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• Los 12 millones de trabajadores de la economía informal tienen dificultades para recibir crédito habitacional

Ante la falta de una política de Estado que resuelva el problema de dotación habitacional, los diputados integrantes del Partido del Trabajo presentaron iniciativa para reformar la Ley Federal de Vivienda, a fin de involucrar a grupos sociales y desarrolladores en la participación, evaluación, diagnóstico y diseño de programas en la materia.

“Nuestro país enfrenta un déficit de seis millones de viviendas, monto que se eleva si consideramos las casas que se encuentran en estado de envejecimiento y deterioro”, señala la iniciativa.

México, como muchas naciones de América Latina, enfrenta carencias importantes en cuanto a la construcción de hogares, producto de la falta de una estrategia gubernamental, de la creciente pobreza y el desempleo.

Estimaciones sobre el empleo en nuestro país indican que más de 12 millones de trabajadores se encuentran en la economía informal y, por tal motivo, carecen de prestaciones y seguridad social, como el crédito para la obtención de vivienda.

Aunado a ello, se precisa, los empleados de la economía informal encuentran escasas oportunidades para la adquisición de un crédito en instituciones como Sociedad Hipotecaria Federal, Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda o el Fondo Nacional de Habitaciones Populares, en comparación con los trabajadores formales, que cuentan con las garantías que el ISSSTE e INFONAVIT les brindan como derechohabientes.

Después del terremoto de 1985 se conformaron organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles y organizaciones sociales que demandaban soluciones de vivienda para sus familias.

De acuerdo a informes presentados por la Sociedad Hipotecaria Federal en 2005, en la Ciudad de México se reconoce la labor que estas organizaciones y asociaciones de vivienda realizan por su cuenta, en la planeación, balance, diseño, análisis, construcción y desarrollo de casas, por lo que han recomendado al Gobierno Federal considerarlas para estos temas.

La propuesta del grupo parlamentario del PT pretende reformar el artículo 22, en su párrafo primero; el artículo 24, en su párrafo segundo, fracción IV; y el artículo 25, en su párrafo segundo, para incorporar a estas organizaciones, junto con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), en la elaboración del catálogo de áreas aptas para el destino de programas de vivienda y darles un trato equitativo en la dotación de espacios.

“Debemos considerar sus conocimientos y la dedicación de sus labores en la evaluación, diagnóstico y diseño de los programas respectivos a nivel local, estatal y federal”, menciona.

Con la actual Ley Federal de Vivienda, le compete exclusivamente al Gobierno Federal, a través de la SEDESOL, elaborar junto con los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, los estudios y requerimientos de tierra urbana para la construcción, sin contar hasta el momento con la participación de organizaciones relacionadas con el tema.

De aprobarse la iniciativa e incluir a las organizaciones sociales en la búsqueda de soluciones para avanzar en la construcción de vivienda popular, se lograría aminorar el déficit, pues ese rezago obliga al Estado a promover la construcción de 750 mil viviendas anuales aproximadamente.

Se espera reducir, dicen los legisladores del PT, las probabilidades de invasiones, asentamientos irregulares y mala planeación en desarrollo urbano, pasando así a una mejor etapa, que es cubrir la demanda de la población con mayores necesidades.

“Es necesario abrir canales de participación a la sociedad organizada que busca, al igual que las instituciones del Estado, trabajar en la dotación de viviendas para muchos mexicanos”, concluye el texto.