• Seguridad pública, responsabilidad de todo el Estado: Medina Mora. Llama a “no escudarnos en argumentos de competencia y jurisdicción”

El diputado priísta Jorge Uscanga Escobar dijo que el Gobierno Federal navega en un mar de incompetencias e insuficiencias en el combate a la delincuencia en el país, el cual pierde el 15 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) por los problemas de inseguridad.

Durante la comparecencia del titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Eduardo Medina Mora, el legislador dijo que la criminalidad ha alcanzado niveles insospechados, ya que la cifra negra de la delincuencia es de 80 por ciento porque sólo se denuncia uno de cada cinco delitos.

Al respecto, el funcionario afirmó que la Federación no elude su responsabilidad ni “el Gobierno de Fox está haciendo maletas”. La administración, agregó, está comprometida con la seguridad pública y en dar certidumbre a los ciudadanos para vivir en paz y tranquilidad.

Reiteró que se han tenido éxitos en el combate al narcotráfico, pues hasta el 22 de febrero se han detenido a 64 mil 582 colaboradores y distribuidores de narcomenudeo, 189 funcionarios involucrados, 346 sicarios, 72 lugartenientes y 15 líderes.

Además, precisó, se han impactado en su totalidad a los diferentes cárteles y organizaciones criminales: 15 mil 212 del cártel de Tijuana, 16 mil del de Juárez, 6 mil 207 de los Amezcua, 12 mil 458 de Sinaloa, 8 mil 941 del Golfo, 3 mil 186 de la organización de Oaxaca y 3 mil 152 de los Valencia.

Reconoció que ahora se enfrentan nuevos fenómenos en el modus operandi en los mercados, situación que se debe enfrentar de manera conjunta, con voluntad política y un uso racional de recursos.

PRI

A nombre del PRI, la diputada Rebeca Godínez y Bravo explicó que en la minuta en materia de narcomenudeo se han detectado diversos problemas jurídicos y económicos, como considerar a éste como un asunto de salud pública y no de seguridad nacional, además de la amplitud e imprecisión del tipo penal para establecer las dosis de uso personal, lo cual permite a los delincuentes hacerse pasar por adictos y evitar la aplicación de la ley.

Explicó que en la redacción del artículo 479 de la minuta se plantea la transferencia –no la corresponsabilidad— a estados y el Distrito Federal para conocer estos delitos en materia de procuración e impartición de justicia y ejecución de sanciones. Preguntó cuál es la concurrencia en la lucha contra el narcomenudeo, pues con la propuesta legislativa, agregó, la Federación “se lava las manos” al trasladar el problema a los estados, que no cuentan con recursos suficientes.

Al respecto, Medina Mora dijo que la problemática es novedosa y se tiene que abordar desde una perspectiva integral. Aclaró que el artículo 4° de la Constitución establece la concurrencia en materia de seguridad pública, por lo que “no hay evasión del problema por parte de la Federación”.

Consideró que la definición de dosis individual es difícil de atender desde la perspectiva jurídica sin que se consideren criterios técnicos, pues, aclaró, no se trata de criminalizar el consumo individual, sino de combatir el fenómeno.

En su derecho de réplica, Godínez y Bravo preguntó cuántas personas han sido detenidas, consignadas y sentenciadas en cada entidad federativa en los últimos años; la proyección de la entrada en vigor de la reforma, cuánto representa en recursos y la fuente de financiamiento para enfrentar esa nueva responsabilidad.

El titular de la SSP precisó que en el año 2005 se detuvieron a 18 mil 58 personas, se decomisaron 38 mil 224 kilos de mariguana, 400 kilos de cocaína, 6 kilos 394 gramos de metanfetaminas y 50 mil 611 de psicotrópicos. Reconoció que los resultados son importantes, pero insuficientes.

El diputado Rogelio Rueda Sánchez manifestó que no existe una política criminal definida y eficaz, por ello se ha recrudecido la violencia originada desde el crimen organizado, en tanto que las acciones en materia de seguridad pública no han dado resultados tangibles. A su vez, consideró que es inaplazable contar con los elementos esenciales de una política criminal de Estado.

