Sin la presencia de los diputados del Partido Acción Nacional, este miércoles fue instalada de manera formal la Comisión de Investigación encargada de revisar la legalidad de los Contratos de Obra Pública, Concesiones, Contratos de Suministro de Bienes de Consumo o de Compraventa de Bienes Inmuebles de Titularidad Pública, otorgados por Organismos Descentralizados o Empresas de Participación Estatal Mayoritaria a la empresa Construcciones Prácticas S.A. de C.V. y cualesquiera otras.

La vigencia de la Comisión concluirá el 30 de julio de 2006 y deberá entregar los resultados de las investigaciones a la Junta de Coordinación Política dentro de los 30 días naturales siguientes a la conclusión del plazo previsto.

Posterior a ello, la Junta de Coordinación Política adoptará las medidas necesarias a efecto de que dichos resultados sean del conocimiento del Ejecutivo Federal.

El presidente de este órgano legislativo, diputado Jesús González Schmal (Convergencia) indicó que la Comisión cumplirá con la encomienda sin descansar hasta llegar a los objetivos que fueron trazados por la Junta de Coordinación Política y ratificados por el Pleno de la Cámara de Diputados.

Consideró que esta tarea, contra lo que algunos “defensores oficiosos” o en condiciones de desesperanza han querido atribuirle, no tiene sino el objeto de cumplir con la responsabilidad de un deber y responder a una demanda nacional, “que sin eufemismos se podría sintetizar como el ataque frontal a la corrupción en las primeras esferas del poder político en México”.

Añadió que el grupo de legisladores no tiene doble intención, ni otro propósito que corresponder a la necesidad de llegar a una verdad, en un país agobiado por tradiciones de uso o abuso en exceso del poder público, en beneficio y lucro de determinados intereses.

Agregó que la información con que cuenta esta Comisión, con los elementos de respaldo, es a su juicio, suficiente para propiciar y promover la inmediata acción de autoridades, tanto del orden administrativo como penal, no obstante la limitación impuesta por los servidores públicos que acudieron a sus citatorios y que no lo hicieron con la oportunidad ni suficiencia en la información requerida.

González Schmal consideró que el Presidente de la República ha sido de igual manera un obstáculo, toda vez que no ha turnado el expediente a la Procuraduría General de la República como una obligación primaria de un Ejecutivo.

“También el propio procurador de justicia, por el mismo conocimiento que tiene tiene sobre estos hechos que lo obligan a dar curso, de oficio, a las primeras averiguaciones”, refirió.

Subrayó que no obstante las limitaciones de la Comisión, ésta se mantendrá atenta para coadyuvar tanto con el Poder Ejecutivo como con la PGR, “para que de ninguna manera se frustre el deseo y el anhelo popular de que todas las instancias y procesos para descubrir la verdad se lleven a cabo con prontitud, imparcialidad y objetividad”.

Por su parte, el diputado Joel Padilla Peña (PT), secretario de la Comisión de Investigación, afirmó que dentro de las tareas inmediatas del organismo está el citar a comparecer al secretario de la Función Pública y al procurador general de la República.

En tanto, el diputado Marcos Álvarez Pérez (PRD) planteó la posibilidad de llevar a cabo una entrevista con el secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza, para solicitarle que los titulares de las dependencias antes nombradas pudieran no sólo asistir a las convocatorias sino aportar la información correspondiente.