• Propone diputado la figura de recurso resarcitorio para recuperar recursos públicos mal ejercidos

La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación aprobó el formato para el análisis del Informe de la revisión de la Cuenta Pública 2004, que será entregada por el auditor Superior de la Federación, Arturo González de Aragón, el próximo 30 de marzo.

El calendario incluye la revisión --en primera instancia-- de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los Poderes Legislativo y Judicial, las Secretarías de Gobernación, Defensa Nacional, Relaciones Exteriores, Seguridad Pública, Procuraduría General de la República, Función Pública, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Reforma Agraria, Trabajo y Previsión Social, así como órganos autónomos y entidades federativas.

Una segunda etapa prevé a las Secretarías de Desarrollo Social, Educación, Salud, Seguridad Social, Economía; Agricultura, Energía, Comunicaciones y Transportes, Turismo y entidades paraestatales no coordinadas sectorialmente.

Durante una reunión de la citada comisión, el diputado Guillermo Zorrilla Fernández explicó que de acuerdo a la ley, la ASF deberá rendir el informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública de 2004 a más tardar el 31 de marzo, por lo que dicha entrega será un día antes.

Para ello, dijo, la Unidad de Evaluación y Control realizará un análisis preliminar a dicho informe por cada una de las áreas, empezando por las dependencias que manejan mayores recursos, por ejemplo, Hacienda, Energía por los contratos múltiples y Comunicaciones en materia de concesiones o licitaciones de procesos en los que hay inconformidades.

Aseguró que también se tienen previstos diversos encuentros a efecto de elaborar un documento final de conclusiones el día 24 de mayo. Aclaró que será la siguiente legislatura quien elabore el dictamen y lo apruebe.

Explicó que una novedad en la revisión será que en las reuniones de la Comisión asista tanto la parte fiscalizada como la fiscalizadora, a efecto de corregir las anomalías y no sea un círculo vicioso en que se hacen sólo recomendaciones y algunas dependencias las cumplen y otras no.

Se prevé, lo que llamó “recurso resarcitorio” para que quien haya robado o hecho mal uso de recursos públicos no sólo se sancione o penalice, sino que exista una garantía o fianza por parte de quienes manejan ciertas cantidades, a efecto de tener la certeza de recuperar los recursos extraídos. “Lo que queremos es que regresen los recursos y no sólo se penalice a los responsables”, dijo.

Con este proceso de fiscalización, afirmó, se pretende asegurar a la población que los recursos tengan un buen uso y en los casos que no sea así, se sancione.

El diputado explicó que a partir de la Cuenta Pública de 2002 y 2003, la comisión instruyó una nueva estrategia de revisión que incluyó la integración de documentos de análisis sectorial, la celebración de reuniones de trabajo con auditores del Órgano Superior de Fiscalización, la integración de un informe final con las conclusiones y recomendaciones y la publicación de las memorias de los trabajos.

En la reunión también se aprobó el Informe de la Unidad de Evaluación y Control anual de gestión correspondiente a 2005.