Con el objeto de que el Presidente de la República elegido para el periodo 2000-2006, deje su cargo el 8 de septiembre del año 2006, al momento en que asuma el Poder Ejecutivo de la Unión, quien haya resultado elegido para el periodo 2006-2012, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Pablo Gómez Álvarez (PRD) presentó iniciativa por la que se reforma el artículo 83 de la Constitución Política, a efecto de reducir el lapso de la declaratoria de Presidente y la toma de posesión.

El legislador perredista, al presentar su propuesta destacó que en el artículo 186 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por mandato de la Carta Magna confiere al Tribunal Electoral la capacidad de resolver de forma inacatable las impugnaciones sobre la elección del Presidente de la República, así como formular la declaración de validez de dicha elección y la declaración del Presidente electo a más tardar el 6 de septiembre del año de la elección.

Enfatizó que se trata de una vieja costumbre mexicana que probablemente tuvo alguna justificación cuando el país estaba mal comunicado y los procedimientos electorales eran complicados. Agregó: “No existe la más mínima explicación aceptable para tan largo lapso entre la elección y la rendición de protesta del nuevo presidente, más allá del 6 de septiembre, nada justifica la demora en el cambio de gobierno”.

Gómez Álvarez subrayó que el siete de septiembre en el que la Cámara de Diputados debe recibir la notificación y mandar a publicar, sin más trámite el bando solemne, el nuevo Presidente de la República debería asumir sus funciones.

Afirmó que “la República resultaría beneficiaria con un cambio de fecha para la rendición de protesta, pues tres meses de innecesaria espera no puede dejar nada bueno para el gobierno saliente, ya que debería estar preparado para abandonar sus funciones y entregar el poder toda vez que en México no existe la reelección presidencial”.

El también Presidente de la Junta de Coordinación Política apuntó: “La larga espera sólo sirve para dar rienda suelta a las especulaciones políticas y preparar toda clase de presiones dirigidas al nuevo gobierno, el proyecto de reforma que se propone, pues ningún pueblo está sujeto a un plazo tan grande para lograr que el voto mayoritario se convierta en realidad de poder”.

La propuesta canalizada a la Comisión de Puntos Constitucionales, resalta que el Tribunal tiene que concluir el proceso el 6 de septiembre, dos meses después de la elección, lo que permite el análisis de las impugnaciones.

Además de que el Presidente saliente debera informar al Congreso por última vez, el primero de septiembre, mientras que la presentación de los proyectos de Presupuesto de Egresos y de Ley de Ingresos fijados por la Constitución, el 8 de septiembre de cada año, podría hacerse el día en el que el nuevo titular del Ejecutivo tome posesión de su cargo.

Organismos Genéticamente Modificados
Durante la sesión, el diputado Fernando Espino Arévalo (PVEM) presentó la iniciativa por la que se modifica el artículo 101 y adiciona un artículo 120 Bis a la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, para que los OGM que se comercialicen en México para el consumo humano y animal, en su etiqueta contengan la información necesaria y suficiente en forma tal que no se preste a ninguna confusión para que de manera directa el consumidor pueda enterarse y ejercer su derecho de elección.

Del mismo modo, la propuesta enviada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Agricultura y Ganadería, y de Ciencia y Tecnología, menciona que con independencia de lo estipulado en los artículos 120 y 121 de la ley, se impondrá una multa de 20 mil a 40 mil días de salario mínimo vigente en la zona económica de que se trate, a quien incumpla lo dispuesto en el artículo 101 de este estatuto.

Infraestructura educativa
Con el fin de realizar la expedita y oportuna asignación de los recursos para mejorar las condiciones educativas en las que están miles de niñas y niños, el legislador Baruch Alberto Barrera Zurita (PAN) propuso una iniciativa por la que se reforman los artículos 27 y 70 de la Ley General de Educación, para que se decidan las prioridades de financiamiento e inversión en infraestructura educativa municipal y se aprovechen las fuentes de recursos existentes de forma ágil.

