La Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, en reunión de pleno, aprobó en lo general el Dictamen con Proyecto de Decreto que emiten las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos, de Gobernación y Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, respecto a diversas iniciativas que reforman, derogan y adicionan la Ley General de Población y Otros Ordenamientos, y en lo particular, los artículos 85, 98 y 103, con excepción del 6°, que se dejó para su posterior discusión al instalarse en sesión permanente de la comisión.

De los artículos impugnados, se acordó aprobarlos en los términos que se encuentran en el dictamen, y que se refieren a la incorporación de la Clave Única de Registro de Población (CURP) en la credencial de elector y se señalan algunas de las obligaciones que habrán de realizar los ciudadanos como la Secretaría de Gobernación para llevar a cabo ese trámite.

Las reformas a la Ley General de Población tiene el propósito de incidir en la erradicación del tráfico de personas. En éste, se especifica que nuestro país reúne características de origen, tránsito y destino propias del fenómeno migratorio, lo que ha permitido que existan personas que incurren en conductas delictivas como el tráfico de seres humanos y violaciones a los derechos humanos de los migrantes.

Las adiciones a esta Ley pretenden subsanar aspectos que en la Ley General de Población vigente son insuficientemente cubiertos y que constituyen desafíos poblacionales para el presente siglo, como la inequidad social y de género que da pauta a profundas disparidades en el ejercicio de derechos humanos.

El proyecto considera que la migración ha modificado el entorno socioeconómico de grandes regiones del país y constituye un aspecto determinante del volumen y composición por edades de la población nacional, estatal y municipal, lo que provoca tensiones sociales en los lugares de recepción de migrantes.

De igual manera, las propuestas de reforma constituyen directrices para una nueva política de población y migratoria y considera instrumentar las bases para la atención de los derechos de los mexicanos en el extranjero.

Asimismo, reconoce que la distribución territorial es factor clave para implementar políticas públicas encaminadas a mejorar el bienestar y calidad de vida de la población, enfocada en aspectos nodales para el desarrollo: educación, empleo, salud, seguridad social y superación de la pobreza.

Para garantizar el desarrollo integral y evitar el rezago social y económico, se pretende que los esfuerzos de los tres niveles de gobierno converjan en acciones de manera coordinada y con equidad federativa y municipal, precisa el dictamen.

Los legisladores integrantes de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios coincidieron en que la Ley General de Población sintetiza un esfuerzo normativo para una visión de mediano y largo plazo cuya columna vertebral es el crecimiento.

De no ser así, advierten, el crecimiento desmedido impactará negativamente en el desarrollo nacional para la prestación y demanda de servicios públicos, así como en la generación de empleos necesarios que permitan resolver las necesidades básicas.