptación social, así como la rehabilitación, por lo que su atención requiere de mayores recursos.

En tanto, la presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Rebeca Godínez y Bravo (PRI), aseguró que hay decisión por parte de los legisladores para combatir el problema del narcomenudeo.

La reforma prevé más que una concurrencia de facultades, la transferencia a los estados, es decir, que todos los delitos serán perseguidos por las autoridades locales salvo que la autoridad federal prevenga o tenga nexos con delitos federales.

Por otra parte, el diputado José Ángel Córdova Villalobos (PAN), presidente de la Comisión de Salud, afirmó que el narcomenudeo incide en el aspecto sanitario, ya que cada vez existe un mayor número de jóvenes que acceden a diferentes tipos de drogas y medicamentos considerados como estupefacientes o psicotrópicos.

Dijo que es necesaria la reforma a la ley en la materia para tener un control de los medicamentos, pero, precisó, se debe ser cuidadoso de no caer en excesos, ya que algunos son de uso personal o para tratamiento de algún padecimiento.

Aseguró que el consumo de drogas implica la pérdida de la calidad de vida de los adolescentes hasta en 5 por ciento, además de que esta situación facilita el acceso a otro tipo de adicción. Se trata, reiteró, de una enfermedad que requiere control, atención de un profesional y rehabilitación.

PRI

Al tomar la palabra, la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado (PRI) dijo que se necesitan otorgar mayores apoyos económicos a los estados, para que éstos encuentren una solución viable y adquieran mayor responsabilidad cuando se apruebe la minuta del Senado.

Puntualizó que se requerirá de un mayor número de agentes y agencias del ministerio, a fin de poder recibir este tipo de averiguaciones previas. Resaltó que el Legislativo, lo que quiere es aportar y apoyar tanto a procuradores como a tribunales.

Del mismo partido, la legisladora Consuelo Muro Urista, cuestionó al funcionario, por qué considera que el programa México seguro, no ha funcionado, cuando éste surgió a raíz de problemas de narcotráfico y narcomenudeo.

Asimismo, si está de acuerdo en que el narcomenudeo sea un delito concurrente que se requiere para poder operarlo con eficacia, y a qué se refiere cuando habla de la función de competencia, entre qué instituciones se puede esperar y bajo qué conceptos.

Por su parte, la legisladora Rosa Hilda Valenzuela Rodelo (PRI) indicó que el problema del narcotráfico y las adicciones se debe a la insuficiencia de recursos humanos, financieros. Se refirió al asunto de la prevención y pidió información sobre programas integrales preventivos, “porque el problema ya no es sólo nacional, sino internacional, por tanto, los programas preventivos deben ser acordes al fenómeno que vivimos y al origen de la adicción”, afirmó.

PAN

El diputado Pablo Alejo López Núñez (PAN) manifestó que para implementar medidas que combatan adecuadamente cualquiera de las circunstancias que generen el aumento de los índices delictivos, se requieren recursos en este país.

Agregó que para enfrentar este problema también se requiere una coordinación adecuada entre los tres órdenes de gobierno y un nuevo marco jurídico.

Subrayó: “debemos involucrarnos todos, no solamente autoridades de salud, sino las autoridades de desarrollo integral de la familia, educativas, de las corporaciones y de la Procuraduría General de la República y de los estados”.

En su oportunidad, la diputada María Salomé Elyd Sáenz (PAN) cuestionó al procurador sobre cómo se va a actuar cuando los involucrados en la venta de drogas sean menores de edad, debido a que no se pueden juzgar igual que a un adulto.

También, dijo, hay jóvenes de 15 o 16 años que trafican con drogas pero todavía no pueden entrar a las cárceles, que desprende otra iniciativa encaminada a que los recursos de seguridad pública proporcionen montos para la atención, la prevención y la rehabilitación de adicciones.

Consideró que un fuerte problema de Salud es la producción o fabricación de drogas en el país; “ya existe el narcomenudeo en niños y jóvenes, quienes terminarán siendo gente improductiva, que provocarán disfunción familiar e inseguridad en todo el país y lo peor será que el gobierno va a tener que mantenerlos”.

Finalmente, la legisladora sugirió que la Secretaría de Seguridad Pública debe combinarse con la de Salud, así como con gobiernos estatales y municipales, a fin de realizar un trabajo globalizado.

PRD

En su turno, el diputado Rafael García Tinajero (PRD) señaló que el problema del narcomenudeo, debe ser entendido como una industria del narco, la cual tiene varias características, una empresa ilícita que no sólo desarrolla sus actividades en el ámbito territorial de un país, sino que se extiende hacia diversas regiones del mundo.

Resaltó que es un problema en el que el esfuerzo fundamental se debe de dar para abatir la oferta y el consumo. “No creo que se pueda deslindar el narcomenudeo del ámbito de lo que es la industria a nivel internacional, hay zonas en las que se puede hablar de una adicción, el narco crea empleos ilícitos y genera una dependencia económica”, afirmó.

En su oportunidad, Lizbeth Rosas Montero (PRD) cuestionó al funcionario sobre cuál es el mecanismo de control que dé confianza al ciudadano para hacer una denuncia sobre este tipo de delito, porque la filtración de información está en todos los niveles.

Preguntó cómo blindar a los cuerpos de seguridad municipal y estatales contra la corrupción, porque muchos de ellos se encuentran coludidos con las narcotienditas.

En su oportunidad, la diputada perredista Eliana García Laguna, dijo que México vive en un “estado mafioso”, en el que importantes integrantes de los distintos órdenes de gobierno, la iglesia, los empresarios y sectores de la sociedad están involucrados en el crimen organizado.