El titular de Seguridad Pública aseguró que el combate al narcomenudeo es un gran reto, por lo que es necesario mejorar el marco institucional, la dotación de recursos, así como fortalecer los cuerpos de policía preventiva y de investigación.

PAN

En su oportunidad, la diputada Blanca Judith Díaz Delgado (PAN) dijo que el combate a la delincuencia debe de ser frontal y que las acciones requieren de la coordinación eficaz entre las instituciones, así como de los tres órdenes de gobierno y de la sociedad.

Cuestionó al funcionario sobre las acciones que ha realizado para detener el crecimiento del narcomenudeo. Señaló que a pesar de los 10 años de vida del Sistema Nacional de Seguridad Social, los resultados no son los esperados. “Los ajustes de cuentas, los enfrentamientos de grupos de narcotráfico y las ejecuciones contra funcionarios ha generado la percepción de que el Estado y sus distintos órganos de gobierno han sido rebasados por la delincuencia”.

Preguntó al funcionario hasta qué grado se presenta la penetración del crimen organizado en esa Secretaría y cuáles son las acciones e investigaciones que se realizan para detectar a estos elementos.

Al responder, Eduardo Medina Mora señaló que el Sistema Nacional de Seguridad Pública ha generado coordinación entre los órdenes de gobierno y se ha avanzado en la generación de infraestructura, para que las autoridades de Seguridad Pública tengan mejores elementos, aunque reconoció que no se ha avanzado lo suficiente en la generación de políticas públicas para combatir la criminalidad y la inseguridad.

Apuntó que existe un problema de recursos, pues a pesar de que la Cámara de Diputados logró aumentar a cinco mil millones de pesos el presupuesto para Seguridad Pública, se requieren seis mil millones de pesos.

Destacó que hay una excelente coordinación a través del gabinete de Seguridad Pública y del Consejo de Seguridad Nacional, con la Procuraduría General de la República, con la Secretaría de Defensa Nacional. Además, dijo que ha habido acercamiento con los gobernadores en el combate contra el narcomenudeo. Rechazó que el Estado haya sido rebasado por la delincuencia.

PRD

Al fijar el posicionamiento de su partido, la diputada del PRD, Lizbeth Rosas Montero, destacó que el fenómeno del narcomenudeo ha crecido de forma alarmante en el sexenio del Presidente Vicente Fox, con la “sospechosa complicidad” de las autoridades de la prevención del delito y de Seguridad Pública Federal.

Es realmente un escándalo, dijo, saber que los grandes capos del narco han extendido sus redes de corrupción para distribuir a lo largo y ancho del país, grandes cantidades de droga que reportan enormes dividendos no sólo de quienes delinquen con su comercio, sino también persiste la grave presunción de que servidores públicos federales se encuentran en complicidad.

“La opinión pública se pregunta ¿Cómo es posible que el aparato del Estado, con todos los enormes recursos humanos y presupuestales con los que cuenta, no ha entregado a la sociedad los resultados de eficiencia y eficacia que legítimamente se espera?”.

Es inaceptable, añadió, que la SSP Federal no realice las acciones contundentes con la urgencia que se requiere en materia de prevención del delito y principalmente, en el tema del narcomenudeo.

“De qué sirve que la Secretaría a su cargo cuente con tecnología avanzada, con recursos humanos especializados, agentes de la Policía Federal Preventiva, la Policía Cibernética, espionaje policiaco y con todos esos recursos, si la sociedad sigue con la angustia, esperando que usted nos informe los resultados contundentes y veraces sobre el fenómeno delictivo” enfatizó.

La perredista acusó que la marcha ciudadana del año pasado exigió resultados que no aparecen por ningún lado, las estructuras burocráticas ahí están, los jugosos salarios ahí están, contamos con el sistema nacional de seguridad pública más grande del mundo pero a la vez el más ineficaz.

En respuesta, el Secretario de Seguridad Pública dijo que la tarea del combate a la delincuencia es compartida y debe plantearse a partir de poner todos los elementos con los que cuenta el Estado Mexicano, sin distinción de órdenes de gobierno o de poderes. No obstante, aceptó que la seguridad pública es un gran pendiente y una gran deuda con los ciudadanos.

