En el marco del IV Foro Mundial del Agua que hoy inicia en la ciudad de México, diputados se pronunciaron por elevar a rango constitucional el derecho al agua, destinar mayores recursos para infraestructura hidráulica, revisar las concesiones otorgadas a empresas, modificar programas educativos para incorporar el estudio, protección y cultura del agua y que el estado invierta por lo menos el 1 por ciento del PIB para ciencia y tecnología.

Al fijar la postura de su partido, el diputado priísta Marco Antonio Torres Hernández propuso elevar a rango constitucional el derecho del agua como garantía inalienable, que los países ricos apoyen el abasto de la misma a las comunidades marginadas de las naciones pobres y acepten el canje de deuda externa por ese recurso natural.

Además, agregó, se requiere que el próximo gobierno sea congruente en su discurso y le dé la importancia requerida al agua, replantear la política en la materia, crear una dependencia especializada, definir un techo presupuestario no menor a 30 mil millones de pesos anuales para infraestructura e incentivar a empresas para que regresen al ambiente agua limpia y se estimule su reutilización.

Indicó que México es anfitrión para discutir un tema importante, pero también “estaremos en el aparador porque lo que se diga y haga tendrá impacto mundial”.

Preocupa, dijo, que los mexicanos no hayamos avanzado para atender la demanda de las más de 30 mil comunidades que carecen de agua y en el discurso se diga que es asunto de seguridad nacional, cuando no se destinan recursos suficientes.

Por su parte, el legislador panista Alfredo Rodríguez y Pacheco, reconoció que parte de los problemas en el sector se deben a la mala distribución de mantos acuíferos, la dificultad para rehabilitar la infraestructura hidráulica, el uso ineficiente del agua y los subsidios que el Estado asume por el pago de suministro, así como el esquema de tarifas complejo y heterogéneo que se emplea en los estados.

Explicó que México ha modernizado su marco legal en la materia, propuesto nuevos esquemas de coparticipación para el derecho de consumo, mayor cobertura y mecanismos innovadores para un mejor aprovechamiento del recurso, autonomía a la Comisión Nacional del Agua y acciones de supervisión y sanción a infractores por daño ambiental.

No obstante, afirmó que los avances son mínimos, por lo que se debe potencializar la participación del sector privado, por ejemplo, dijo, en obras de reconexión, además de incluir incentivos para premiar la asignación eficiente de recursos.

La diputada Clara Marina Brugada Molina (PRD), pidió elevar a rango constitucional el derecho al agua, que las comisiones de Recursos Hidráulicos y de Puntos constitucionales dictaminen las iniciativas pendientes en la materia y que la Secretaría de Relaciones Exteriores revise el tratado de límite de agua con Estados Unidos.

Consideró que el modelo neoliberal impuesto al país en materia de agua sugiere que empresas transnacionales brinden el servicio, presionando al gobierno mexicano para mayores concesiones en el manejo y distribución de ese recurso.

Además, precisó, organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial están interesados en la eliminación gradual de subsidios y la entrada a México de capital privado, bajo el argumento de que los gobiernos no tienen la capacidad para garantizar el abastecimiento del recurso.

Brugada Molina destacó que en el actual gobierno se ha triplicado el número de concesiones otorgadas a empresas embotelladoras de agua subsidiarias de Femsa, Coca Cola y Nestlé, convirtiendo a México en el segundo país consumidor de botellas de agua después de Italia.

La presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Jacqueline Argüelles Guzmán (PVEM), aseguró por su parte que la crisis del agua está en marcha, pues dos tercios de las ciudades de China enfrentan graves carencias de agua, Nueva Delhi agota sus reservas subterráneas para el 2015 y en África el espejo del lago Chat se redujo de 18 mil kilómetros cuadrados a 3 mil 900.

Explicó que nuestro país cuenta con una capacidad limitada de agua, toda vez que en los últimos 50 años se redujo a menos de la mitad y en el año 2020 la disponibilidad será crítica para la mayoría de los centros urbanos.

Afirmó que sólo el 5 por ciento de aguas superficiales son aptas para el consumo humano, el 22 por ciento es aceptable, 49 por ciento es poco contaminada y el resto presentan niveles altos de degradación que es difícil de tratar.

El agua no se cobra ni se mide su consumo real, por ello, pidió revisar los patrones culturales y jurídicos para cuidar el agua, hacer un análisis integral de la Ley de Aguas Nacionales, implementar mecanismos fiscales para la adopción de sistemas de riego por goteo, mayores recursos para la creación de infraestructura y estímulos fiscales que reduzcan el uso de fertilizantes.

En tanto, el diputado Francisco Amadeo Espinosa (PT), dijo que la realización del Foro Mundial del Agua se realiza en un entorno donde las reservas cada vez son menores, pues de los 1.4 miles de millones de metros cúbicos de agua en el mundo, 37 millones son reservas de agua dulce.

Advirtió que el control por la reserva de agua pone en riesgo la estabilidad mundial y puede provocar conflictos sociales, étnicos y bélicos, así como acciones autoritarias por parte de los países más desarrollados.

Comentó que en México existe la intención de privatizar los servicios de agua potable y alcantarillado, y en algunos estados hay empresas concesionarias que han incrementado sus tarifas.

El legislador explicó que el actual gobierno ha otorgado un número importante de concesiones a embotelladoras de agua y refresqueras, entregando un bien que es propiedad de la nación a particulares. Por ello, consideró necesaria una reforma legislativa para mantener la propiedad de la nación sobre el recurso y garantizar su sustentabilidad y acceso equitativo.

Por último, el diputado Juan Fernando Perdomo Bueno (Convergencia), se pronunció por modificar los programas educativos para el estudio, protección y cultura de la protección del agua, que el Estado destine por lo menos el 1 por ciento del Producto Interno Bruto para ciencia y tecnología con un rubro especial para el líquido y se revisen las concesiones.

Estimó que las modificaciones al artículo 27 constitucional abrieron las puertas a la privatización y se acentuaron con la firma del Tratado de Libre Comercio, a tal grado que hoy se depende de las empresas transnacionales.