• Hay un déficit nacional de cuatro millones de casas

La Cámara de Diputados aprobó por 368 votos a favor y nueve abstenciones, el proyecto de decreto que expide la Ley de Vivienda, la cual incorpora criterios para distribuir y atender de manera equilibrada las acciones de vivienda en todas las regiones del país, fomentar su calidad y que los subsidios se destinen exclusivamente a los hogares en situación de pobreza.

El documento que abroga la Ley Federal de Vivienda, publicada el 7 de febrero de 1984, plantea la creación una comisión intersecretarial, donde las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal acuerden políticas públicas uniformes y coherentes. Será presidida por el titular del Ejecutivo Federal o por quien éste designe.

Dicha comisión tendrá la función de acordar inversiones y mecanismos de financiamiento y coordinación para ampliar la oferta habitacional; facilitar el crédito a toda la población; consolidar la producción social de vivienda y lograr mayor transparencia y equidad en la asignación de los apoyos, estímulos y subsidios federales para la adquisición, construcción y mejoramiento de viviendas, particularmente los dirigidos a la población en situación de pobreza.

Asimismo, se replantea la estructura del Consejo Nacional de Vivienda, cuya integración será determinada por el Ejecutivo Federal, atendiendo principios de pluralidad y equidad.

La ley establece la creación de un organismo público descentralizado, no sectorizado, que integre y consolide bajo un eje rector las atribuciones y políticas del Gobierno Federal, denominado Comisión Nacional de Vivienda.

Se detallan los elementos que permitan una efectiva participación y corresponsabilidad de los tres niveles de gobierno en la solución de los problemas habitacionales; se establecen lineamientos para que el desarrollo de las acciones de vivienda se sujeten a criterios de sustentabilidad, seguridad física, salubridad, higiene, calidad, diseño y tecnología de la construcción, a fin de ofrecer calidad de vida a sus habitantes.

Uno de los aspectos que se consideran más trascendentes es el reconocimiento de los procesos de producción social de vivienda, entendida como aquella que se realiza bajo el control de autoproductores, autoconstructores y otros agentes sociales que operan sin fines de lucro y que se orientan prioritariamente a atender las necesidades habitacionales de la población de bajos ingresos.

Para apoyar esos procesos, se establece que las políticas y programas dirigidos al estímulo y apoyo a la producción social deberá contemplar todo el proceso de producción habitacional, incluyendo los distintos tipos, modalidades y necesidades de vivienda.

El documento destaca que otro tema crucial para el desarrollo nacional y la justicia social es el relacionado con el apoyo a las comunidades rurales e indígenas. En este sentido, el proyecto de ley dispone que las políticas y programas habitacionales reconozcan sus características culturales y respeten sus formas de asentamiento territorial.

Al fundamentar el dictamen, el Diputado Roberto Pedraza Martínez, presidente de la Comisión de Vivienda, pidió al pleno de la Cámara considerar esta ley como algo importante para el país ya que el desarrollo económico y humano no puede divorciarse de la política de vivienda.

Subrayó que ésta es una decisión fundamental para el pueblo de México ya que mejora el mercado de vivienda nacional, además de ofrecer nuevas oportunidades para quienes no tienen la posibilidad de acceder a una y que viven en situación de extrema pobreza.

Añadió que la vivienda es un motor de desarrollo económico que impacta a más de 37 ramas de la producción económica, constituyendo un factor prioritario para el desarrollo nacional.

A favor del dictamen, la diputada Clara Marina Brugada Molina, dijo que el proyecto es un avance y por eso su bancada votaría a favor, pero consideró que quedaron pendientes temas importantes, como el financiamiento de la política de vivienda, donde no se establecen criterios ni mecanismos que garanticen la inclusión de partidas presupuestales para abatir el déficit habitacional e incluir las política de financiamiento a los sectores de menores ingresos, que hoy se encuentran excluidos de la estrategia crediticia impulsada por el gobierno.

Sin embargo, señaló que a pesar de las insuficiencias, en el trabajo de la Comisión existen avances conforme a la ley vigente y a la Minuta enviada por el Senado, ya que se incorporó la producción social de vivienda, se replanteó la estructura del Consejo Nacional de Vivienda a fin de superar la actual sobrerepresentación empresarial; se incluyó el apoyo a la vivienda rural e indígena; se definieron criterios para la puesta en operación de programas emergentes en la materia ante desastres.

En tanto, el diputado Francisco Isaías Lemus Muñoz Ledo (PAN) se pronunció a favor, y dijo que la vivienda es un indicador básico del bienestar de la población, cuya construcción impulsa el motor de desarrollo que impacta a más de 37 ramas de la producción, para ser un importante generador de empleo y consumir casi en su totalidad insumos nacionales.

Refirió que en el país hay un grave rezago habitacional que actualmente se ubica en más de 4 millones de vivienda, por lo que es necesario consolidar la política y los programas de gobierno.

El pleno aprobó una fe de erratas al dictamen que fue leída por la diputada Margarita Chávez Murguía (PAN), a fin de eliminar la palabra subsidio del último párrafo del artículo siete. Además se adicionó un segundo párrafo al artículo 56: las dependencias y entidades que otorguen créditos para la vivienda con recursos fiscales deberán proporcionar la información de los beneficiarios a la comisión, quien la remitirá a la Secretaría de Desarrollo Social para su integración en el Padrón Único de Beneficiarios previsto en la Ley General de Desarrollo Social.

También la fe de erratas incorpora al Fondo Nacional de Habitaciones Populares, que no aparecía en el artículo 58; y en el artículo 98 la palabra Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Una vez aprobado el dictamen, se devolvió al Senado de la República para los efectos constitucionales