Indicó que no basta un mejor equipamiento de las corporaciones de los estados y municipios o mejorar la infraestructura, si no se definen los objetivos explícitos de política pública.

Más adelante, Eliana García Laguna señaló que es preocupante la idea de militarizar la seguridad pública. Afirmó que se vive un estado mafioso, donde existe participación de los Tres Poderes, los distintos órdenes de gobierno, sectores empresariales y de la iglesia. Preguntó la estrategia que diseña el Gobierno Federal para revertir dicha situación.

Indicó que la impunidad y corrupción impiden que cualquier ley tenga una consecuencia directa contra la inseguridad. Cuestionó sobre el diagnóstico de la violencia de género y el programa que va a presentar la SSP en contra la violencia hacia las mujeres.

En respuesta, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública coincidió que en lugar de militarizar la seguridad pública se deben construir instituciones sólidas y funcionales que permitan atender la responsabilidad del Estado.

PVEM

El diputado Jorge Kahwagi Macari (PVEM) señaló que en la Ciudad de México hay más de siete millones de personas que han probado cuando menos una vez alguna droga, esto es entre las edades de 12 y 25 años, según cifras del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad.

Abundó que 13 ciudades de la República Mexicana concentran más del 50 por ciento de los índices delictivos. La capital es una de las más inseguras del mundo y en este problema mucho tiene que ver el narcotráfico y el crimen organizado, así como los secuestros.

Expuso que una de cada cinco personas en la Ciudad de México ha sido víctima de algún tipo de delito, por lo que es necesario trabajar en conjunto Estado y sociedad para erradicar la corrupción que existe en los cuerpos policíacos.

En respuesta, el funcionario dijo que los narcotraficantes mexicanos han basado su economía en la distribución de cocaína. Abundó que la zona metropolitana del valle de México y Tijuana son las de mayor incidencia delictiva. Es necesario encontrar, indicó, una articulación legislativa que dé mayor precisión para combatir el problema de la inseguridad y la violencia.

PT

En su oportunidad, el diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos, señaló que el tema el narcotráfico y el narcomenudeo deben ser considerados como un problema de seguridad nacional, pues rebasa por mucho el tema de la seguridad pública y de la procuración de justicia.

“Muchísimos mexicanos padecen este flagelo y las instituciones públicas encargadas de combatir la delincuencia no han estado a la altura del reto”.

Cuestionó si una forma de combatir las adiciones sería mediante una intensa campaña de prevención, ocupando los tiempos oficiales y fiscales, “en lugar de difundir la imagen del Presidente con supuestos logros gubernamentales”.

Al responder el funcionario indicó que el paso de drogas por el país hacia el marcado más importante del mundo genera circunstancias y grandes desafíos para la seguridad pública.

Afirmó que “si no mejoramos nuestras capacidades ejecutivas de prevención, de procuración de justicia, los tribunales del orden federal y local, para administrar justicia pronta y expedita, difícilmente se podría ser efectivos en esta tarea”.

Subrayó que se trata de evitar que el delito se cometa y que en este sentido se tiene la tarea fundamental de lograr que los ciudadanos ocupen sus espacios para hacer una tarea preventiva del delito, puesto que su labor no es el combatir a los delincuentes, sino coadyuvar con la autoridad a no sustituirla.

“Se debe alertar a quienes aún no son adictos, generar una cultura de valores y conductas para evitar que caigan en adicciones”, apuntó.

Convergencia

Al hacer uso de la palabra, el diputado Luis Maldonado Venegas (Convergencia) indicó que ante los niveles de delincuencia que enfrenta el país la democracia corre peligro, pues podría generarse un estado de inestabilidad en todos los órdenes, dando por resultado una situación de ingobernabilidad.

Por ello, dijo que es necesario desterrar descalificativos y enconos con el Congreso, que ha propiciado el titular del Ejecutivo, con intenciones electorales en la última etapa de su gobierno. De ahí que exhortara al Secretario de Seguridad Pública a implementar acciones inmediatas para recuperar la confianza ciudadana en la vía institucional.

