• Estamos en el escaparate mundial como un país donde este tema no es prioritario: diputado Ulises Adame de León

Durante el segundo día de actividades del Encuentro Mundial de Legisladores del Agua, el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, Fernando Ulises Adame de León y expertos en el tema, coincidieron en la necesidad de crear una Secretaría del Agua, en sustitución de la Comisión Nacional del Agua, ya que, consideraron, el actual organismo no ha cumplido con sus funciones de garantizar la conservación del vital líquido.

El diputado Adame de León (PRI) indicó que México es un país que tiene serios problemas de contaminación en prácticamente todos sus cuerpos de agua, al igual que los acuíferos y eso fue permitido por la actual Ley de Aguas Nacionales.

Subrayó que para los mexicanos fue un duro golpe saber que la ONU reconoce que tenemos un problema de tratamiento de aguas. “Para nosotros es fundamental que ese ventaneo nos ayude a resolver el problema, por eso es importante que la comunidad internacional, los legisladores del tema del agua en el mundo conformemos una propuesta para mejorar, al menos parcialmente, lo que cada país afronta”.

Expuso que las modificaciones a la normatividad originaron una sobre concentración de concesiones, lo que dio pauta a la desatención y contaminación de los mantos. Agregó que aunque este problema es grave tiene solución, pero para ello se requieren mayores recursos económicos.

El legislador dijo que es posible mayor inversión porque hay recursos en este país. Abundó que se debe revisar a fondo la problemática que representa el desabasto de agua que afecta a por lo menos 12 millones de mexicanos, particularmente comunidades indígenas y zonas marginadas.

Afirmó que este hecho es una vergüenza para el país y sobre todo que las autoridades no tengan la capacidad, ni la voluntad de resolverlo. Agregó que la Cámara de Diputados destinó, para este año, cinco mil millones de pesos, mismos que aún son insuficientes frente a esta problemática, no obstante, se prefiere destinar más recursos al pago de intereses de la banca, comentó

Destacó en este sentido, que las reglas de este país condenan a las zonas marginadas a morir por la falta del vital líquido. “El tema del agua se ubicó, tanto para el Ejecutivo como para el Legislativo, en un plano del séptimo u octavo lugar de prioridad, lo más grave es que únicamente se ha abordado en el discurso pero no en la práctica”.

En su opinión, este Foro Mundial colocó a México en el escaparate y lo exhibió como país donde el agua no es prioridad. Expuso que la tarea del próximo gobierno es retomar el tema, destinar más recursos y ser más puntuales en materia jurídica. “No podemos dejar que siga creciendo el fenómeno de la contaminación, no hay quien lo resuelva, tiene que haber una modificación a la ley para que los que ensucian sean los mismos que limpien”.

Indicó que es por esta razón por la que se propone la creación de una Secretaría del Agua, que tenga facultades, presupuesto propio y la estructura que le permita la funcionalidad que se requiere.

Expresó que la actual Ley de Aguas Nacionales debe ser revisada y readecuada a las necesidades reales del país porque establece multas excesivas. “Se nos olvidó que había gente que no podía pagar, pero al otro extremo hay un grupo de “malandrines” que descompone los medidores para obtener más agua de la que tienen derecho, y se amparan en que la ley tiene principios generales”.

En su turno, la senadora Gloria Lavara Mejía (PVEM) aceptó que la Ley de Aguas Nacionales requiere una modernización y readecuación, a fin de que sea operativa y especifique claramente las funciones de los organismos y de los usuarios.

Dijo que las reformas integrales aplicadas en el presente sexenio buscaron la incorporación de nuevas figuras jurídicas, la privatización en materia de infraestructura y la nueva prelación en los usos del agua.

“Más aún, con estas reformas se buscó dar autonomía de gestión al sector, aunque desafortunadamente fue imposible cambiar la naturaleza jurídica de la Comisión Nacional del Agua, con lo que dichas reformas se vieron limitadas en cuanto a la efectividad de su aplicación”.

Más adelante, la senadora Noemí Guzmán Lagunas (PRI), señaló que es necesario ajustar la legislación de Aguas Nacionales para mejorarla y beneficiar a todos los ciudadanos. De ahí que más que cuestionarla, es necesario aportar propuestas, pues el hecho de que no tenga reglamento no tiene nada que ver en si es buena o mala, pues no es la única en situación de que el Ejecutivo no lo haya expedido.

Al respecto, Eduardo Biesca de la Garza, consultor internacional del Fondo de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO), indicó que la actual legislación aprobada por el Senado de la República como Cámara de origen presenta un problema de inconstitucionalidad y de técnica legislativa.

Incluso, señaló, la Suprema Corte de Justicia ha dicho, en un criterio sólido, que en las leyes se debe de establecer el qué y para quién, en tanto que en los reglamentos el cómo, cuándo y dónde, desafortunadamente, añadió, esta ley pretende abarcar todo y el resultado es una legislación con una evidente falta de técnica legislativa.

Abundó que de acuerdo con los conocedores de la ley, con ello se ha consumado el más grave retroceso en la historia jurídica en materia de agua del país. “se ha trastocado el orden jurídico y puesto en riesgo la gobernabilidad y, lo más grave, la administración de las aguas se ha alterado”.

“El Plan Nacional Hidráulico fue generado en este sexenio y estuvo inmerso en el Plan Nacional de Desarrollo y al amparo de la Ley de Planeación, pero al momento de crear una nueva ley y no establecer en los artículos transitorios por técnica legislativa, automáticamente nos quedamos sin plan y sin programa en materia hidráulica. La consecuencia es esa, no tenemos hoy en nuestro país un programa en materia del agua apegado a las normas jurídicas”.

Comentó que otros problemas de esa ley es que reduce los plazos de las concesiones de 50 años a 30; se utilizan de forma indistinta y de manera equivocada términos como: utilidad pública e interés público; se reduce la caducidad de tres a dos años.

Expuso que no se puede establecer una cultura del agua a través de sanciones como lo establece la actual legislación, sobre todo cuando los más afectados son precisamente los grupos indígenas y comunidades marginadas, donde las multas son excesivas y en muchas ocasiones superan, incluso, el costo de sus propiedades.

Asimismo, Biesca de la Garza propuso modificar aspectos de la ley para que las tarifas sean lo más bajo posible para quienes menos tienen y que tengan acceso al servicio a un menor costo que el precio de las pipas. En este sentido planteó mayores recursos del erario público, pero también de la inversión privada, sin que ello signifique la privatización del vital líquido.