Con el objeto de coadyuvar al desarrollo agropecuario y forestal del país, la Cámara de Diputados aprobó con 282 votos en pro, 71 en contra y cinco abstenciones el dictamen que expide la Ley de Gas Natural de Proceso, Amoniaco y Fertilizantes Nitrogenados, la cual establece acciones de impulso a la productividad y competitividad como medidas de apoyo tendientes al acceso a fertilizantes químicos como insumos básicos.

Se reconoce que es de interés colectivo la reactivación de la producción de amoniaco y fertilizantes nitrogenados para incrementar rendimientos, productividad, rentabilidad y competitividad agrícola, pecuaria y forestal del país; revertir la dependencia en la importación de estos productos y la consecuente fuga de divisas por ese concepto, así como rescatar las fuentes de trabajo y la capacidad instalada para su producción.

La nueva ley señala que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con la de Energía, de Economía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación establecerá los precios de estímulo de estos productos tomando en cuenta las condiciones económicas y sociales prevalecientes en el ámbito nacional e internacional.

En tanto que la Secretaría de Economía, en coordinación con esas mismas dependencias, fijará los precios máximos de venta del amoniaco de aplicación directa y fertilizantes nitrogenados.

Además, se indica que es indispensable reducir costos de producción para hacer viable la función productiva en el campo, de manera que se dé respuesta integral a su problemática, ya que actualmente se aplica el mismo precio al gas natural en su aplicación general como combustible y el de proceso, lo cual ha hecho incosteable la producción de amoniaco.

La Ley consta de 13 artículos distribuidos en cuatro capítulos: Primero, Del objeto y la Aplicación de la Ley; Segundo, Del Programa; Tercero, De los Requisitos y Obligaciones de los Beneficiarios y, Cuarto, De las Infracciones y Sanciones.

Al manifestar el voto de la fracción parlamentaria del PRD en contra del dictamen, la diputada Rosa María Avilés Nájera señaló que se quiere disimular un subsidio al productor del fertilizante que es en realidad quien sale beneficiado, no el consumidor final; “no va a bajar el precio del fertilizante; siempre estará en función del precio internacional”.

Añadió que además de su indefinición temporal estos subsidios propiciarían un incremento en las importaciones de gas natural y, por ende, del precio.

“El dictamen refleja un planteamiento parcial para impulsar un desarrollo sustentable de la actividad agropecuaria o incluso de la mera industria de fertilizantes, porque no se inscribe en una política integral para el desarrollo rural, ni en una política energética de la misma naturaleza”, aseveró.

Externó que el monto y traslado del subsidio a los productores rurales dependerá de la capacidad de cabildeo que tengan éstos ante el Ejecutivo Federal para el establecimiento de los precios de estímulo. “Se abre la puerta para beneficiar solamente o en mayor medida a los eslabones de la cadena productiva vinculados a la producción y distribución privadas. Tenderá a incentivar el desvío del gas para intereses distintos a los previstos de la ley”.

Para pronunciarse a favor, el diputado Javier Castelo Parada (PAN) subrayó que el dictamen busca que se venda gas natural a los industriales como materia prima para la producción de fertilizantes a precio subsidiado, con el fin de que el productor compre fertilizantes a costos iguales que los internacionales.

Está previsto que el beneficio por el subsidio lo reciban los campesinos, no los intermediarios, apuntó.

Añadió que se generará empleo al aumentar la capacidad de producción de las industrias; el fisco recaudará más por los impuestos que paguen éstas, pero la principal motivación es que los campesinos compren los fertilizantes a precios menores y al aplicarlos en cantidades adecuadas incrementen su producción y se reduzcan las importaciones.

En tanto, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar (PRD) se manifestó en contra, por considerar que no beneficia a los agricultores medianos y pequeños. Dijo que esta ley tiene un costo fiscal e implica un recorte presupuestario.

Añadió que hay el peligro de que se esté elevando a rango de ley un subsidio a empresas privadas; es decir, establecer la obligatoriedad en el decreto de presupuesto por un tiempo indefinido para que empresas privadas productoras de fertilizantes tengan la posibilidad de contar con estímulos y con un precio de gas natural mucho más barato que el resto de las industrias del país.

“Corremos el peligro de dejar todavía mucho más en la indefención a los pequeños y medianos productores y de que miles de millones de pesos que sacrifican a PEMEX y a las finanzas del país vayan a beneficiar solamente a grupos privados”

En su turno, el diputado Cruz López Aguilar (PRI), al hablar en pro señaló que esta ley traslada de manera íntegra el apoyo que se está estableciendo a los productores mexicanos; los sujetos beneficiarios son los ejidos, comunidades y las organizaciones o asociaciones de carácter nacional, estatal, regional, distrital, municipal o comunitario de productores del medio rural.

Indicó que no se está afectando a PEMEX y que el propio artículo cuarto de la ley lo señala.

Por su parte, el diputado Edmundo Valencia Monterrubio (PAN) externó que los factores de inversión con mayor efecto en el incremento de la productividad del campo, son las semillas mejoradas y los fertilizantes; el uso universal de ambos productos en México representaría un incremento de nueve millones de toneladas solamente en la producción de maíz, también puede haber ingresos equivalentes a 13 mil 500 millones de pesos aproximadamente.

Valencia Monterrubio refirió que esta ley dará respuesta a la urgente necesidad de dotar al sector agropecuario de los fertilizantes que requiere esta actividad y con ello la posibilidad de tener un mayor incremento en los rendimientos agrícolas, por lo que se pronunció a favor.

En pro, el diputado Julián Nazar Morales (PRI) dijo que este proyecto de ley ha sido la demanda sentida de millones de mexicanos que están sumidos en la más desesperante de la pobreza. Se busca que el productor nacional compita en igualdad de condiciones con los demás países que tienen subsidio, apuntó.

Aprobado en lo general y en lo particular, el dictamen se envió al Senado de la República, para los efectos constitucionales.