Preguntó los avances del combate a narcomenudeo con las recientes reformas; las acciones y estrategias adoptadas para enfrentar la ola de ejecuciones y los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez; así como los avances en la depuración de cuerpos policiales y sobre el esquema de otorgamiento de recompensas.

Al responder, Medina Mora reconoció el esfuerzo de esta Legislatura para aprobar los mecanismos jurídicos que permitan enfrentar la delincuencia, y aumentar los recursos presupuestales para 2006, pero son insuficientes para enfrentar los desafíos de esta magnitud.

Dijo que sólo con una coordinación eficaz entre los tres órdenes de gobierno, los tres poderes y la sociedad se podrá derrotar la delincuencia; es una responsabilidad compartida en la que no se distingue entre órdenes de gobierno ni entre poderes. “El combate debe darlo el Estado Mexicano en su conjunto, sin banderas políticas ni colores partidistas”.

Destacó que las reformas a la Ley General de Salud, al Código Penal Federal y al de Procedimientos Penales fortalecerán la capacidad del Estado para combatir el narcomenudeo.

En cuanto a la escalada de violencia dijo que aunque la estadística refleja una disminución, esa no es la percepción ciudadana y agregó que en las zonas con altos índices delictivos y actividades vinculadas con la delincuencia organizada, la seguridad pública debe ser resultado de la suma de esfuerzos estatales y municipales y del Gobierno Federal.

Intervención inicial
El secretario de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora, advirtió que nadie, con un modelo de organización policial como el actual, podrá resolver el problema de fondo de la seguridad pública en México; por tanto, es indispensable una reforma estructural del sistema de seguridad pública y procuración de justicia, basada en el federalismo y en la coordinación.

Dijo que el sistema de organización policial fue concebido para un México semi-rural, asilado, no comunicado eficazmente, con una delincuencia doméstica, pero hoy las circunstancias han cambiado radicalmente y la policía se ha transformado sólo relativamente.

“Hay casi 400 mil policías en el país, sin una base de conocimientos homogénea, con retribuciones que pueden componerse del agradecimiento de su comunidad, de la cooperación de los vecinos o de un sueldo que no se compara con los de países con el nivel de desarrollo similar al nuestro”, refirió.

“Requerimos de mejores instrumentos jurídicos y más recursos económicos, para que Federación, estados y municipios podamos ser más eficientes cambiando radicalmente un modelo que ya no funciona. Aquí, en esta tarea, el liderazgo de los legisladores es insustituible”.

En su exposición, el funcionario advirtió que el narcomenudeo se ha convertido en el nuevo generador de inseguridad, violencia y crecimiento de los delitos de orden común y representa un enorme riesgo para la sociedad, en particular para los niños y jóvenes, a quienes se quiere incorporar al consumo de drogas para ampliar el mercado.

Sin embargo, indicó, tenemos la ventaja de que la base de consumidores es todavía, relativamente, pequeña. Necesitamos actuar rápidamente con toda eficacia, para evitar que se incremente.

Puntualizó que frenar la recurrencia del tráfico de drogas al menudeo y prevenir su consumo, requiere de una eficaz coordinación de las instituciones policiales de los tres niveles de gobierno y de un despliegue territorial amplio, que disuada, prevenga, combata y persiga y pueda ir directamente al problema.

Manifestó que el Estado Mexicano tiene que actuar unido y no “escudarnos en argumentos de competencia y jurisdicción para dejar de asumir una responsabilidad de esa magnitud”.

En la Sesión

Al término de la comparecencia, el Pleno aprobó un punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifica la integración de diputados en el Grupo de Trabajo “Capítulo Mexicano de Parlamentarios Latinoamericanos Contra la Corrupción”, en la siguiente proporción: 1 del PRI, 1 del PAN, 1 del PRD, 1 del PVEM, 1 del PT y 1 de Convergencia.

Este Grupo de Trabajo está encargado de estudiar e impulsar propuestas legislativas dirigidas al combate de todas las formas de corrupción.

Agotados los asuntos en cartera, se levantó la sesión y se citó para el próximo martes 7 de marzo, a partir de las 11:00 horas.