También, se pretende recoger las demandas de la ciudadanía y establecer las prioridades de financiamiento e inversión en infraestructura educativa y municipal. Se mandó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Desarrollo sustentable de las comunidades indígenas
A las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Gobernación, se turnó la propuesta de la diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán (PVEM) por la que se modifica el artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, con el propósito de establecer las bases que permitan implementar una política integral de protección al ambiente, respetando el ejercicio de la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas con el fin de posibilitar el desarrollo integral y sustentable de sus comunidades.

La legisladora considera que es necesario promover programas que implementen esquemas de producción agrícola los cuales permitan un desarrollo rural sustentable, tomando en cuenta no sólo indicadores de rentabilidad social, sino de sustentabilidad ambiental.

Ley General del Equilibrio y la Protección al Ambiente

El diputado Ángel Pasta Muñuzuri (PAN) expuso una iniciativa que reforma el artículo 15 de la Ley General del Equilibrio y la Protección al Ambiente, con el propósito de adoptar una ética de conservación, respeto y resguardo a la naturaleza

Además de integrar a los niños y jóvenes en la conducción de la política ambiental del país, utilizando como medio para su incorporación la educación. Se envió a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Evitar controversias constitucionales

Asimismo, el legislador Cuauhtémoc Ochoa Fernández (PVEM) propuso una iniciativa que reforma el artículo 4 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el ramo del Petróleo, a fin de evitar mayores controversias constitucionales, por lo que se específica que “sólo organismos y empresas públicas” llevarán a cabo la explotación del petróleo.

Recordó que el artículo 27 de la Constitución señala que tratándose del Petróleo y de los carburos de hidrógenos sólidos y líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones, contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la nación llevará a cabo la explotación de esos productos. Fue remitida a la Comisión de Energía.

Ley Federal de Protección de Datos Personales
Con el fin de proteger los datos personales, así como regular el tratamiento que de los mismos se realicen, la legisladora Sheyla Fabiola Aragón Cortés (PAN) presentó la iniciativa por la que se crea la Ley Federal de Protección de Datos Personales, a efecto de que se señale la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

La propuesta remitida a la Comisión de Gobernación destaca que las disposiciones de la ley son de orden público, de interés social y de observancia general en todo el territorio nacional. Además especifica que su aplicación administrativa corresponde al Ejecutivo federal por conducto del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública.

Departamentos administrativos
Fue turnada a la Comisión de la Función Pública la iniciativa del diputado Jorge Kahwagi Macari (PVEM) que reforma la fracción II del artículo 1 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a fin de eliminar el término “departamentos administrativos”, ya que en la práctica ha caído en desuso, como lo son las secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

El documento señala que este término provoca incertidumbre jurídica ya que podría ser utilizada para fines personales del Ejecutivo y no para la satisfacción de los intereses colectivos que por medio de la función administrativa realiza fundamentalmente el Estado.

Educación a distancia

En uso de la tribuna, la diputada Consuelo Camarena Gómez (PAN) planteó la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, a fin de regular la educación a distancia, la cuál comienza a competir con los planes y programas de estudio convencionales que requieren la presencia física del educando.

De igual forma, se pretende dar una referencia sólida en la legislación de materia educativa, específicamente superior respecto de la condición de universidades extranjeras que se instalarán en el país, bajo el amparo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Se mandó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

Se envió a la Comisión de la Función Pública la iniciativa de la diputada María Angélica Díaz del Campo (PRD) en la que se pretende reformar el artículo 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para que en los procedimientos de licitación se trabaje en un nuevo contexto de exigencia más riguroso y siempre a la vista de las dependencias involucradas en el mismo y pongan en marcha un conjunto de dispositivos que encaucen y mejoren el trabajo en el interior del estado.

Díaz del Campo explicó que en los procesos de licitación debe existir la responsabilidad compartida, tanto del funcionario que interviene durante el procedimiento como de la empresa o particular que participa en el mismo.

Instituciones de la administración pública

Con la finalidad de eliminar las contradicciones normativas de los ordenamientos jurídicos que rigen la vida de las instituciones de la administración pública, la diputada María Angélica Díaz del Campo (PRD) presentó una iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas.

La iniciativa tiene la finalidad de que las facultades atribuidas a las Secretarías de Comercio y Fomento Industrial y de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, ambas inexistentes, sean otorgadas a las secretarías de Economía y de la Función Pública, por la Ley Orgánica de la Administración Pública.