Favor de utilizar de sábado para domingo
• Proponen incrementar la penalidad cuando el afectado tenga diez años de edad o menos

En México la perversión sexual contra menores de dieciocho años, se ha incrementando de manera alarmante, provocando la acuñación de la frase pornografía infantil, caracterizada por la explotación con fines comerciales, como la prostitución.

Esta situación es propiciada primordialmente por adultos con tendencias pederastas. Por ello el diputado René Meza Cabrera (PRI) presentó iniciativa para reformar el artículo 201 Bis del Código Penal Federal.

La propuesta pretende agregar como punible el empleo de los sistemas nuevos en el campo de la electrónica cuando se usan para fomentar la perversión o pornografía sexual. Asimismo, propone incrementar la penalidad cuando el afectado tenga 10 años de edad o menos.

En la exposición de motivos, el legislador señaló que la explotación sexual comercial de menores tiene diversas modalidades que se interrelacionan; las más conocidas: el exhibicionismo, actos lascivos y actitudes pornográficas realizadas por niños y adolescentes, bajo la dirección de sus pervertidores.

Indicó que “la pornografía infantil es mundial y ocurre incluso en naciones de elevado nivel económico y cultural, así como en países con necesidades básicas y de bajo rango educativo”.

Destacó que a pesar de que existen diversos factores que lo originan, el principal es la desintegración familiar, unida a la irresponsabilidad de padres y educadores.

Puntualizó que a pesar de los tratados, convenciones e instituciones, creados para combatir la prostitución y tráfico de menores, la pornografía infantil continúa con la difusión de imágenes en folletos, revistas y, actualmente, en Internet y videograbaciones.

Meza Cabrera subrayó que reformar el artículo 201 Bis del Código Penal Federal ayudaría a sancionar enérgicamente a quienes utilicen sistemas de cómputo y, por lo consecuente, conformen un archivo electrónico de datos en pornografía infantil.

La iniciativa fue canalizada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con opinión de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.