“Ya no sólo es un asunto de delincuentes aislados, sino de un Estado mafioso, donde funcionarios participan en el crimen organizado”. Señaló que las cifras de penetración del crimen organizado en el Estado Mexicano al inicio de esta administración eran de 65 ó 70 por ciento y para este año es por arriba del 90 por ciento.

Señaló que el crecimiento exponencial del crimen organizado, en sus diferentes modalidades: narcotráfico, pornografía y prostitución infantil, tráfico de armas y de personas, se debe a la impunidad y la corrupción y preguntó qué incapacita al Ejecutivo para combatir frontalmente al narcotráfico, porque se da mucha atención al narcomenudeo, pero no se dice qué pasa con el narcomayoreo.

Hizo votos porque en lugar de ser concurrentes las facultades de impunidad y corrupción, se coordinen los órdenes de gobierno y los poderes de la Unión para construir una política de Estado que no criminalice a los consumidores y se combata la delincuencia organizada, “porque a la vuelta de la esquina no vamos a tener país”, subrayó.

Al responder, el Procurador señaló que parte de la problemática del narcomenudeo es un asunto de financiamiento, por lo que una de las vertientes es aprovechar los recursos con los que se cuenta y hacer conciencia de que es un problema social. Afirmó que se debe reforzar la rehabilitación en reclusorios y la prevención en las escuelas, en los centros de trabajo, así como fomentar la cultura de la denuncia.

En lo que respecta a México Seguro, dijo que es un programa a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública en el que se ha cuestionado la participación de la Procuraduría en algunos elementos, porque se cuenta con pocos agentes de la AFI “y no podemos patrullar las calles, nuestra gente se dedica a investigaciones y cateos”, enfatizó.

Daniel Cabeza de Vaca dijo que los datos vertidos en esta comparecencia podrían potenciarse con la reforma y se incremente sustancialmente con las autoridades locales. Señaló que la reforma es viable y muestra de ello son las Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo (UMAN), “sí funcionan y podemos trabajar coordinadamente; no vamos a llegar a situaciones óptimas, tendrá que ser un proceso paulatino, sin embargo, creemos que sí se puede lograr bastante”; y reconoció que falta mucho por hacer en lo que se refiere a la prevención y la rehabilitación.

Destacó que el problema es blindar a las policías contra el delito, pues donde hay narcotráfico, hay corrupción importante de los cuerpos policiales de ese lugar.

Añadió que la prevención es la clave, por lo que es necesario hacer esfuerzos mayores y trabajar con la sociedad civil, para que tome conciencia del problema.

Rechazó que México sea un estado mafioso, pues, no obstante la gravedad del problema, la gran mayoría de los mexicanos estamos en contra de la corrupción y de quien se presta para ello. En este sentido, afirmó que para hacer menos vulnerables a las policías hay que pagarles mejor, capacitarlas mejor, preparar mejores peritos y hacer programas de homologación de sueldos.

Asimismo, reconoció que al interior de la corporación existen malos elementos, pues “de los seis mil 500 AFIS, más de tres mil son profesionistas reclutados que han pasado todo tipo de exámenes, pero hay más de dos mil ex policías judiciales federales que no tienen ninguna preparación, que no pasan los exámenes y siguen amparándose para permanecer en sus puestos”.

Aunque dijo que también hay problemas de corrupción con nuevos integrantes, “la proporción es de 10 a uno”; e informó que se está creando un órgano de supervisión interna para prevenir esta situación en la AFI y adelantó que “pronto habrá depuraciones importantes”.

Intervención inicial

En su intervención, el procurador General de la República urgió a abordar el asunto y se cuenten con recursos suficientes para el combate, atención y combate del narcomenudeo, así como capacitar a los más de 192 agentes del Ministerio Público especializados en la materia.

Reconoció que el narcomenudeo se ha convertido en un grave problema social a raíz de que México dejó ser un país de paso para convertirse en consumidor, por ello, urgió a los legisladores a tomar cartas en el asunto y aprobar mejores leyes para combatir este flagelo.

En su ponencia, destacó que el narcomenudeo prácticamente se triplicó en los últimos 8 años, pues en 1997 la incidencia de este delito fue de 13 mil 228,casos mientras que en el 2005 alcanzó la cifra 33 mil 885. Lo anterior, dijo, implica un mayor desgaste de recursos para su combate.

Añadió que la PGR atiende este fenómeno a través de las delegaciones estatales a las que se asigna la función de conocer de los casos que no se inscriben en delincuencia organizada y que no son de especial relevancia como para ser encomendados a las Subprocuradurías de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).

El Procurador General de la República hizo mención a la falta de personal para combatir el flagelo. Mencionó que, a la fecha, la PGR tiene un despliegue de mil 119 Agentes del Ministerio Público, sin embargo, únicamente 485 atienden las investigaciones en las 32 delegaciones en el país y sólo 192 se dedican a casos de narcomenudeo.

Cabeza de Vaca indicó que algo similar ocurre en la Agencia Federal de Investigación (AFI), donde hay dos mil 200 agentes adscritos en las delegaciones, de los que mil 150 se dedican a tareas de investigación, 622 atienden casos de narcomenudeo y el resto cumple órdenes ministeriales, custodian instalaciones y hacen otras actividades judiciales.

Dijo que el problema es grande si se toma en cuenta que en una ciudad media, de aproximadamente un millón de habitantes, se ha informado de hasta dos mil narcotienditas y para hacer cateos no habría los elementos suficientes.

Afirmó que el narcomenudeo es un problema que está en la esquina de nuestras casas, por lo que se tiene que combatir desde la familia, en las calles, en las escuelas, en las fábricas, en los centros de reunión y en todos los rincones del país, con el apoyo de la sociedad civil y los tres órganos de gobierno.